La Eurocámara convoca a Puigdemont, Comín y Ponsatí el 7 de diciembre para la vista del suplicatorio

El 7 de diciembre es la fecha fijada para que Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí comparezcan ante la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que es la encargada de abordar el suplicatorio de los tres eurodiputados y que este lunes ha celebrado su primera reunión sobre el caso. Así lo ha comunicado el presidente de la comisión, Adrián Vázquez (Ciudadanos/Renew Europe): “Luego vendría la presentación del informe y, después, la votación. La comparecencia es una invitación, pueden comparecer o no, pero el proceso no se para por eso”. Según diversos cálculos, no se votará el suplicatorio antes del pleno del Parlamento Europeo en febrero.

“El 7 de diciembre se cumplen tres años de la gran manifestación Omplim Brussel·les. Un buen día para salir a defender nuestros derechos en el corazón de la institución más importante de la democracia europea: su Parlamento”, ha respondido Puigdemont.

La semipresencialidad a causa de la pandemia de la COVID-19 dejó en suspenso el suplicatorio del ex president catalán y los ex consellers. El procedimiento requiere de sesiones a puerta cerrada en la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI), lo que detuvo el caso en marzo. Pero ahora se ha reactivado este lunes con una primera reunión, toda vez que los servicios jurídicos del Parlamento Europeo han avalado que puedan celebrarse las sesiones de forma híbrida, con eurodiputados en la Eurcámara y otros conectados telemáticamente en las oficinas locales de los diferentes países. La comparecencia del 7 de diciembre ha sido convocada de forma presencial.

En todo caso, los servicios jurídicos piden que los asistentes a sesiones híbridas se limite a las personas imprescindibles, y establece que las responsabilidades por la violación de la confidencialidad son las mismas que si la reunión fuera presencial.

El pasado 27 de octubre el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli (PD/S&D), estableció, a causa del avance de la pandemia en Bruselas, que “las reuniones de los órganos de gobierno del Parlamento, las comisiones plenarias, ordinarias y extraordinarias y los grupos políticos se realizarán de forma remota sin la presencia física de personas distintas de la presidencia, personal indispensable de la secretaría y apoyo técnico”.

“La justicia sigue sus cauces, este proceso parlamentario también”, decía Adrián Vázquez hace unas semanas sobre el suplicatorio: “El proceso de suplicatorio no se ha parado y todo el trabajo de campo y de análisis de la documentación está avanzado”.

“Está en juego el prestigio de la institución”, decía Vázquez: “Quiero ser escrupulosamente garantista, es un tema que afecta a derechos fundamentales, y no permitiré que nadie convierta esto en un circo o en un acto electoral que pretenda desprestigiar Europa”.

Verdes e Izquierda Unitaria han mostrado sus dudas sobre el uso de la vía telemática para este tipo de procedimientos que requieren confidencialidad, ha adelantado La Vanguardia, y que, en la primera sesión, ya se han producido problemas de conexión y desconexión de los eurodiputados a los que la presidencia de la comisión no ha dado importancia y ha calificado de “normales”.

“La primera reunión ha transcurrido dentro de la máxima normalidad, produciéndose el primer intercambio de puntos de vista entre los diputados pertenecientes al Comité tras la exposición llevada a cabo por el ponente. Se ha acordado proceder con la siguiente fase, que sería la audiencia a los diputados afectados”, han explicado fuentes de la presidencia.

La sesión ha sido “acalorada”, explican otras fuentes, mientras el croata Mislav Kolakusic, eurodiputado no inscrito, que ha afirmado que había “un fondo político” en el proceso.

La estrategia de la defensa

Los abogados de los eurodiputados de Junts-Lliures per Europa, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí alegarán que hay “pruebas sólidas de persecución política, que en la mayoría de países de la UE el delito de sedición no existe y la incompetencia del Tribunal Supremo” en el procedimiento para responder a los suplicatorios cursados por el Alto Tribunal para levantarles la inmunidad parlamentaria, según han informado fuentes de JxCat-Lliures.

