El fiscal general del Estado pide una “correcta regulación” del uso de las redes sociales
El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha pedido este miércoles en el Congreso de los Diputados que se regule el uso de las redes sociales y se tipifiquen “las conductas que se amparen en el anonimato” porque, ha argumentado, ampara situaciones de violencia contra las mujeres. Además, ha pronosticado que el altavoz que suponen esas redes sociales provocará un aumento de la persecución de los delitos de odio en internet.
Así se ha expresado Sánchez Melgar durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, donde ha presentado los datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado sobre el año 2016. En el capítulo dedicado a la violencia contra las mujeres ha propuesto algunas medidas para paliarla como “evitar situaciones de impunidad en caso de silencio impuesto” a las víctimas o mejorar su asistencia con un trato más personalizado.
Además, ha propuesto “una correcta regulación de las redes sociales tipificando conductas como el anonimato que favorece esta conducta”, en referencia a la violencia contra las mujeres. La memoria que ha presentado menciona este aspecto en en apartado de violencia de género.
“Es preocupante el notable incremento de la violencia de género digital, especialmente entre adolescentes y jóvenes pues las redes sociales constituyen el principal medio de comunicación entre ellos y a la vez, facilitan el control, la vigilancia y la presión sobre la pareja, aprovechando además el anonimato y la gran repercusión que la red tiene”, sostiene el documento presentado por Sánchez Melgar.
El fiscal también se ha referido a las redes sociales durante el capítulo de su intervención dedicado a los delitos de odio, que los ha considerado como “preocupantes”. Durante 2016 durante se abrieron 230 procesos judiciales y hubo 29 sentencias sobre delitos de odio, aunque Sánchez Melgar ha vaticinado que esos datos aumentarán.
Entre las razones, sostiene el fiscal general, la “nueva configuración” de esos delitos, “mucho más amplia”, y las redes sociales que actúan “como altavoz”. Ante esa “previsible proliferación” se hace necesaria “la elaboración de doctrina clara de la fiscalía que asegure la unidad de criterio”, ha añadido.
A preguntas del portavoz de Unidos Podemos, Eduardo Santos, el fiscal general ha aclarado que esa doctrina será “un instrumento que clarifique las cosas, que sepan los fiscales a qué atenerse”. “En un comportamiento que genera un odio, no nos podemos quedar ahí, en el odio como sentimiento, es la incitación a la violencia lo que tiene que generar una respuesta punitiva”, ha añadido.
No se persiguen “ideas políticas”
Sánchez Melgar al proceso que se sigue contra los impulsores del referéndum del 1-O ante las preguntas de las portavoces de ERC y PDeCAT, que han hablado de una “causa general” contra el independentismo y han criticado que haya “cuatro presos políticos sin juicio ni sentencia”.
La Fiscalía “no tiene nada que decir sobre legítimas iniciativas para modificar el ordenamiento constitucional mediante las vías legalmente establecidas”, ha dicho, al tiempo que ha afirmado que en esa causa “no se están persiguiendo idea políticas”.
“No hay presos políticos como tales, estamos siguiendo unos procesos en fase de instrucción para depurar posibles responsabilidades por unos presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación desobediencia o prevaricación”, ha añadido. En su opinión, la Fiscalía “sigue con respeto el principio de legalidad y división de poderes” en este proceso.
Desde CIU y PDeCAT también le han recriminado las “filtraciones interesadas” de datos de los procedimientos judiciales que se siguen en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona. “Me preocupan, no me gustan, a ninguna administración. Las filtraciones tienen que ser consideradas como una mala práctica, estoy de acuerdo con ello”, ha contestado.
Más fiscales con mayor autonomía
Al comienzo de su declaración, Sánchez Melgar ha hecho suyas algunas de las reclamaciones de las asociaciones de fiscales, como el incremento de la plantilla del Ministerio Fiscal o una mayor autonomía que pase, por ejemplo, por gestionar su propio presupuesto. “El Ministerio Fiscal se debe desanclar del Ministerio de Justicia en pro de una mayor autonomía” lo que permitirá alejar “cualquier sombra de duda que se cierne sobre la independencia de los fiscales”, ha añadido.
Sánchez Melgar también ha dicho que los fiscales están preparados para asumir la instrucción en el procedimiento penal “si así lo acuerdan las cámaras legislativas”, y aunque ha defendido el acortamiento de los plazos de instrucción, ha pedido que sean los jueces sobre los que recaiga la responsabilidad de pedir una ampliación, y no sea competencia de los fiscales, que no tienen acceso a los datos de los plazos.
El fiscal general del Estado también ha defendido la especialización ya ha propuesto nuevas fiscalías dedicadas únicamente a la discapacidad o a la protección de la propiedad industrial, además de una Fiscalía especializada en materia de consumidores y usuarios y nueva configuración de la Fiscalía que lucha contra delitos económicos. “Sin la especialización no se llega a ninguna parte”, ha apuntado.
Sánchez Melgar se ha detenido en los datos relativos a una de esas fiscalías, la de Anticorrupción. Los procedimientos judiciales en los que ha intervenido han aumentado de 371 en 2015 a 524 en 2016, lo que permite concluir “que la Fiscalía Anticorrupción goza de buena salud y que la Fiscalía General del Estado mantiene y renueva su inquebrantable compromiso en la lucha contra este fenómeno delictivo”.
