El espionaje a Bárcenas: la última maniobra para frenar la investigación de la caja B por lo civil o por lo criminal
Un grupo de policías sin control que disponían de fondos reservados por los que no había que rendir cuentas y que utilizaban para pagar a informadores. Dos juzgados investigan la denominada Operación Kitchen, el despliegue montado por el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para hacerse con documentación comprometida en manos de Luis Bárcenas, el extesorero del PP que manejó los fondos de la caja B del PP acreditada en la sentencia de Gürtel que hizo caer al Gobierno.
Es la última investigación que apunta a que el PP utilizó todas las herramientas que tenía a su alcance para frenar el caso que acabó destapando su financiación ilegal prácticamente desde que se inscribió en el registro de partidos. Lo hicieron cuando estaban en la oposición, cuando por un lado alentaban teorías conspiranoicas para culpar al Gobierno de Zapatero de las primeras detenciones de Gürtel y por otro contactaban con policías amigos para tratar de que las pesquisas no avanzaran.
Esas maniobras no se agotaron cuando el PP llegó al poder en 2011. Con Mariano Rajoy en la presidencia y Jorge Fernández Díaz, sentado en el Ministerio del Interior, se montó una estructura policial para apartar a los funcionarios incómodos y facilitar recursos públicos a agentes de confianza con un único objetivo: ra intentar que los documentos que recogían la corrupción dentro del PP no salieran a la luz ni mucho menos llegasen a los juzgados.
Uno de los encargos más siniestros fue el espionaje a Bárcenas, del que se encargó la conocida como “policía política”, esa estructura paralela dentro del cuerpo que lo mismo viajaba a Catalunya para buscar −cuando no fabricar− pruebas sobre corrupción contra los líderes del procés que elaboraba informes con recortes de prensa sobre presuntas ilegalidades en la financiación de Podemos. Ninguno de esos supuestos atestados coló en los tribunales pero eso no impidió que se publicasen portadas y amplificar el estruendo mediático que buscaba el PP.
En sus trabajos contra el extesorero del PP −realizados entre 2013 y 2015− participaron agentes de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional y de la Comisaría General de Información y hay “constancia de la utilización de colaboradores o informadores, alguno de los cuales recibía una remuneración periódica a cambio de la información facilitada”. Lo ha reconocido la actual dirección de la Policía en un escrito enviado a la Audiencia Nacional.
Entre esos colaboradores estaría el chófer y hombre de confianza de Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias. Sergio Ríos cobró de la Dirección Adjunta a la Policía y en una pieza separa del caso Villarejo se investiga si lo hizo a cambio de robar información comprometedora al extesorero. El Ministerio del Interior, dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz, se habría incautado de esa información sin entregarla en la Audiencia Nacional. Fernández Díaz dijo esta semana no estar al tanto de esos manejos y pidió a quien realice esas acusaciones que intente probarlas.
La brigada no solo habría utilizado al chófer del matrimonio Bárcenas. La Audiencia Nacional también investiga si, como publicó okdiario.com, la policía política pagó 10.000 euros de los fondos reservados a Enrique Olivares por asaltar la vivienda de Bárcenas en busca de documentación comprometedora. Él no va a poder confirmar esa información, porque apenas puede expresarse desde que sufrió un ictus en prisión hace unos meses.
Esta tercera ocupación de la brigada política de la Policía constituye el último intento por frenar el mayor caso de corrupción de la historia del PP. Ese que, cuando a finales del pasado mes de mayo se publicó la primera sentencia, provocó un terremoto político que acabó con Rajoy fuera de la Moncloa y el PP obligado a una renovación tras perder el poder. Al final, la regeneración se ha quedado a medias: dirigentes relevantes de la etapa de Interior de Rajoy siguen en puestos relevantes del equipo de Casado.