En los tres expedientes, el encargado de redactar el informe que recogerá la opinión de la comisión parlamentaria que, en última instancia se someterá a la votación del pleno, es el conservador búlgaro Angel Dzhambazki, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). “Es un sistema rotatorio y me tengo que ajustar a las normas”, ha dicho Vázquez.

Fuentes del equipo de Puigdemont, Comín y Ponsatí cuestionan que se haya designado un solo ponente para los tres eurodiputados porque el reglamento recoge que debe haber un ponente “para cada expediente de inmunidad”, así como las implicaciones políticas y jurídicas que conlleva que sea un diputado que comparta grupo con Vox.

Tras explicar que el procedimiento consta de cuatro pasos y puede durar un mínimo de cuatro meses, la defensa del expresident calcula que pueda alargarse más allá de febrero.

“Fue una decisión que se tomó también en en febrero y, básicamente, al ser los tres informes sobre prácticamente la misma situación, se decidió concentrar los tres en el mismo para no generar un agravio comparativo entre diputados. Es una cosa que nosotros vemos natural y que en su día ningún grupo se opuso. Eso es algo que le compete al Comité y sobre todo al ponente decidir”, afirma Vázquez, quien añade: “Entiendo que los tres diputados querrán influir en el resultado de las deliberaciones. Así lo están haciendo a través de su abogado, enviando ese tipo de correos que yo no sé exactamente qué finalidad tienen, porque con cosas que nosotros no podemos analizar, ni debatir, ni explicar. Nosotros realmente no podemos entrar en eso. No podemos entrar en el fondo ni en la forma del asunto. Soy una persona que siempre ha respetado la ley y creo que la ley es fundamental y que la norma se tiene que respetar. Punto por punto. Y ese es mi único cometido aquí. E intentaré, por supuesto, que dentro del comité, que es donde yo tengo cierta autoridad, pues aquello no se convierta en un circo. Nada más”. 

Posteriormente a la comparecencia de los eurodiputados, se deberá presentar un borrador de la ponencia para ser debatido, cuya redacción final tendrá que someterse a votación por parte de los 25 miembros de la comisión, cinco de los cuales son españoles –el presidente es de Ciudadanos, dos eurodiputados del PP y dos del PSOE–, más tres suplentes –Vox, PP y Ciudadanos–.

Fuentes de Junts-Lliures aseguran que la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo es la que tiene un porcentaje mayor de eurodiputados españoles, especialmente de PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, una cuestión que quieren evidenciar porque son partidos que han manifestado abiertamente que quieren la “extradición de los eurodiputados, y esto tiene implicaciones en la imparcialidad del procedimiento”.

Una vez superados estos pasos, llegará al pleno del Parlamento Europeo, donde se votará, y fuentes del equipo jurídico recalcan que, pase lo que pase con el suplicatorio, los eurodiputados “seguirán siendo eurodiputados” pese a perder la inmunidad.

Las reglas de la Eurocámara permiten rechazar un suplicatorio si está motivado por opiniones o votos del eurodiputado en el ejercicio de sus funciones y también si se da un caso de fumus persecutionis, es decir, cuando se concluye que la intención de la petición es “perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución”.

Así, la base de la defensa del equipo jurídico de Puigdemont, Comín y Ponsatí será argumentar que hay “persecución política” y que, como consecuencia, se quieren impedir que ejerzan de eurodiputados. También pondrán sobre la mesa que el Tribunal Supremo “no es un órgano competente” en todo ello, y que no se puede acusar a los tres eurodiputados de hechos que en otros países de Europa no existen o no son delito, y recuerdan que hay precedentes en este punto. “Hay tribunales europeos que ya han dicho que la sedición no existe, que los hechos no son constitutivos de delito, como Alemania”, apuntan desde el equipo jurídico, que avisa de que, en función de cómo se desarrolle todo el procedimiento, el caso podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Pero Vázquez ha explicado que no están atendiendo las quejas.

