El PP presiona y pedirá en parlamentos y municipios retirar la reforma judicial

Madrid, 31 oct (EFE).- El PP busca presionar al Gobierno de Pedro Sánchez y pedirá la retirada de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mociones en todas las instituciones donde tiene representación, para que se cumpla la primera de sus exigencias para renovar este órgano.

Los 'populares' buscan que los partidos queden “retratados” votando en los parlamentos regionales, ayuntamientos y diputaciones, según indican a Efe fuentes de la dirección del PP.

Pretenden sobre todo el posicionamiento de barones territoriales del PSOE críticos con la reforma del poder judicial, que busca rebajar de reforzada a absoluta la mayoría necesaria para nombrar vocales del CGPJ.

Esta iniciativa, comandada por el vicesecretario de Territorial, Antonio González Terol, pretende además colocar a los partidos del lado o en contra de jueces y fiscales, ante una propuesta de reforma criticada por la mayoría de la judicatura.

El partido de Pablo Casado sigue exigiendo que el Gobierno retire esta reforma para sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un mandato constitucional pendiente desde hace dos años.

No les vale a los 'populares' la oferta de parar el reloj de la reforma, como anunció Sánchez, sino que piden la retirada de una iniciativa, que, denuncian desde Génova, continúa su tramitación.

Los de Casado ponen además más condiciones para negociar: Unidas Podemos tiene que quedar fuera de la mesa y hay que despolitizar la justicia, reformando la normativa para el próximo proceso y alcanzando pactos en el actual para no nombrar a magistrados que hayan desempeñado cargos públicos.

En las mociones que presentarán en los distintos territorios -ayer se debatió ya una en Zaragoza- reclamarán que el Gobierno tramite su propuesta: que los doce vocales del turno judicial sean elegidos por los propios jueces y que los parlamentos autonómicos no puedan elegir vocales en los tribunales superiores.

Además, concretan su petición de una Fiscalía imparcial, apartando del mando a “todo aquel que haya desempañado un cargo político, o de confianza política, en los últimos 10 años”.

Los 'populares' mantienen sus críticas a una reforma que a su juicio socava la separación de poderes. Denuncian que se ha tramitado a través de los grupos parlamentarios para “eludir” la “obligatoriedad” de contar con informes preceptivos y que además se ponen en juego los fondos europeos.

La ofensiva que el PP busca desplegar por todo el país contrasta con el optimismo mostrado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ayer dijo tener una “razonable esperanza” de llegar a un acuerdo con el PP e incluso le puso fecha afirmando que “sería muy bonito” lograrlo el 6 de diciembre, Día de la Constitución.

El titular de Justicia afirmó además que no deja de hablar de este asunto con el portavoz de Justicia del PP, Enrique López.