Un escudo social imperfecto siempre es mejor que ninguno

Una pareja de jubilados con sendas pensiones por debajo de la media nacional a la que van a multiplicar por dos el alquiler de su casa. Es una situación que se repite en varias ciudades españolas y que desemboca en ocasiones en un desahucio. Maricarmen Abascal no es el único caso de estas características. Da la casualidad de que se trata de los padres de Jaime de los Santos, diputado del Partido Popular, según contó él mismo en un programa de Antena 3. También dijo que tienen cinco hijos que les ayudarán en lo que sea necesario. ¿Pero qué pasa con aquellos que no tienen hijos o que están solos porque ha fallecido un cónyuge?

“Ahora sus propietarios, claro, en abril les cumple el contrato. ¿Qué les han dicho? Que les van a doblar el precio”, dijo De los Santos. Los vulnerables no son solo los ancianos, como pueden atestiguar muchos jóvenes que han sido literalmente expulsados del mercado de la vivienda con precios abusivos. Ni pueden comprar ni pueden alquilar en las ciudades donde residen. Cualquiera diría que todos los partidos deberían tener como prioridad ayudar a esas personas. Hoy mejor que dentro de un mes. No pueden esperar a que se cumplan dentro de unos años las promesas de construir centenares de miles de pisos nuevos.

Si hay que medir el impacto causado por el desahucio a Maricarmen, la acampada de la Puerta del Sol en Madrid y la accidentada presentación de dos reales decretos por el Gobierno, el veredicto es inapelable: ha sido un éxito total. Pero si nos fijamos en lo realmente importante, cómo beneficiarán estos acontecimientos al acceso a la vivienda, todo está en el aire. El Gobierno aún no tiene garantizados los apoyos necesarios para sacar adelante los dos decretos que se votarán el viernes.

El PP ya ha advertido de que votará en contra. Lo considera “una trampa”, en expresión de Alberto Núñez Feijóo. Los que viven de alquiler tendrán una opinión diferente. La trampa es vivir con la angustia de no saber, cuando se acerca el final del último contrato, a cuánto ascenderá la subida y si tendrán dinero para asumirla.

La iniciativa del Gobierno comenzó mal el martes. El Consejo de Ministros aprobó el contenido de los decretos, pero sin tener finalizado el texto. La rueda de prensa ofreció un espectáculo no muy alentador con la ministra de Vivienda buscando papeles para encontrar la última versión del decreto por el que le habían preguntado. “La congelación... ahora tengo que recurrir al texto, porque ahora ya tengo un cacao”. Después de eso, varios segundos de silencio mientras Isabel Rodríguez seguía sin encontrar el papel correcto. “Tengo que revisar la última versión que no la tengo aquí. Esto se lo aclaro después inmediatamente”.

Al día siguiente, se mencionó el tema de la vivienda en la sesión de control, pero el PP no estaba nada interesado en profundizar. Ni cree que los decretos sean necesarios, ni está de acuerdo con su contenido. Solo quería hablar de Ceuta y algo de corrupción. “Ustedes quieren cambiar de pantalla, pero no les vamos a dejar”, dijo Ester Muñoz. El cuchillo más largo lo enarboló otra diputada del PP, Miriam Guardiola: “Ustedes han utilizado a Maricarmen obscenamente para que no se hable de Ceuta”. Será que preocuparse por que una mujer de 87 años se quede sin casa es algo obsceno.

La crisis de Ceuta está en todos los medios de comunicación desde hace dos meses y no va a desaparecer. Pero al PP le molesta tener que hablar de vivienda porque no quiere aparecer como defensor de los fondos buitre ni de las medidas que impidan los desahucios de personas en situación vulnerable. Ahí Feijóo se limita a reiterar la promesa de un millón de viviendas, más las ayudas fiscales a caseros e inquilinos que hasta ahora no han surtido efecto.

En un intento de desacreditar las movilizaciones, Feijóo recurrió el lunes a otro caso de final más dramático: “Lo que ha ocurrido con un desahucio en Madrid es una desgracia personal, pero en Catalunya, una señora, creo que se llamaba Olga, fue desahuciada y se suicidó. Nadie acampó por ella”. Si alguien lo hubiera hecho, el PP también se habría opuesto. Ese desahucio fue posible, porque sus votos, junto a los de Vox y Junts, tumbaron la renovación del escudo social y la moratoria de los desahucios.

El decreto más extenso incluye la prórroga extraordinaria durante dos años a todos los alquileres vigentes que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 en los mismos términos que el contrato en vigor, siempre que se hayan hecho los últimos ocho pagos. En las renovaciones anuales que se hagan, solo se podrá subir un 2% en caso de que el precio del alquiler sea inferior a la media. Los desahucios de “personas vulnerables sin alternativa habitacional” se suspenderán hasta el 31 de diciembre de 2030.

Por lo que dijeron en público, ni Podemos ni Junts están satisfechos con los decretos. Está por ver si se atreverán a votar en contra o abstenerse y que no haya ningún cambio en vivienda en lo que queda de legislatura. “Ustedes lo que intentan hacer es trampa”, dijo Ione Belarra al Gobierno, porque “quieren frenar la movilización social”. Míriam Nogueras aseguró que los dirigentes de Junts se sienten “decepcionados y preocupados”. La portavoz de Junts volvió a expresar su pesar por los jubilados dueños de pisos que buscan “complementar” la pensión con los ingresos del alquiler. Para los que tienen diez viviendas, eso no es un complemento, sino un negocio.

El segundo decreto, el de la prórroga automática de alquileres sin límite de tiempo, es el que lo tiene más difícil por la oposición tradicional de Junts a esta medida.

Los decretos no cierran el paso por completo a los fondos buitre, pero limitan el alcance de su rentabilidad. La “prohibición de la compra especulativa” afecta a las compras de viviendas cuyo precio esté por debajo del 70% de la tasación –eso habría afectado al piso de Maricarmen–, lo que plantea dudas sobre la forma en que se hacen algunas tasaciones. Tampoco es un gran cambio que las empresas de pisos turísticos sigan teniendo el privilegio de estar gravadas, ahora con un 10% de IVA, muy por debajo de cualquier pequeño negocio que aporta mucho más valor económico y social a las ciudades.

Aun así, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha pedido a los grupos parlamentarios que voten a favor de la ratificación de ambos decretos: “Más allá del contenido de la norma, se ha abierto una ventana de oportunidad histórica para cambiar de una vez por todas las políticas de vivienda”. El consejero vasco de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, lo explicó de otra manera. “Prefiero un escudo imperfecto aprobado a uno perfecto derrotado”.