El Gobierno mantendrá lo pactado en la investidura sobre subidas de impuestos a las fortunas y “modulará” partidas de gasto

La pandemia de la COVID-19 ha cambiado radicalmente las perspectivas económicas de España nada más comenzar la andadura del Gobierno de coalición. Pedro Sánchez tuvo que renunciar a su plan de presentar unos presupuestos para los meses que quedaban de 2020 y a seguir con los prorrogados desde 2018 con la intención de presentar “en tiempo y forma” a finales de septiembre las cuentas del próximo año, que tendrán que elaborarse con unas cifras muy diferentes a las que Economía y Hacienda tenían sobre la mesa a la hora de suscribir los acuerdos de investidura. Con una caída prevista del PIB superior al 9% para final de año, tanto PSOE como Unidas Podemos asumen que tendrán que “analizar lo acordado” e incluso “modular” los compromisos alcanzados. No obstante, el plan fiscal del Ejecutivo -con subidas de impuestos a las grandes corporaciones o a las fortunas- sigue intacto, según fuentes gubernamentales, que admiten que será en las medidas que supongan gasto en lo que se tendrá que establecer un orden de prioridad en función de las circunstancias.

El camino de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que es al final y al cabo el proyecto clave para plasmar el acuerdo programático y del que depende la duración de la legislatura, se antoja complicado. La primera parada será Bruselas. El Gobierno de Sánchez lo fía todo a la negociación en el seno de la UE, de la que esperan que el fondo de reconstrucción europeo tenga la menor condicionalidad posible. Por eso el presidente ha apelado en los últimos días al “patriotismo” del resto de partidos, especialmente del PP, para defender las mejores condiciones de las ayudas para España. “Estaría bien que le dijera a la señora [Dolors] Montserrat que no se alinee con los halcones europeos, que atienda a las demandas de España”, le dijo Sánchez al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, en referencia a la posición mantenida por los de Pablo Casado.

De esos ingresos y del nivel de endeudamiento que establezca Bruselas a España para la senda de déficit dependerá en buena medida el margen de maniobra que tenga el Gobierno español para la elaboración de las cuentas públicas. De ahí también el interés en situar a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, al frente del Eurogrupo en un momento de crisis sin precedentes.

La delicada situación económica, sumada a los equilibrios aritméticos para sacar adelante los presupuestos en el Congreso, han llevado a los socialistas a asumir que tendrán que hacer cesiones para sacarlos adelante. A pesar de las presiones que han llegado del Ibex 35 y de la banca en contra de algunas de las medidas del acuerdo suscrito por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para la legislatura, el Gobierno ha dejado claro que su pretensión es mantener los compromisos en materia fiscal.

“Nuestro país se tiene que acercar a la media europea de tributación de las grandes empresas y la presión fiscal sobre nuevos modelos de negocio que se articulan por vías completamente nuevas y que tienen que ser objeto de gravación porque es lo solidario y lo justo”, expresó la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que también recordó a los empresarios que el Gobierno derogará los “aspectos más lesivos de la reforma laboral”. El compromiso de la coalición es impulsar una nueva normativa laboral, aunque Sánchez ha enfriado el horizonte temporal. Pese a que pactó con EH Bildu acabar con algunos de los aspectos más perjudiciales para los trabajadores de la reforma unilateral de Mariano Rajoy en 2012 antes de que terminaran las medidas extraordinarias adoptadas durante la emergencia sanitaria, el presidente se limitó este domingo a enmarcar esas modificaciones en el diálogo social.

La portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió este martes que los compromisos programáticos se tendrán que “adaptar a las circunstancias del momento”. Fuentes gubernamentales explicaron posteriormente que sus palabras se referían a la reordenación de las medidas que conlleven gasto y no aquellas encaminadas a reforma del sistema fiscal.

“Tenemos que tener esa capacidad, de dejarnos guiar por nuestro acuerdo programático, pero tener los pies en el suelo, para escuchar a todos, y para concitar las mayores alianzas posibles. Este Gobierno por sí solo no puede aprobar un Presupuesto. Se ve obligado a dialogar, a escuchar, a recibir y a incorporar. Eso significa modular su propia hoja de ruta que tenía prevista antes de que ocurriera esta pandemia”, explicó Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

No obstante, la portavoz aseguró después que “no es que el Gobierno vaya a modificar el acuerdo programático que tiene con Unidas Podemos” que, según indicó, “impregna la totalidad de las acciones del Gobierno”: “Habrá que escoger de todas esa batería de medidas aquellas que más contribuyen en este momento a reconstrucción de nuestro país, a construir unos servicios públicos de calidad o a dotar a nuestro tejido productivo de los instrumentos transformadores que le permitan ganar músculo, ganar fortaleza”.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también admitió que “es obvio que después de la peor epidemia en 100 años uno tiene que analizar lo que había acordado previamente”. “Tanto Unidas Podemos como el PSOE nos presentamos a las elecciones con sendos programas electorales que fueron escritos antes de la epidemia, sin conocer los efectos sociales y económicos que iba a tener -afirmó-. Si lo hubiéramos sabido probablemente hubiéramos llevado mayor inversión en sanidad o algún mecanismo como los ERTE”.

