El Parlamento Europeo reactiva el suplicatorio de Puigdemont

La semipresencialidad a causa de la pandemia de la COVID-19 dejó en suspenso el suplicatorio del ex president catalán Carles Puigdemont y los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí. El procedimiento requiere de sesiones a puerta cerrada en la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI), lo que detuvo el caso en marzo. Pero ahora se puede reactivar en las próximas semanas, según ha adelantado El Mundo, toda vez que los servicios jurídicos del Parlamento Europeo han avalado que puedan celebrarse las sesiones de forma híbrida, con eurodiputados en la Eurcámara y otros conectados telemáticamente en las oficinas locales de los diferentes países.

Así se lo ha hecho saber el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos, Adrián Vázquez (Ciudadanos/Renew Europe), a los integrantes de la comisión, después de que haya recibido el informe que solicitó a los abogados de la Eurocámara.

El informe de los servicios jurídicos, según confirman a elDiario.es fuentes del Parlamento Europeo, reconoce que la comisión JURI tiene la obligación de atender las solicitudes de inmunidad, incluso en las circunstancias actuales, respetando la confidencialidad y el formato a puerta cerrada. En tanto que está demostrado que es arriesgado en medio de la pandemia convocar una reunión con la presencia física de todos los eurodiputados, los servicios jurídicos se abren a permitir la participación desde las instalaciones de las Oficinas de Enlace del Parlamento Europeo en los Estados miembros. Si el eurodiputado no pudiera asistir desde las oficinas locales de la Eurocámara, podrá participar de forma remota cumpliendo una serie de requisitos legales. En todo caso, los servicios jurídicos piden que los asistentes a sesiones híbridas se limite a las personas imprescindibles, y establece que las responsabilidades por la violación de la confidencialidad son las mismas que si la reunión fuera presencial.

La defensa de los eurodiputados y líderes independentistas no tenía constancia oficial sobre el asunto este viernes a mediodía, que aún tiene que aportar toda su documentación para el caso, por lo que aún puede dilatarse unas semanas el inicio de los trabajos en el Parlamento Europeo.

El pasado 27 de octubre el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli (PD/S&D), estableció, a causa del avance de la pandemia en Bruselas, que “las reuniones de los órganos de gobierno del Parlamento, las comisiones plenarias, ordinarias y extraordinarias y los grupos políticos se realizarán de forma remota sin la presencia física de personas distintas de la presidencia, personal indispensable de la secretaría y apoyo técnico”.

Por tanto, el presidente de la comisión JURI, Adrián Vázquez, ha decidido reactivar el procedimiento del suplicatorio a través de la participación remota desde fuera de las instalaciones del Parlamento Europeo como habilita el informe jurídico de la Eurocámara, y comenzar a organizar las reuniones y audiencias de los casos de Puigdemont, Comín y Ponsatí.

“La justicia sigue sus cauces, este proceso parlamentario también”, decía Adrián Vázquez hace unas semanas sobre el suplicatorio: “El proceso de suplicatorio no se ha parado y todo el trabajo de campo y de análisis de la documentación está avanzado”.

“Está en juego el prestigio de la institución”, decía Vázquez: “Quiero ser escrupulosamente garantista, es un tema que afecta a derechos fundamentales, y no permitiré que nadie convierta esto en un circo o en un acto electoral que pretenda desprestigiar Europa”.

Ahora el Parlamento Europeo se encuentran ante un fallo judicial previo: la justicia belga ha rechazado en agosto en primera instancia la euroorden de Lluís Puig, exconseller de Cultura de Puigdemont, por considerar que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales al entender que el Supremo no es el órgano competente para cursarla, en tanto que no es un aforado ante este tribunal.

Si el Parlamento Europeo sigue con la tramitación, la defensa podrá recurrir ante el TJUE, y ahí la institución que se arriesga a perder sería la Eurocámara, no el Supremo.

Para hacerlo, recordaba la ACN, la defensa de Puigdemont cuenta con la jurisprudencia, cuando en 2008 el tribunal de primera instancia de la UE declaró la admisibilidad de un recurso que impugnaba el levantamiento de la inmunidad contra el eurodiputado británico Ashley Neil Mote. En aquel momento, Luxemburgo defendía que la tramitación de un suplicatorio en el Parlamento Europeo debía “ser objeto de un control de la legalidad por parte del juez comunitario”. Al final, el tribunal terminó desestimando el recurso porque no veía pruebas suficientes, pero no por ello dejó de analizar el caso en curso.

Por otro lado, si el suplicatorio termina votándose en el pleno y se levanta la inmunidad para los tres, la defensa podría ir al juez belga Jan Coopens, quien lleva el caso de los tres eurodiputados en primera instancia y falló a favor de Puig. Y Coopens, por analogía, es previsible que volviera a decir que el Supremo no es competente, por lo que los eurodiputados volverían al Parlamento con todos sus derechos.

La tesis recogida en la sentencia de Coopens es que se ha vulnerado el derecho fundamental a que la causa sea conocida por el juez natural, tal y como entendía el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para los casos de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

La mecánica del suplicatorio

Si las autoridades nacionales solicitan al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de un diputado, cosa que ya ha pasado en los casos de Puigdemont, Comín y Ponsatí, el presidente del Parlamento comunica –como ya ha hecho– en sesión plenaria que ha recibido el suplicatorio correspondiente y lo remite a la comisión parlamentaria competente, que es la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI).

La comisión podrá pedir toda información o explicación que considere necesaria. Y Puigdemont, Comín y Ponsatí tendrán la oportunidad de ser oídos y podrán presentar documentos o cualquier otra prueba escrita.

A puerta cerrada, la comisión aprobará un documento –elaborado por el utraconservador búlgaro Angel Dzhambazki (ECR, el grupo de Vox, pero también de los aliados flamencos de Puigdemont, N-VA)– en el que recomendará al Parlamento como institución que apruebe o desestime el suplicatorio, es decir, que suspenda o mantenga la inmunidad de los tres eurodiputados.

Durante la sesión plenaria subsiguiente a la decisión de la comisión, el Parlamento tomará una decisión por mayoría simple. Tras someterse la cuestión a votación, el presidente comunicará la decisión a los tres interesados, así como a las autoridades competentes del Estado miembro en cuestión. Todo indica que los populares, socialistas y liberales podrán sumar mayorías en cada votación a favor de la concesión de los suplicatorios. Pero hay que votar. Y el voto no será sólo sí o no a su entrega a la justicia española, o sí o no al independentismo: los eurodiputados sabrán que si votan sí al suplicatorio pueden estar enviando a Puigdemont, Comín y Ponsatí a la cárcel al menos 12 o 13 años por el 1-O, en función de la sentencia del procés del Tribunal Supremo. O todo lo contrario: pueden estar tomando una decisión que posteriormente enmiende el juez Coopens. Y es que aun en el caso de que la Eurocámara aprobara el suplicatorio, quedaría pendiente la aprobación de la euroorden por parte de la justicia belga que, de momento, cuestiona que sea competencia del Supremo.