El Gobierno de Carmena, atrapado entre la deuda milmillonaria de la era Gallardón y el rigor contable de Montoro
Durante la primera mitad del mandato, la gestión de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid estuvo condicionada por la herencia recibida: 24 años de Gobiernos del Partido Popular dejaron la ciudad más endeudada de Europa, con números rojos por encima de los 5.500 millones de euros.
Desde 2015, el equipo de Ahora Madrid ha enjugado aproximadamente un tercio, alrededor de 2.000 millones, pero pese a haber relajado notablemente el peso de la deuda, que no era desde luego su principal compromiso electoral, en el tramo final de la legislatura la coalición que preside Carmena vuelve a toparse con decisiones de otro Ejecutivo del Partido Popular, esta vez en el Gobierno central, que atenazan sus planes de futuro. Y todo en un momento en el que aún debe resolver si repite como candidata en las elecciones de 2009.
Si en los últimos dos años el nuevo Gobierno municipal fue víctima de las políticas expansivas y el gasto desaforado de Alberto Ruiz Gallardón durante las épocas de bonanza que dejó un colosal agujero en las cuentas, ahora choca con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, erigido en guardián de la austeridad, que no ha dudado en recurrir a los tribunales para paralizar más de 300 obras del consistorio y que acaba de forzar a la alcaldesa a pegar un nuevo tijeretazo a los presupuestos de 173 millones. Desde principios de noviembre además ha intervenido las cuentas municipales que son fiscalizadas desde el ministerio semana a semana.
El conflicto institucional ha llegado al Congreso de los Diputados a través de una iniciativa de Unidos Podemos y En Marea -que el PP intentó vetar pero ya fuera de plazo- para cambiar la sacrosanta regla de gasto y que Hacienda conceda un poco de aire a los Gobiernos locales con superávit que han contribuido significativamente a equilibrar las cuentas del Gobierno de España para que pueda acercarse a los deberes que impone Europa.
Con todo, sortear los peros de Hacienda no será fácil. Para ello habría que modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada con los votos de PP, CiU, UPyD y UPN, que impide a las administraciones aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española, lo que se conoce como “regla de gasto”. La norma impide a ayuntamientos y diputaciones incrementar su inversión por mucho que tengan superávit: el remanente de tesorería debe emplearse en amortizar deuda, principal mandamiento en la era de la austeridad.
De momento el choque entre Hacienda y el Gobierno de Madrid es total y previsiblemente vivirá nuevos episodios en los juzgados y desde luego en los medios de comunicación. Desde el Ayuntamiento se acusa a Montoro de persecución y se recuerda que el Gobierno no solo ha cambiado los criterios para computar la regla de gasto en la capital, sino que exige a Madrid premisas que el gabinete de Rajoy no cumple en la lucha contra el déficit. Desde el Palacio de Cibeles se recuerda, de paso, que con algunos municipios en manos del PP el ministerio ha sido más laxo. Hacienda replica que el Gobierno de Carmena no es diferente al resto y que debe cumplir la ley.
El asunto trasciende a una mera discrepancia técnica a la hora de interpretar la regla de gasto. Y representa mucho más que una pelea de administraciones. Para el PP la alcaldía de la capital es un feudo clave, que había mantenido de manera ininterrumpida durante los últimos 24 años. Para Ahora Madrid e incluso para Podemos, el ejemplo de que la izquierda alternativa no solo tiene un diagnóstico sino que es capaz de gestionar las ciudades de mayor presupuesto, como se ha encargado de repetir Pablo Iglesias.
Lo advirtió la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, la más transparente de los dirigentes populares, el día del cierre de campaña de las municipales de 2015: “Carmena quiere utilizar el Ayuntamiento de Madrid para desmontar el sistema democrático occidental”.
Dos años y medio después de que el Gobierno de Ahora Madrid llegase al ayuntamiento de la capital de España, la geopolítica internacional ha sufrido cambios, ninguno de ellos atribuible al Gobierno de Ahora Madrid, donde parte de la coalición echa de menos políticas más rupturistas con las líneas de sus antecesores, especialmente en relación con intervenciones urbanísticas como la llamada Operación Chamartín.
Para saber cómo alcanzó Madrid esa deuda insoportable que llegó a consumir mil millones de euros anuales en pagos a bancos, conviene hacer un poco de memoria y remontarse a los años de las vacas gordas... y también a los sueños de grandeza de Alberto Ruiz Gallardón. A tres fracasos consecutivos en las candidaturas olímpicas. Y, por qué no decirlo, a unos cuantos despilfarros.