Antes de que se recurriese a ese grupo de policías sin escrúpulos, varios de ellos imputados por graves delitos, el PP lo había intentado de todas las maneras posibles. Incluso durante el juicio. Los intentos de frenar la investigación de Gúrtel que en 2009 ya amenazaba con destapar años de irregularidades comenzaron cuando se publicaron las primeras informaciones y la Policía efectuó las primera detenciones.
Con Rajoy a la cabeza, los líderes del PP comenzaron entonces una campaña de desprestigio a la investigación. El líder del partido dijo rodeado de todos esos dirigentes: “No es una trama del PP, es una trama contra el PP”.
Cargos muy relevantes del partido trataron de situar a Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior, detrás de esas pesquisas. Los líderes del PP lanzaban día tras días teorías sobre que Rubalcaba controlaba a la Policía -“a una camarilla”, en concreto- para sus propios intereses. Ahora, casi una década después, la Audiencia Nacional investiga si quien hizo eso fue el PP.
De las teorías de la conspiración contra el gobierno del PSOE se pasó al ataque contra los jueces. Los dirigentes del partido cargaron primero contra Baltasar Garzón y luego contra Pablo Ruz. Pero aquella solo era la parte de estrategia contra la causa que se asomaba a la superficie. Había otra soterrada, más sutil que tratar de acaparar titulares con entrecomillados contra Rubalcaba y los jueces.
María Dolores de Cospedal se ocupó de parte de esas maniobras. La dirigente que había culpado a la “policía de Rubalcaba” en una famosa entrevista en la agencia Efe celebrada en 2009 en su residencia de verano en Marbella, se reunió meses después con el comisario José Manuel Villarejo en la propia sede del PP. El policía la grabó. La entonces número dos de Rajoy se interesó por los avances en la investigación. Su marido, Ignacio López del Hierro, le prometió pagos a cambio de trabajos para el partido.
Cuando el PP volvió al poder en 2011 esas maniobras dejaron de gestarse en los despachos ya vacíos de Génova y pasaron al mismísimo Ministerio del Interior que puso a parte de la policía a su servicio por ejemplo, para acosar a los investigadores del caso con interrogatorios sobre supuestas filtraciones de un informe sobre Ana Mato. También hubo una serie de ceses dentro del cuerpo acompañados de ascensos a policías afines.
Durante ese periodo se dieron las maniobras que se investigan en la Operación Kitchen y otras algo menos sofisticadas. Con los investigadores buscando pruebas de la financiación ilegal, el PP destruyó los discos duros de Bárcenas. Los formateó más de treinta veces y los rayó hasta destruirlos.
Los esfuerzo para librarse de una condena que todos dentro del PP consideraban una hecatombe no cesaron ni siquiera con el juicio ya iniciado. Mientras el presidente y los ministros prometían ante las cámaras “colaboración con la Justicia”, el abogado del PP trataba de que se suspendiese y se negaba a contestar a la Fiscalía cuando esta le preguntó por el papel del partido en la trama, acusado como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado del dinero negro que captaban sus dirigentes regionales. Aquella negativa a responder obligó a comparecer como testigo a Mariano Rajoy.
También tuvieron que comparecer todos los que ocuparon el cargo de secretario general del PP. Aunque acudían como testigos, sobre ellos pesaba la sospecha de haber conocido las actividades ilegales del partido, la caja B que nutrían empresarios a los que algunos de ellos, en su condición de ministros, había licitado obras.
Todos encontraron un responsable a quien culpar y que, además, no podía rebatirles. Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes coincidieron en centrar toda la responsabilidad de la caja B en Lapuerta, superior de Bárcenas durante aquellos años, y que no se sentó en el banquillo como consecuencia de una “demencia sobrevenida”.
Lapuerta había sufrido una caída en su domicilio en abril de 2013 y estuvo en coma durante varios días. Dos días antes de aquella caída había prometido tirar de la manta en unas memorias. Aquel accidente deterioró su salud mental, como acreditó la Audiencia Nacional en 2016 para librarle de ser acusado en el primer juicio de Gürtel. El extesorero al que todos culparon de la caja B falleció el pasado 2 de junio.