Competencia del Supremo en cuestión

Ahora el Parlamento Europeo se encuentra ante un fallo judicial previo: la justicia belga ha rechazado en agosto en primera instancia la euroorden de Lluís Puig, exconseller de Cultura de Puigdemont, por considerar que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales al entender que el Supremo no es el órgano competente para cursarla, en tanto que no es un aforado ante este tribunal.

Si el Parlamento Europeo sigue con la tramitación, la defensa podrá recurrir ante el TJUE, y ahí la institución que se arriesga a perder sería la Eurocámara, no el Supremo.

Para hacerlo, recordaba la ACN, la defensa de Puigdemont cuenta con la jurisprudencia, cuando en 2008 el tribunal de primera instancia de la UE declaró la admisibilidad de un recurso que impugnaba el levantamiento de la inmunidad contra el eurodiputado británico Ashley Neil Mote. En aquel momento, Luxemburgo defendía que la tramitación de un suplicatorio en el Parlamento Europeo debía “ser objeto de un control de la legalidad por parte del juez comunitario”. Al final, el tribunal terminó desestimando el recurso porque no veía pruebas suficientes, pero no por ello dejó de analizar el caso en curso.

Por otro lado, si el suplicatorio termina votándose en el pleno y se levanta la inmunidad para los tres, la defensa podría ir al juez belga Jan Coopens, quien lleva el caso de los tres eurodiputados en primera instancia y falló a favor de Puig. Y Coopens, por analogía, es previsible que volviera a decir que el Supremo no es competente, por lo que los eurodiputados volverían al Parlamento con todos sus derechos.

La tesis recogida en la sentencia de Coopens es que se ha vulnerado el derecho fundamental a que la causa sea conocida por el juez natural, tal y como entendía el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para los casos de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Los pasos del suplicatorio

Si las autoridades nacionales solicitan al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de un diputado, cosa que ya ha pasado en los casos de Puigdemont, Comín y Ponsatí, el presidente del Parlamento comunica –como ya ha hecho– en sesión plenaria que ha recibido el suplicatorio correspondiente y lo remite a la comisión parlamentaria competente, que es la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI).

La comisión podrá pedir toda información o explicación que considere necesaria. Y Puigdemont, Comín y Ponsatí tendrán la oportunidad de ser oídos y podrán presentar documentos o cualquier otra prueba escrita.

A puerta cerrada, la comisión aprobará un documento –elaborado por el utraconservador búlgaro Angel Dzhambazki (ECR, el grupo de Vox, pero también de los aliados flamencos de Puigdemont, N-VA)– en el que recomendará al Parlamento como institución que apruebe o desestime el suplicatorio, es decir, que suspenda o mantenga la inmunidad de los tres eurodiputados.

Durante la sesión plenaria subsiguiente a la decisión de la comisión, el Parlamento tomará una decisión por mayoría simple. Tras someterse la cuestión a votación, el presidente comunicará la decisión a los tres interesados, así como a las autoridades competentes del Estado miembro en cuestión.

Todo indica que los populares, socialistas y liberales podrán sumar mayorías en cada votación a favor de la concesión de los suplicatorios. Pero hay que votar. Y el voto no será sólo sí o no a su entrega a la justicia española, o sí o no al independentismo: los eurodiputados sabrán que si votan sí al suplicatorio pueden estar enviando a Puigdemont, Comín y Ponsatí a la cárcel al menos 12 o 13 años por el 1-O, en función de la sentencia del procés del Tribunal Supremo. O todo lo contrario: pueden estar tomando una decisión que posteriormente enmiende el juez Coopens. Y es que aun en el caso de que la Eurocámara aprobara el suplicatorio, quedaría pendiente la aprobación de la euroorden por parte de la justicia belga que, de momento, cuestiona que sea competencia del Supremo.