Así es la evolución de la deuda del Ayuntamiento de Madrid
Deuda según Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) entre 2003 y 2017. Los datos de 2017 son hasta el mes de junio
Con él al frente de la alcaldía, el Ayuntamiento pasó de deber poco más de 1.000 millones de euros en 2003 a 6.348 millones de euros, ocho años más tarde cuando abandonó el Gobierno municipal pocos meses después de ser reelegido para convertirse en ministro de Justicia de Mariano Rajoy. La fuente no es sospechosa, todo está en los balances del Banco de España. Con Ana Botella los números rojos llegaron hasta los 7.430 millones en 2012 (1.000 millones se deben al último intento por ser sede olímpica) y bajaron hasta 5.583 millones cuando se produjo el traspaso de poderes a Manuela Carmena.
Cierto que durante los dos mandatos de Gallardón Madrid experimentó una gran transformación con infraestructuras muy relevantes, pero lo hizo a costa de dejar firmados compromisos de pago para las siguientes décadas.
La ruinosa ingeniería financiera de la obra en la M-30
Un ejemplo es la obra del soterramiento de la M-30, 32 kilómetros de circunvalación que se han ganado para la ciudad con el gigantesco parque de Madrid Río. Se pagará hasta 2040 y la Cámara de Cuentas concluyó que la ingeniería contable y administrativa que ideó el Gobierno de Gallardón a principios de 2000 para acometer su infraestructura más ambiciosa -a través de una empresa mixta con capital municipal y empresas privadas donde la factura la pagaba el Ayuntamiento y el beneficio se lo llevan las constructoras- fue solo un modo de garantizar a Ferrovial y Dragados, las empresas adjudicatarias unos beneficios anuales del 7%.
En castellano raso: el Gobierno de Gallardón recurrió a las grandes constructoras -sin problemas de liquidez en aquellos años de las vacas gordas del ladrillo y expansión de la inversión pública- para pedir prestado el dinero a cambio de adjudicarle un contrato de décadas con unos beneficios garantizados. La fórmula pretendía además que Europa no computase esa inversión milmillonaria como deuda puesto que se presentaba como la concesión de un servicio y no como inversión pública. El plan no salió bien: al final Europa obligó a computar la deuda. Y el soterramiento de esa arteria fundamental consumió más de 7.000 millones de euros. Durante estos meses han aflorado sobrecostes difícilmente justificables y pagos por servicios que presuntamente no se han llevado a cabo. La Cámara de Cuentas ha certificado que el contrato “es perjudicial” para las finanzas municipales.
500 millones en la sede para el Ayuntamiento
Hubo otras decisiones bastante más difíciles de explicar. Gallardón decidió gastar 500 millones de euros en la compra y restauración del Palacio de Cibeles para convertirlo en sede municipal. El sueño olímpico que llevó a Madrid a presentar candidatura tres veces seguidas (dos durante el mandato de Gallardón, y una tercera ya con Botella en la alcaldía) tampoco ha salido gratis a los madrileños. Entonces el gasto realizado por el consistorio no supuso un problema para el Gobierno de Mariano Rajoy (con Montoro ya como titular de Hacienda) que apadrinó el tercer intento de convertirse en sede olímpica.
Pero pocas operaciones explican tan bien la filosofía de aquellos años de euforia económica como la que el Gobierno de Gallardón llevó a cabo con el edificio del número 45 de la calle Alcalá, en pleno centro de la capital y que hoy alberga la sede de la Concejalía de Economía.
Un alquiler municipal que costaba 18.400 euros diarios
El inmueble, construido a principios de 1900 con nueve plantas sobre rasante y una superficie de 15.125 metros cuadrados, lo había adquirido en 2001 otro alcalde del PP, José María Álvarez del Manzano, que pagó al BBVA 85 millones de euros, entre suelo y obras de rehabilitación. Solo tres años más tarde el Ayuntamiento ya presidido por Gallardón lo vendió a la constructora Sacyr por 99,8 millones. Pero las instalaciones municipales no se movieron de allí, el Gobierno local firmó con el comprador un contrato de alquiler por el que pagó en 12 años, los que van de 2004 a 2016, 80,6 millones de euros.
La sorpresa cuando llegó el equipo de Ahora Madrid al Gobierno fue mayúscula al ver que el arrendamiento de un edificio que ya era suyo costaba a las arcas municipales 18.400 euros diarios. En 15 años, el Ayuntamiento iba a pagar 100,7 millones, más de lo que había ingresado por la venta del inmueble.
Como en el caso de la M-30, otra constructora, esta vez Sacyr, estaba financiando a un alto precio los sueños megalómanos de Gallardón que ya entonces planeaba la compra del Palacio de Cibeles.
El Ejecutivo de Carmena decidió el pasado año poner fin a la sangría y comprar de nuevo el edificio por 104 millones de euros al fondo Merlin Properties, el gigante inmobiliario del IBEX que había adquirido Sacyr unos años antes. La compra se formalizó el 28 de diciembre de 2016, justo antes de cerrar el ejercicio.
La de Alcalá 45 es una de las compras que censura Hacienda partidaria de que cualquier superávit se dedique a rebajar deuda en lugar de a adquirir patrimonio. La intervención de las cuentas municipales de Madrid persigue ahora exactamente eso.
