El Gobierno rectifica y propone reformar la ley para agilizar la ratificación judicial de las medidas anti-COVID-19 tras varias resoluciones en contra

El Gobierno rectifica y se abre ahora a cambiar la ley para “mejorar la seguridad jurídica” de las medidas que están poniendo en marcha las comunidades autónomas para hacer frente a los rebrotes de COVID-19. El Ejecutivo, a través del Grupo Parlamentario Socialista, propondrá reformar la ley que regula la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que establece que las medidas sanitarias que limitan derechos fundamentales requieren ratificación judicial. 

Esta decisión llega tras varias resoluciones de jueces que han rechazado ratificar las restricciones propuestas por gobiernos autonómicos. Es el caso de Madrid, donde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el auto del juez de lo Contencioso que había rechazado en primera instancia ratificar las medidas propuestas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Esta semana un juez también se negó a validar la orden del Gobierno de la Región de Murcia que pretendía limitar las reuniones a seis personas. 

Precisamente el Gobierno propone atribuir la competencia de esta cuestión a los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma, en lugar de los juzgados de lo Contencioso-administrativo, establecer la tramitación preferente de estas autorizaciones o ratificaciones, que deberán resolverse en un máximo de tres días naturales e incorporar la participación del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos. 

El Gobierno ha informado de que la propuesta se articularía, previo acuerdo con los grupos parlamentarios, mediante una enmienda al proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Dicho proyecto se encuentra ahora mismo en trámite de enmiendas en el Senado y tras su aprobación en esta Cámara, pasará al Congreso para ser ratificado, lo que permitiría su entrada en vigor “en un plazo muy breve”.

La Moncloa sostiene que esta iniciativa persigue dotar de la mayor seguridad jurídica posible a las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias y dotar a las comunidades autónomas y demás administraciones públicas con competencias sanitarias de “todas las herramientas que necesiten” para gestionar la situación de la forma más adecuada en función de las circunstancias concretas que se den en su territorio.