La Fiscalía Europea que quiere investigar los contratos de Ayuso, un órgano nuevo copado por los azotes de la Gürtel

La fiscal anticorrupción Concepción Sabadell

Alberto Pozas


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El futuro de la investigación sobre el contrato del hermano de Isabel Díaz Ayuso se ha bifurcado esta semana. La Fiscalía ha respaldado por unanimidad la propuesta de Anticorrupción de seguir investigando el contrato de mascarillas, rechazando por tanto la petición de la Fiscalía Europea, que ahora tendrá que decidir si sigue investigando por su cuenta. Este organismo, con menos de un año de vida, quiere estudiar si los fondos europeos también se vieron afectados por las supuestas irregularidades que se investigan en España. A a pesar de llevar tan poco tiempo en marcha, la Fiscalía Europea ya ha recibido más de un centenar de denuncias procedentes de España y tiene en sus filas a investigadores con experiencia en las mayores tramas de corrupción de nuestro país.

La importancia de llamarse Concha (en el caso Gürtel)

La importancia de llamarse Concha (en el caso Gürtel)

Este organismo empezó a gestarse en octubre de 2017, cuando España y otros 19 estados miembros acordaron poner en marcha la Fiscalía Europea para llevar ante los tribunales a quienes cometan delitos “contra los intereses financieros de la Unión”. No fue hasta el pasado verano cuando esta Fiscalía entró en funcionamiento, con una Ley Orgánica que regulaba la adaptación del sistema jurídico español y varios nombres para la delegación española: entre otros, Concepción Sabadell y Pablo Ruz. La primera es la fiscal que impulsó la acusación del caso Gürtel. El segundo es el juez que por primera vez consideró probada la existencia de una caja de dinero negro en el seno del Partido Popular.

No existen datos públicos sobre cuántos asuntos ha estudiado esta Fiscalía Europea en estos meses de funcionamiento, pero la propia Concepción Sabadell ha dejado claro que en España ha arrancado con rapidez y con fuerza. En una entrevista concedida a la página web del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en febrero, la fiscal designada por España explicaba que ha recibido “unas 2.800 denuncias, se han iniciado alrededor de 600 investigaciones” y que el país ibérico había cobrado protagonismo rápidamente. “Hemos recibido muchas denuncias de particulares, más de un centenar”, decía Sabadell sobre los datos que afectan a España. En la mayor parte de los casos, seguía, estaban verificando si eran casos de su competencia ya que “no somos competentes para todos los delitos y muchas de estas denuncias, lamentablemente, no podemos asumirlas”.

Uno de esos casos ahora es el de Priviet Sportive SL y el contrato de 1,5 millones de euros adjudicado a dedo por la Comunidad de Madrid en lo peor de la primera ola para traer mascarillas a España. Un contrato que, tal y como reveló elDiario.es, fue adjudicado a un empresario amigo de la familia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y por el que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, cobró una comisión. La Fiscalía Europea está dando sus primeros pasos y hay pocos casos que ya estén judicializados o que hayan terminado en una sentencia en algún país de la Unión Europea. “Es evidente que con el notable incremento de fondos, va a incrementar el riesgo de fraude”, aventuraba Sabadell en la entrevista con el CGAE. Especialmente en nuestro país. “En España yo creo que los fraudes de subvenciones van a ser el porcentaje mayor de nuestros procedimientos. Todavía estamos empezando, pero parece que apunta en ese sentido”, explicaba.

Eso es lo que quiere investigar la Fiscalía Europea sobre Priviet Sportive y la Ley española firmada el año pasado regula en su cuarto artículo hasta dónde puede entrar. Pueden perseguir delitos contra la Hacienda de la Unión cuando no trate de impuestos nacionales, el fraude de subvenciones y ayudas europeas, el blanqueo de capitales, cohecho o malversación cuando afecten a los intereses financieros de la UE y, finalmente, a las organizaciones criminales. En el caso de este contrato, entienden que se ha podido malversar dinero procedente de la Unión Europea, algo que por ahora ha rechazado Anticorrupción, origen del conflicto.

La norma deja claro que la Fiscalía Europea no tiene carta blanca para hacer cualquier cosa ante los juzgados de instrucción que investiguen estas causas, pero que pueden poner en marcha actuaciones igual que la Fiscalía española: requerir el auxilio de las autoridades, dar instrucciones a la Policía Judicial pero no a otros miembros del Ministerio Fiscal aunque sí podrán pedir su colaboración a través de la Fiscalía General del Estado. Un juez de garantías, además, velará en la Audiencia Nacional por el desarrollo de todas estas investigaciones, por ejemplo, autorizando diligencias de investigación o acordando medidas cautelares si fuera necesario.

De Gürtel a Luxemburgo

El 27 de junio de 2020, un año antes de su puesta en marcha, el Consejo Europeo nombró a los fiscales europeos con la jurista rumana Laura Condruta Kövesi al frente. Entre ellos estaba el fiscal francés antiterrorista Frèdèric Baab, el fiscal alemán especializado en cibercrimen Andrés Ritter y en representación de España Concepción Sabadell Carnicero. Esta fiscal con 25 años de ejercicio se incorporó en 1997 a la Fiscalía en Gipuzkoa y, una década más tarde, era nombrada miembro de la Fiscalía Anticorrupción, entonces con Antonio Salinas al frente. En la última década su nombre ha estado ligado a uno de los mayores casos de corrupción que han pasado por la Audiencia Nacional: la trama Gürtel.

Su firma está en el escrito que pidió más de 100 años de cárcel para Francisco Correa en el primer gran juicio de la trama corrupta y su voz fue la que confirmó ante los jueces que consideraba que el Partido Popular debía ser condenado como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado del dinero negro que la trama manejó en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. La “caja B” del Partido Popular que terminó provocando la salida de Mariano Rajoy del Gobierno estaba, dijo Sabadell en octubre de 2017, “plena y abrumadoramente acreditada”.

Junto con ella hay siete fiscales europeos delegados seleccionados igualmente por España y que forman parte del cuerpo de fiscales europeos. Y tampoco son ajenos a las investigaciones de corrupción. Uno de ellos es Pablo Ruz, juez que cogió las riendas del caso Gürtel en 2012 después de llegar a la Audiencia Nacional dos años antes como sustituto de Baltasar Garzón. En los tres años en los que investigó la trama, se produjeron algunos de los grandes hitos de la causa: impulsó la investigación sobre la contabilidad paralela del Partido Popular después de que El País publicara los papeles de Bárcenas, investigó el dinero que la trama guardó en Suiza y dejó preparada para juicio la pieza denominada 'Época I' en la que el PP fue acusado por beneficiarse de la trama.

Otro nombre de la lista de integrantes de la Fiscalía Europea es Laura Pellón, fiscal Anticorrupción en Baleares que ha impulsado la acusación en casos como Son Espases contra el expresidente Jaume Matas. Por su parte, Gloria Yoshiko Kondo ejerció como especialista en delitos económicos desde 2011 y formó parte del equipo de fiscales que instó y consiguió el cierre de la causa abierta en torno al 8M feminista de 2020. Joaquín González-Herrero, por su parte, es fiscal de la Audiencia Nacional desde 2018 y ha ejercido como consejero de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Junto con ellos también ejercen Ohiana Azcue, María Elena Lorente y Olga Muñoz.

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