El empeño de Rajoy por impedir la investidura de Puigdemont lleva al Constitucional al límite

El empeño de Mariano Rajoy para impedir preventivamente la investidura de Puigdemont está a punto de generar un choque entre dos de las principales instituciones españolas. La decisión del Consejo de Estado de no apoyar la impugnación que este viernes aprobará el Consejo de Ministros puede suponer el primer paso para el próximo fracaso del PP en el conflicto catalán.

El Constitucional tiene que gestionar ahora el deseo de Moncloa y asumir la complicada decisión de permitir o no que el independentismo llegue a esa investidura con opciones de que Puigdemont sea votado. Pese a que Moncloa da por hecho que su recurso será admitido a trámite, fuentes del tribunal aseguran que no está tan claro.  

“Tenemos que examinar si cumple los trámites. No tenemos que entrar en el fondo, pero uno de los trámites a observar es que no sea una impugnación prematura y si se formula frente a una resolución que no es recurrible”, aseguran fuentes del TC.

El Constitucional estudiará si Rajoy tiene atribuciones para impugnar un trámite parlamentario como la convocatoria de una investidura y el nombramiento de un candidato. “Desde el punto de vista internacional, hay pocos supuestos en los que los tribunales constitucionales entren a juzgar las decisiones de trámite que adoptan los parlamentos”, aseguran las mismas fuentes.

No es la primera vez que la gestión del procès por parte del Gobierno ha situado al TC en un lugar de incomodidad. Acostumbrados al debate lento y a eternizar la emisión de sentencias, los miembros del tribunal lleva meses trabajando al ritmo de un juzgado de guardia. Durante el pasado verano, los magistrados llegaron a recibir la orden del presidente del Tribunal de no viajar lejos de Madrid por si eran requeridos de urgencia para tramitar recursos relacionados con la convocatoria del 1-O. 

Precedente en País Vasco

Hay precedentes en los que el TC le ha negado al Gobierno la competencia para tumbar ese tipo de decisiones. El 20 de abril de 2004, el TC falló contra la intención del Gobierno de impugnar la admisión a trámite del llamado 'Plan Ibarretxe', adoptada por la Mesa del Parlamento Vasco. En aquel auto, el TC limitó claramente la capacidad del Ejecutivo para impugnar acuerdos de trámite adoptados en los parlamentos. 

Ahora la decisión pendiente versa sobre una materia similar y tendrá que discernir si el escrito presentado por el Gobierno cumple los requisitos para tener luz verde. El Consejo de Estado ya ha dicho que se trata de una impugnación prematura, lo que podría decantar la decisión final; si no hay admisión a trámite, no habrá suspensión preventiva y la investidura seguirá la hoja de ruta marcada por el presidente del Parlament, Roger Torrent. 

El Informe del Consejo de Estado, incidiendo en el carácter prematuro del recurso, ha marcado el camino de duda en el que parecen instalados algunos magistrados del Constitucional. La respuesta del Consejo de Estado, afirmando que no existen motivos para impugnar la investidura, ha caído como un jarro de agua fría en Moncloa. La situación generada este jueves es inédita: que el Consejo de Estado no apoye una propuesta del Gobierno y que, pese a ello, el Ejecutivo insista en su recurso. Pese al revés cosechado en el órgano consultivo, Moncloa quiere seguir adelante. 

Sorpresa y prisas

Con su maniobra jurídica, el Gobierno da contenido el anuncio que Mariano Rajoy realizaba este miércoles en Onda Cero: “Haré todo lo posible para evitar que Puigdemont sea investido”. En esa carrera por impulsar en los tribunales los deseos expresados en las entrevistas, el Gobierno ha cogido a todos por sorpresa. 

Moncloa convocó este jueves una rueda de prensa urgente en la que Soraya Saénz de Santamaría anunció la decisión. Mientras la número dos del Gobierno comunicaba su planes, el pleno del Constitucional se encontraba reunido. Los magistrados se enteraron sobre la marcha. Lo mismo pasó en el Consejo de Estado, en donde los miembros del organismo asistían a la toma de posesión, como consejero, del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar. Era la una del mediodía y la petición de dictámenes acababa de llegar sin que nadie hubiera sido advertido previamente.