El exlíder minero Fernández Villa se apropió de 434.000 euros, según la juez

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Oviedo, que tramita la causa abierta por la querella del SOMA-FITAG-UGT contra su ex secretario general José Ángel Fernández Villa por un presunto delito de apropiación indebida, ha apreciado indicios de que el exdirigente sindical se apropió de 434.158 euros.

En un auto en el que ordena la continuación de las diligencias abiertas contra Villa y contra Pedro Castillejo, exsecretario del INFIDE -un instituto dependiente del sindicato-, la juez señala que entre noviembre de 1989 y enero de 2001 los pagos por la asistencia a las reuniones del Comité Intercentros de Hunosa se realizaban mediante cheques nominativos a nombre de Villa.

Según la resolución judicial, el ex dirigente sindical, aprovechando su condición de beneficiario y pese a ser conocedor que los fondos pertenecían al sindicato, incorporó a su patrimonio personal la totalidad del dinero recibido de la empresa estatal Hunosa.

Así, cobró los cheques que Hunosa abonaba al sindicato personalmente o por medio de personas interpuestas que le reintegraban el dinero cobrado, método que le llevó a apropiarse de 243.462,46 euros a los largo de esos doce años, según la juez.

Además, señala que, desde febrero de 2001, cuando Hunosa decidió reemplazar la forma de pago de cheques a transferencias bancarias a una cuenta designada por el sindicato, Villa decidió que estas transferencias no se realizaran a favor del SOMA-FITAG-UGT “sino a la organización sindical de similar nombre (SOMA-UGT), desgajada de la anterior, en la que mantenía el control absoluto”.

Así, según el auto, Villa acordó la apertura el 8 de marzo de 2001 de una cuenta bancaria desde la que se procedió a realizar transferencias internas a otra cuenta del SOMA-UGT “desde la que también hacia suyas diversas cantidades de dinero, evitando los estrictos controles del SOMA-FITAG-UGT”.

A partir de ese momento, según la juez, Villa procedió a utilizar el patrimonio del SOMA-UGT como una cuenta personal de gastos en las que, a los justificados por su actividad de secretario general, añadió otros personales ajenos a dicha actividad.

Así considera que entre los años 2001 y 2007 cargó a una tarjeta de crédito del sindicato, que utilizaba de manera particular, más de 37.100 euros con los que abonó puros, flores, productos de farmacia y parafarmacia, libros, música o prendas de vestir.

Los cargos a diversas tarjetas de crédito del sindicato superaron los 4.700 euros en 2008 y los 4.800 euros un años después, cifra similar a la que gastó en 2010, y que al año siguiente se incrementó hasta los 10.000 euros, mientras que en 2012 cargó 6.500 euros más.

La juez considera también que cobró otros 13.700 euros para pagar en metálico distintas compras realizadas entre los años 2009 y 2012 y que para comprar un Mitsubishi Montero en 2011 utilizó otros 33.520 euros.

Villa, según la juez, volvió a cargar a costa del sindicato, otros 52.100 euros para pagar, entre otros gastos, otro Mitsubishi Montero adquirido en el año 2006 para su uso particular, cifra a la que sumó otros 16.700 euros de más por el mismo concepto.

Según el auto, el exsecretario del SOMA hizo estas compras “cuyo destino era su utilización exclusiva y particular”, al margen de la actividad sindical, a pesar de que disponía de un vehículo oficial del sindicato para las tareas representativas que desempeñaba, primero un Audi A6 y posteriormente un Audi A4.

La titular del juzgado, Simonet Quelle Coto, ha trasladado esta decisión a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que en diez días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, pidan el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, diligencias complementarias.

Contra el auto dictado por la magistrada Simonet Quelle Coto cabe la interposición de un recurso de reforma y subsidiario de apelación.

El SOMA-UGT presentó en septiembre de 2015 una querella contra Villa reclamando la devolución de 360.000 euros, que después se ampliaron hasta 420.000 euros, y otra contra Castillejo en la que reclamaba la devolución de más de 70.000 euros.

Fernández Villa también es objeto de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción en relación al origen de los 1,4 millones de euros que regularizó en la amnistía fiscal de 2012.