El Gobierno propone a las comunidades reubicar dos centenares de menores acogidos en Ceuta para hacer hueco a los llegados desde el lunes

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, junto al secretario de Estado, Nacho Álvarez, durante la reunión con las comunidades de este miércoles.

Unos 200 menores no acompañados que ya están asentados en centros de acogida de Ceuta serán distribuidos en los próximos días por las comunidades autónomas para hacer hueco en dichos centros a los muchos niños solos que han llegado a la ciudad norteafricana en los últimos días como parte de la oleada de migrantes que han entrado en España a través de la frontera con Marruecos. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se ha reunido este miércoles con los consejeros de los gobiernos autonómicos para analizar la situación y definir los criterios del reparto. Fuentes del departamento aseguran a elDiario.es que "la predisposición ha sido buena" y que ninguno ha rechazado formar parte del plan, pero de momento no se ha acordado el método que determinará cuántos niños van a cada sitio, aunque debería pactarse en los próximos días ante la situación de desborde que vive Ceuta.

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"Las comunidades han mostrado su apoyo a la propuesta del ministerio para que las distintas regiones ofrezcan alrededor de 200 plazas de acogida para menores que ya estaban en centros de protección de Ceuta y cuya situación legal, escolar y sanitaria está atendida y regularizada por la Ciudad Autónoma", asegura Derechos Sociales en un comunicado.

El traslado se podría hacer "de forma inmediata", lo que permitiría liberar espacio para atender a los nuevos migrantes menores llegados. Tal y como ha asegurado esta misma mañana Belarra, el Gobierno "no se esperaba" la llegada masiva de personas porque "no responde a los flujos migratorios" habituales. D hecho, han cruzado la frontera muchos niños pequeños solos, "de 7, 8 y 9 años", según ha desvelado la ministra, quien ha calificado su situación de "dramática". "Muchos no sabían las consecuencias de cruzar la frontera y quieren volver. Estamos intentando que esos niños vuelvan a sus casas", ha señalado en una entrevista en TVE.

Para estos casos, Belarra ha solicitado que se refuercen los servicios consulares para favorecer así el reagrupamiento de estos menores con sus familias, que se quedaron al otro lado de la frontera. "Estamos trabajando con el resto de ministerios para articular todos los mecanismos que hagan posible que estos niños tan pequeños puedan volver con sus familias en condiciones de seguridad y con todas las garantías jurídicas", ha dicho la ministra.

Quejas de las comunidades del PP por los criterios

Pero estos son una parte de los cientos de niños, niñas y adolescentes que han cruzado a Ceuta desde el pasado lunes. La reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales, que ha durado unas tres horas, ha analizado cómo ayudar a que Ceuta pueda absorber en sus centros a los que viajan sin familia o la han perdido durante el viaje.

El secretario de Estado de Servicios Sociales, Nacho Álvarez, ha hecho una propuesta in voce que ahora deberán analizar y aceptar, o no, las diferentes comunidades autónomas, siempre partiendo de la base de que todas han mostrado "una buena predisposición". La distribución de las plazas se hará siguiendo diferentes criterios: población, situación económica y por el impacto en acogida de los menores migrantes no acompañados de cada comunidad.

Pese a que todas han aceptado la premisa general, han sido varias las regiones que han protestado por estos criterios. Especialmente Andalucía que, según relatan fuentes del ministerio a este medio, se ha quejado de que Canarias, Melilla y la propia Ceuta queden fuera del reparto por la presión migratoria que sufren, y sin embargo no se aplique ese mismo criterio para dicha comunidad. De hecho, la Junta que dirige Juan Manuel Moreno ha cambiado en menos de 24 horas su posicionamiento. Del  "nosotros vamos a estar aquí esperándolos, porque son menores vulnerables que están llegando a nuestras costas" a "Andalucía no puede acoger a más niños".

Otras comunidades gobernadas por el PP, como Galicia, Murcia, Castilla y León o Madrid, también han expresado diferencias. Por eso en las próximas horas el Ministerio de Derechos Sociales y los consejeros perfilarán el número exacto de menores que pueden y quieren acoger, hasta alcanzar la cifra que el departamento de Belarra considera necesaria para paliar los efectos de esta crisis migratoria, devenida en crisis humanitaria, que afecta a Ceuta.

Devoluciones en caliente

La presión migratoria sobre Ceuta se ha reducido notablemente tras las miles de personas que llegaron a nado entre la tarde del lunes y la mañana del martes por el restablecimiento de los controles por parte de las autoridades marroquíes, pero también por las devoluciones en caliente que está ejecutando España. Muchos de los migrantes están regresando de manera voluntaria y actualmente el mayor tránsito se produce precisamente hacia Marruecos.

Esas "devoluciones en caliente" son uno de los principales puntos de fricción dentro del Gobierno de coalición. La ministra de Derechos Sociales ha recordado esta mañana que la ley establece que "se tienen que hacer con supervisión judicial y cumpliendo con los Derechos Humanos", algo incompatible con devolver a miles de personas de forma inmediata al otro lado de la frontera. Con esta fórmula, es inviable por ejemplo determinar si hay menores no acompañados entre los devueltos a Marruecos, lo que incumpliría la ley.

"Tenemos la orden de llevarlos a todos de vuelta. Da igual que sean menores y el punto al que lleguen de la playa. Si son niños muy claros, a veces se les separa en grupos y los entregamos a la Guardia Civil, pero tampoco sabemos muy bien cuál es el protocolo a seguir", explica un soldado a elDiario.es en las mismas calles de Ceuta. Interior defiende que estas devoluciones tienen cobertura legal porque son "rechazos en frontera". Sin embargo, las devoluciones inmediatas han sido seriamente cuestionadas por la falta de garantías.

Aunque el Tribunal Constitucional avaló el pasado noviembre la normativa en la que se apoya el Ejecutivo para ordenar estas prácticas, exigía su aplicación en "entradas individualizadas" con "pleno control judicial" y en "cumplimiento de las obligaciones internacionales", algo que no se cumple en la actualidad.

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19 de mayo de 2021 - 18:57 h

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