Echenique admitió que esa situación “exige” que la coalición tenga “flexibilidad”, aunque advirtió de que el acuerdo requiere “cumplimiento” y defendió que “está muy bien adaptado a la situación actual”. “Es un acuerdo progresista que habla de fortalecer el estado del bienestar, de modernizar el sistema productivo y de una reforma fiscal progresiva”, apostilló.

Lo que Unidas Podemos no aceptará es recortes en los servicios públicos, pero asume que la situación puede obligar a variar algunas de las prioridades programáticas. En una entrevista con la agencia Colpisa, Iglesias afirmó el domingo que no aceptaría “recortar la sanidad, los servicios sociales o el ingreso mínimo vital, bajo ningún concepto”. “Ni Unidas Podemos ni este Gobierno lo van a aceptar. Pero otra cosa es cuando hablamos de política fiscal. España está a siete puntos de diferencia en justicia fiscal de otros países europeos. Tenemos un margen de acción grande y esperamos que haya medidas del escudo social que se vayan aliviando, como los ERTE, que no se han hecho para durar eternamente”, explicó el vicepresidente de Derechos Sociales en la misma línea que este lunes se pronunció Calvo.

También el presidente enfatizó que la respuesta que se está dando en esta ocasión es “en positivo” y “completamente distinta a la que se dio en 2008”. Sánchez también explicó que, conforme vaya mejorando la situación, los recursos extra que se han puesto sobre la mesa ahora se irán haciendo paulatinamente innecesarios. “Nosotros lo que queremos es una respuesta inclusiva y sostenible, sostenible desde el punto de vista social, medioambiental y, lógicamente, laboral”, apuntó Sánchez el domingo. Los miembros de la coalición se sienten, además, avalados por la UE -el presidente del Parlamento Europeo puso como ejemplo el ingreso mínimo vital aprobado en España- e incluso por el FMI que ha recetado en esta ocasión gasto público para reactivar la economía.

Montero pide que no haya “vetos cruzados”

La calculadora, no obstante, no solo la han desempolvado en el Gobierno para cuadrar las cuentas públicas sino para analizar los apoyos que necesitan para que salgan adelante. En Moncloa anticipan que la negociación va a ser “muy complicada”. Sánchez emplazó al resto de fuerzas políticas a asumir que esta legislatura tendrá que tener “acuerdos transversales” ante la fragmentación del Parlamento.

A pesar de que inicialmente la portavoz aseguró que la negociación de los presupuestos tendría en las fuerzas que facilitaron la investidura, la parte socialista del Gobierno ha redoblado los llamamientos a la necesidad de aparcar los “vetos cruzados” para los presupuestos que considera que serán claves para la reconstrucción post-covid. En Moncloa miran a Ciudadanos para posibles entendimientos tras los últimos acuerdos para las prórrogas del estado de alarma y ante el temor de que un escenario electoral en Catalunya complique la relación con ERC.

“No es momento de los matices ni de los vetos cruzados. Lo fundamental es saber qué queremos hacer para los próximos años más allá de quién ha puesto la propuesta sobre la mesa”, señaló Montero un par de horas después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, descartara estar en cualquier entente que incluya a Ciudadanos: “Unos presupuestos pactados con la derecha, con uno de los partidos que hace poco estaba en la foto de Colón, no es que sea incompatible con ERC, es que es incompatible con cualquier medida justa de la izquierda”. Más conciliador fue el PNV, que admitió sus diferencias con el partido de Inés Arrimadas, pero se mostró dispuesto a negociar.

Aunque Unidas Podemos se ha abierto a esa negociación con Ciudadanos, la ven improbable. “Las dinámicas electorales tensan la política, pero nos pagan para llegar a acuerdos. ERC es un socio fundamental, habrá cosas en que no estemos de acuerdo, pero llegaremos a un acuerdo”, zanjó Iglesias en la entrevista en Colpisa en la que aseguró no ser “ingenuo” dado que el partido de Arrimadas gobierna con el PP y gracias a Vox en varias comunidades, como Madrid, Andalucía o Murcia: “Me cuesta pensar que estén de acuerdo con los Presupuestos de este Gobierno”.