Rajoy obligado a acortar las vacaciones parlamentarias para salvar sus decretos
La agenda pública del Congreso de los Diputados (PDF) no prevé la celebración de ninguna sesión plenaria hasta el próximo 12 de febrero. Así lo fijan las larguísimas vacaciones parlamentarias que en la cámara baja denominan periodo inhábil y que justifican como la parte del año en la que sus señorías desarrollan su trabajo en sus circunscripciones y más cerca de sus electores directos. En el gráfico que acompaña esta información (obtenido de la web del Congreso) solo está prevista la celebración de sesiones plenarias en los días marcados en amarillo. Sin embargo, la afición de Rajoy a gobernar por la via del decreto ley podría cambiar las cosas este año y obligar a sus señorías a dejarse caer por el Congreso antes de lo que tenían previsto.
Según fuentes parlamentarias consultadas por eldiario.es, la convocatoria de un pleno extraordinario en el mes de enero parece obligada si el Gobierno quiere evitar que sus últimas decisiones se conviertan en papel mojado. La necesidad de convocar un pleno no previsto se debe a los decretos ley aprobados por el Gobierno y pendientes de convalidación parlamentaria. La fórmula del decreto ley permite al ejecutivo acelerar la puesta en marcha de sus decisiones sin debate previo. Al Gobierno le basta con tomar una decisión y porteriormente publicarla el el Boletín Oficial del Estado para que tenga efecto legal. Sin embargo, antes de transcurridos 30 días, el ejecutivo debe convalidar sus resoluciones en un debate parlamentario.
En esta ocasión, el calendario navideño no se ajusta a los planes del ejecutivo y por ello, según fuentes parlamentarias, se da casi por segura la convocatoria de un pleno extraordinario. De no convocarlo, los últimos decretos de Rajoy quedarían automáticamente derogados y convertidos en papel mojado.
El cambio en la agenda
El último consejo de ministros de año, celebrado el pasado 28 de enero, aprobó vía decreto las nuevas condiciones de trabajo para las empleadas del hogar. En ese texto, publicado en el BOE el último día de año (PDF), el Gobierno coló un añadido referente al “déficit tarifario”. En ese añadido al decreto se plantea la prohibición de generar déficit de tarifa eléctrica en 2013, lo que a juicio de la oposición supone aceptar más dinero para las eléctricas y facturas más abultadas para los usuarios.
Según fuentes parlamentarias, el grupo popular alterará la agenda prevista para llevar esa decisión a pleno, obtener la convalidación y evitar del decaimiento de la medida.
La afición del ejecutivo de Rajoy a gobernar por la vía del decreto ley alcanza en lo que llevamos de legislatura cotas inéditas. El gobierno del PP ha aprobado este año algo menos de 20 leyes mientras que sus decretos ley se han acercado a la treintena.
Además, en la mayor parte de esos decretos, se ha evitado la tramitación como proyecto de ley. Aunque suene excesivamente técnico, la manera de gestionar una convalidación en el Congreso tiene efectos políticos evidentes. Hay dos maneras para hacerlo: una convalización simple o la tramitación como proyecto de Ley. En el segundo de los casos, la oposición tiene posibilidad de presentar enmiendas y variar durante el debate las decisiones iniciales del Gobierno. La convalidación simple solo ofrece la posibilidad de decir sí o no, algo casi irrelevante cuando media una mayoría absoluta. La mayor parte de los decretos de la era Rajoy han sido tramitados por la vía simple, hurtando la aportación de la oposición e impidiendo que el Senado de su opinión sobre la materia a debate.
