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Trillo niega haber cobrado sobresueldos ilegales del PP y carga contra la UDEF

El exministro de Defensa Federico Trillo, a su llegada al Congreso.

Elena Herrera

El que fuera ministro de Defensa y estratega jurídico del Partido Popular, Federico Trillo, ha asegurado este martes ante la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP que nunca cobró sobresueldos B de su partido y que no conoce “ningún tipo de caja” ni de cuentas paralelas en la organización. Sí ha admitido haber percibido “retribuciones complementarias” o “complementos de sueldo” de la formación pero siempre convenientemente declarados a Hacienda.

El portavoz del PNV, Mikel Legarda, le ha recordado que en los llamados papeles de Bárcenas aparecen reflejados supuestos pagos a su nombre por valor de 185.256 euros entre 2001 y 2006. “No recibí ese dinero”, ha negado de manera tajante Trillo en varias ocasiones. De hecho, a preguntas de la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera, el exministro ha cargado contra la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que le atribuyó la supuesta recepción de sobresueldos en B del partido.

“No tengo ningún entusiasmo por la UDEF”, ha aseverado de forma textual. Después ha intentado matizar que ese “mal concepto” lo tiene de “comisarios” que están al frente de esa unidad, no del conjunto. La UDEF es uno de los puntales en la lucha contra la corrupción y ha sido responsable de la investigación de algunos de los casos más mediáticos de los últimos años como Gürtel o Pujol.

Trillo tuvo un papel principal en la estrategia judicial de su partido en el caso Gürtel. Acusó continuamente de “sectarismo y partidismo” a Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado entre 2004 y 2011; y atacó a las dos fiscales anticorrupción acusándolas de ocultar pruebas. Aunque lo que se considera como su gran logro en el PP es que consiguiera, tras varias demandas y recursos, que Baltasar Garzón fuera condenado por las escuchas relacionadas con la investigación de Gürtel y expulsado de la carrera judicial.

A pesar de su polémico paso por el Ministerio de Defensa entre 2000 y 2004 fue premiado como embajador en el Reino Unido en 2012. Fue relevado cinco años después, en enero de 2017, tras el informe del Consejo de Estado que responsabilizó a su gabinete del accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles en 2003.

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