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La Fiscalía pide ampliar la investigación del acceso a datos judiciales por parte de informáticos de la Comunidad de Madrid

La fiscal quiere que el CGPJ entregue la información que tiene.

La Fiscalía intenta evitar que se cierre otra vez la investigación por el acceso a datos judiciales confidenciales por parte de informáticos de la Comunidad de Madrid. La fiscal del caso ha pedido más tiempo para investigar y que se reclame información al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta semana el juez ha tomado declaración al informático del Colegio de Procuradores (ICPM), quien ha insistido en que tenían todos los permisos para recopilar esa información.

La Justicia investiga el acceso a datos judiciales confidenciales por parte de informáticos del Gobierno de Madrid

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La causa bucea en el envío de datos de procedimientos judiciales al Colegio de Procuradores por parte de trabajadores de Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM). El Colegio utilizaba esa información confidencial para, en función del número de casos en los que hubiesen intervenido sus asociados, reclamarles una cuota que estaban obligados a pagar si querían seguir ejerciendo.

El juez que empezó a investigar la querella de un procurador cerró el caso sin apenas haberlo investigado, pero la Audiencia Provincial de Madrid le obligó a reabrirlo. El tribunal vio indicios de que los informáticos de la Comunidad de Madrid "accedieron sin autorización" a ficheros que considera reservados.

El escrito de la Fiscalía enviado al juez y al que ha tenido acceso eldiario.es está fechado el 8 de octubre. En él, la fiscal del caso reclama que la causa sea declarada compleja para poder extender 18 meses más la investigación, y evitar así que se cierre repentinamente por la limitación a los plazos que impuso la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El juez del caso ya ha dado traslado a las partes para que se pronuncien. Fuentes del Colegio de Procuradores avanzan que pedirán el archivo de la causa.

En el mismo escrito, la fiscal insiste en una diligencia que considera imprescindible para avanzar en la investigación: que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie. Recuerda al juez que el denunciante pidió ese requerimiento de información y que todavía no se ha llevado a cabo.

La petición concreta es que el Centro de Documentación Judicial del CGPJ, y en concreto su jefe de sección de Informática Judicial, informe de si existe "alguna clase de convenio o protocolo o autorización para que el Colegio de Procuradores pueda recibir directamente de ICPM, datos correspondientes a procedimientos judiciales". Esto, sin conocimiento ni autorización de los responsables del tratamiento de los ficheros.

Existe en la causa una autorización para ello del año 2004, pero es de la Comisión de Organización y Modernización Judicial del CGPJ. Lo que quiere saber la fiscal es si esa autorización se trasladó luego a la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces. Desde el Colegio de Procuradores insisten en que recabaron todos los permisos necesarios para obtener esos datos.

El escrito de 8 de octubre reclamaba también la declaración de Cristóbal T. A., el informático del ICPM. El juez ya la había acordado y se produjo el pasado 14 de octubre. Trillo aseguró durante su declaración que el Colegio de Procuradores tiene permiso del CGPJ, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Agencia de Protección de Datos.

Ante el juez, dio algunos datos de cómo se producía el intercambio de datos y aseguró que él no tenía acceso a ellos: "El correo se recibía en una dirección de correo corporativa y esos ficheros se procesaban en los sistemas y servidores para que los departamentos procesaran la información conforme a sus tareas", recoge el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso eldiario.es.

El departamento que procesaba la información era el de Tesorería, que luego procedía a reclamar las cuotas a los colegiados. Insistió en varias ocasiones en que él no revisaba el detalle de los datos. Cristóbal T. A. se negó a responder a las preguntas del abogado del querellante.

Ese mismo día también declaró Jesús María F. G., el informático que se encargaba de enviar el mail con los datos adjuntos al Colegio de Procuradores. Aseguró que los datos se cedían por parte del TSJM y que nunca accedieron a otro tipo de aplicaciones judiciales para obtenerlos. Se limitaba a comprobar que todo estuviese en un formato correcto y luego lo enviaba. Insistió en que no había hecho otro uso de los datos.

El juez tendrá que decidir ahora cuáles son los próximo pasos en la investigación: si declara la causa compleja para que se siga investigando y si recaba la información del CGPJ que le pide la Fiscalía.

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Publicado el
18 de octubre de 2019 - 23:11 h

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