El Gobierno planea reformas legales “quirúrgicas” del Constitucional y el Poder Judicial para poner fin al bloqueo del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados.

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La España oficial está tan polarizada que ni el aniversario de la Constitución es excusa para el acercamiento. Con fiesta o sin fiesta, el Congreso de los Diputados es un hervidero de desencuentros en el que no hay espacio para el acuerdo y, entre algunos, tampoco para el saludo. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no lo hicieron este martes durante la recepción con motivo del 44 cumpleaños de la Carta Magna. Cada partido tira con tal fuerza de su lado que la cuerda está demasiado tensa y el 6 de diciembre tampoco anima al mínimo entendimiento. 

No hay impostura entre los que asisten a la celebración tradicional en la Carrera de San Jerónimo. Tampoco entre los que no asisten y que este año, además de los independentistas catalanes y vascos, fueron también los diputados de Vox. Los primeros, porque nunca se sintieron concernidos por la efeméride. Y los segundos, porque no quieren compartir espacio “con quienes la violan”. Los de Ciudadanos estaban a lo suyo, peleando por los restos del naufragio de un partido en descomposición. Así que ni aparentaron llevarse bien los que no se llevan bien ni fingieron los que no tienen interés en el consenso. Cuando la derecha no gobierna, el acuerdo suele ser una palabra en desuso. 

Claro que la convergencia se ha convertido también en una misión imposible entre los partidos del mismo bloque, ya que no se atisba en el seno de la coalición respecto a las diferencias sobre la ley trans. El PSOE mantendrá la enmienda con la que pretende dar seguridad jurídica a los menores de 16 años y Podemos no tiene intención de aceptarla.

El presidente quiere hacer valer la mayoría de su grupo

Pese a que Sánchez no se cansa de reivindicar la labor del Gobierno de España y poner en valor que en estos tres años se han trabado acuerdos en el seno de la coalición que han trascendido las siglas de las dos formaciones que lo integran, tampoco oculta que las leyes que se aprueban en el Congreso salen adelante “porque el PSOE es el partido mayoritario”. Y este es un mensaje, el del principio de proporcionalidad, que hará valer en adelante cuando el Gobierno afronte, tras conocer el criterio del Supremo, los ajustes técnicos que sean necesarios en la ley del solo sí es sí que ha provocado efectos indeseados con la rebaja de penas en condenados por agresiones sexuales. 

En los corrillos posteriores a la recepción oficial fue también asunto de conversación la encuesta publicada este martes por El País en la que se ponía de manifiesto que la división de la izquierda, especialmente entre Podemos y la plataforma Sumar de Yolanda Díaz, situaría a la derecha al borde de la mayoría. En el PSOE hay preocupación al respecto, pero el presidente echó balones fuera ante la pregunta de si tenía la sensación de que la parte morada de la coalición estaba intentando dinamitar el Gobierno desde fuera. “Esa es una pregunta que no debo responder”, afirmó, antes de hacer una apelación explícita a la unidad a la izquierda del PSOE ante la amenaza de la suma Vox-PP. 

Feijóo y la “amenaza real” contra el sistema del 78

Antes, la presidenta del Congreso se desgañitaba en su discurso para pedir que sus señorías usen la Cámara para “construir” y no para “zaherir” u “ofender” sin que nadie la escuchara. Su defensa de la palabra “como instrumento de persuasión, de buscar los equilibrios razonables entre posiciones distintas y de escuchar” no parece que surtiera efecto. Porque de un lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defiende que hay una “amenaza real” contra el sistema constitucional por culpa de los partidos que sostienen a un Gobierno “que bordea” la Carta Magna y de otro, Pedro Sánchez le responde que no dé lecciones de constitucionalismo mientras no cumpla con la ley de leyes que le obliga a renovar el Consejo General del Poder Judicial. 

Honrar la Constitución significa, para el presidente del Gobierno, cumplir “todos los artículos todos los días”. De ahí que hiciera el enésimo “llamamiento a la responsabilidad de los partidos conservadores para que cumplan sus obligaciones constitucionales”. Consciente de que no se moverán y de que el bloqueo del Consejo del Poder Judicial, con mandato caducado desde hace cuatro años, se trasladará al Tribunal Constitucional, donde el bloque conservador ha decidido boicotear el nombramiento de los magistrados propuestos por el Ejecutivo, La Moncloa barrunta sendas reformas quirúrgicas de las leyes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional para acabar con la situación de bloqueo del PP, según ha podido saber elDiario.es.

Fuentes gubernamentales califican de “golpe de Estado” el bloqueo de la derecha para mantener tanto en el órgano de gobierno de los jueces como en el máximo garante de la Carta Magna una mayoría que no se corresponde con la que salió hace tres años de las urnas y añaden que la única manera de neutralizarlo es “una reforma de precisión” para acabar con una situación que es, “además de anómala, profundamente antidemocrática”, según palabras de uno de los vocales progresistas que asistieron a la recepción de la Constitución. Sin dar demasiados detalles, el propio Sánchez se mostró convencido de que antes de que acabe el año en curso habrá renovación en el Constitucional, algo que corroboraron después otros miembros del Gobierno a este diario. 

Cheque o deducción en IRPF para los alimentos

Y no es este el único asunto que el Ejecutivo confía en resolver antes de que acabe el año, ya que del mismo modo sopesa medidas, en el marco de un tercer paquete anticrisis, que incluyan algún tipo de ayuda con la que las familias más vulnerables puedan afrontar el alza de los precios en la alimentación. Y es que la preocupación por el precio de la cesta de la compra es un asunto que colea desde mediados de año. El IPC de los alimentos dio un salto significativo a las dos cifras en abril de este año y desde entonces no ha dejado de subir hasta alcanzar un 15,4% en octubre.

En este marco, el pasado mes de septiembre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sugirió llegar a un acuerdo con las grandes distribuidoras y cadenas de supermercados para establecer una cesta de la compra básica a precios limitados para contener la inflación. Pero no es esa la solución que estudian en la parte socialista del Gobierno, donde se dirimen entre la aprobación de una tarjeta monedero de unos 100 euros para las rentas más bajas o una deducción fiscal por ese importe que se aplicaría en el IRPF de 2024.

Lo más inmediato para el Gobierno es, en todo caso, decidir sobre la enmienda que ERC presentará esta semana en el marco de la reforma del Código Penal para modificar el delito de malversación. Una iniciativa a la que el presidente Sánchez se mostró de nuevo abierto, siempre y cuando no afecte a las penas por corrupción política, que es, por otra parte, la filosofía con la que afrontan los republicanos la redacción del texto que se conocerá el próximo viernes.

Sánchez nunca cerró del todo la puerta a esta posibilidad, pese a las críticas que la decisión ha provocado no solo en la oposición, sino también en distintos sectores del PSOE, si bien desde La Moncloa tratan de cerrar definitivamente la etapa del proceso independentista en Catalunya y sus consecuencias para iniciar una nueva de entendimiento. Al fin y a la postre, el presidente, como dijo ante los periodistas, está convencido de que en las próximas elecciones esta comunidad será el principal activo del PSOE.

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