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García Castellón vuelve a dejar a Cospedal fuera de una investigación sobre el sabotaje al caso de la caja B del PP

La antigua secretaria general del PP y el juez del caso del espionaje a Bárcenas

Pedro Águeda

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El juez Manuel García Castellón no quiere volver a ver a María Dolores de Cospedal por la Audiencia Nacional. Después de que archivara su imputación por el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados, García Castellón se ha negado a que declare como testigo en otra pieza del caso Villarejo, muy vinculada a la primera, concretamente la que investiga presiones al abogado del extesorero para que información de la caja B del Partido Popular no llegara a los medios de comunicación. 

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez del caso Villarejo rechaza la petición de Javier Gómez de Liaño, ex letrado de Bárcenas, para que declare como testigo María Dolores de Cospedal. Gómez de Liaño figura como perjudicado en esta pieza 36 del caso Villarejo, que el juez mantuvo oculta, incluso después de archivarla, y que solo trascendió cuando la Sala de lo Penal dictó un auto obligándole a reabrirla.

García Castellón no tuvo entonces más remedio que aceptar la condición de perjudicado de Gómez de Liaño y tomarle declaración. El pasado 23 de mayo, el abogado, desvinculado hace años de la defensa de Bárcenas, insistió ante el juez en uno de los indicios obrantes en la pieza: una grabación en la que los imputados hablan de cómo un ex abogado del Estado cercano a Cospedal habría organizado la maniobra para presionar y que los papeles de la financiación irregular no llegaran a la prensa. 

Gómez de Liaño situó a la ex secretaria general del PP detrás de la operación y añadió que incluso se intentó sobornar a la secretaria de su despacho a cambio de información de Bárcenas, según informó después El Periódico de España. Por esos hechos, Gómez de Liaño presentó una denuncia en otro juzgado de la Audiencia Nacional que sobreseyó los hechos por falta de pruebas. Con la negativa a citar a Cospedal, García Castellón ensancha aún más lo que Anticorrupción calificó como “línea roja” de protección a la cúpula del PP por parte del juez [leer aquí 'La exculpación de Cospedal en cinco actos (de García Castellón)] y que incluye a Mariano Rajoy.

La pieza 36 del caso Villarejo se abrió a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción 2 de Marbella, que había ordenado un registro en el domicilio de dos individuos, Halit Sahitaj y Jana Kleiner en el marco de otra casusa. Allí aparecieron unos correos electrónicos con cuatro archivos de audio, de 20 de octubre de 2014, en plena operación Kitchen, que mostraban, de forma indiciaria, una nueva treta para ocultar la financiación irregular del PP. 

“Un encargo de personas vinculadas al PP”

Dichos archivos de audio, recogía la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en su auto, ponían “de manifiesto, de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al Partido Popular a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado entonces en el sumario conocido con Gürtel, Javier Gómez de Liaño, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con dicho sumario”.

Una vez analizados los cuatro archivos de audio remitidos a la dirección de mail de Gómez de Liaño se concluyó que los tres interlocutores eran José Luis Moreno Cela, Mónica Gil Manzano y Juan Ramón Díaz Moro, hasta ahora los tres imputados en la pieza separada 36 del caso Villarejo.

Para profundizar en las pesquisas, el letrado Gómez de Liaño pidió que se imputara a José Aliste Martín, un abogado que ya figura como investigado en un juzgado de Madrid por participar en una presunta trama de la brigada política del PP para obtener información contra Podemos de ex jerarcas venezolanos. Además, Gómez de Liaño solicitaba que declararan como testigos otros tres miembros del entorno de José Manuel Villarejo, además del propio policía jubilado: los abogados Javier Iglesias y Óscar Jiménez Rubia y la abogada del Estado y ex número dos del PP María Dolores de Cospedal. 

La Fiscalía Anticorrupción, que ya se había opuesto en su momento al cierre de la pieza dictado por García Castellón, no apoyó la declaración de cuatro de los testigos en este momento procesal, pero sí de un quinto, y en condición de investigado. Se trata del abogado Javier Iglesias Redondo, alias 'El Largo', un habitual del círculo de Villarejo conocido por ser señalado por Bárcenas como la persona que fue a visitarle a la cárcel en el verano de 2013 para ofrecerle, en nombre del Gobierno del PP, la destitución del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de las fiscales de Gürtel, y el archivo de la causa para su mujer, si no contaba la caja B de los conservadores. 

Los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas argumentan que en la declaración de Gómez de Liaño del 23 de mayo “se aportaron datos objetivos, y a contrastados en la presente causa, sobre una eventual participación en esta trama de Javier Iglesias Redondo, abogado próximo al Partido Popular que visitó a Luis Bárcenas en la prisión de Soto del Real sin ser su letrado”.

García Castellón ha aceptado que declare Javier Iglesias pero no como investigado sino como testigo. Los fiscales avisan de que del “resultado de esta declaración” depende que respalden la petición de comparecencia de Cospedal y el resto de las personas señaladas en su escrito por Gómez de Liaño.

Un viejo conocido de los servicios de Información

La Brigada Política, incluido Villarejo, habría hurgado en las cuentas privadas del abogado Gómez de Liaño, defensor entonces de Bárcenas. con la intención de encontrar dinero negro que le comprometiera. Para ello se pusieron en contacto con uno de los antiguos clientes del exmagistrado, el mafioso ruso Zakhar Kalashov, que había sido condenado en 2010 a siete años de cárcel por su pertenencia al crimen organizado ruso. 

En las agendas del comisario Villarejo constan numerosas anotaciones en las que se muestra cómo la trama Kitchen investigó, sin orden ni mandato judicial, un supuesto cobro en 'b' por parte de Gómez de Liaño de hasta 5,5 millones de euros que habrían sido abonados por Zakhar Kalashov, algo que nunca se ha demostrado. Uno de los ciudadanos extranjeros a los que se le incautaron los audios, Halit [o Jaled] Sahitaj, es un viejo conocido de los servicios de Información españoles y miembro del círculo del mafioso ruso-georgiano Kazhar Kalashov, antiguo cliente de Gómez de Liaño.

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