El Gobierno encadena victorias parlamentarias y vislumbra sus primeros Presupuestos en medio del ruido de la derecha

El Gobierno de coalición está apenas a un mes de asegurarse la estabilidad suficiente para que la legislatura que arrancó el pasado mes de enero no decaiga de forma estrepitosa antes de cumplir su primer año. Ese fue el pronóstico que hicieron las derechas y sus terminales mediáticas: que el Ejecutivo formado por el PSOE y Unidas Podemos era inviable y que la legislatura sería corta. Y a eso se han dedicado Ciudadanos y Vox en el primer año de vida de la coalición en una estrategia de acoso y derribo que vivió su punto culminante en la moción de censura que reforzó al Gobierno y sirvió para hacer añicos la foto de Colón.

El Partido popular tampoco ha dado tregua al Gobierno de Pedro Sánchez, que calificó de ilegítimo desde el primer día. Los de Casado rompieron el acuerdo para reformar el Consejo General del Poder Judicial cuando este estaba cerrado al 99% y mantienen bloqueado el órgano de gobierno de los jueces y negaron incluso el voto para una prórroga del estado de alarma que se hacía imprescindible para contener la pandemia.

El PP alegó que su voto trataba de evidenciar que existían otras fórmulas jurídicas para combatir el virus. Cuando llevó ese armazón legislativo al Congreso, esta misma semana, salió vapuleado del debate: su estrategia no la avaló ni siquiera Vox, que fue durísimo con la portavoz, Cuca Gamarra, ni Ciudadanos. Su fórmula para limitar derechos de los ciudadanos y hacer confinamientos sin recurrir al estado de alarma –que según llegó a decir Casado “estabula a la población” y era propia de una dictadura– fue triturada en el hemiciclo y nunca más se supo. Pero para entonces, los populares ya se habían aferrado a otra campaña de ruido: el del apoyo de Bildu a los presupuestos, que vinculan al acercamiento de presos etarras a las cárceles de Euskadi. Su actitud ha sido criticada incluso por algunas víctimas, mientras la prensa afín habla de la banda terrorista como si todavía estuviera operativa y la coalición de Bildu fuese parte de ella.

En medio de ese clima atronador, el Gobierno encadena victorias parlamentarias en el Congreso. Logró desbaratar hace una semana las enmiendas a la totalidad de las cuentas con el apoyo de 198 diputados. Y acaba esta con 166 votos garantizados para sacar las cuentas. A diez de la mayoría absoluta que garantiza su aprobación.

Este viernes el PNV ofrecía de forma inesperada una rueda de prensa en la que daba casi por seguro su apoyo a las cuentas públicas que tramita de urgencia el Congreso para intentar aprobarlas de forma definitiva antes de final de año. Una semana antes era EH Bildu quien, por boca de su líder, Arnaldo Otegi, anunciaba el sí de su formación. La extraña competición de los dos partidos vascos que hoy se disputan la hegemonía política en Euskadi da como resultado que el Gobierno tiene al alcance su principal objetivo y cuenta con los suficientes apoyos potenciales como para negociar con tranquilidad con el resto.

El Gobierno ha recibido también esta semana el aval de la Comisión Europea al proyecto de Presupuestos. Bruselas cree que las cuentas “se ajusta globalmente” a las recomendaciones de la UE, lo que desbarata las opciones del PP de implicar a los socios comunitarios en sus esfuerzos por deslegitimar al Gobierno.

Pablo Casado no lo consiguió con la breve polémica sobre el control de la información por parte del Ejecutivo ni, ahora, con las previsiones económicas para 2021. Pero tampoco con su plan jurídico para gestionar la pandemia, el que ha sido el principal ariete del PP para atizar al Gobierno, con la ayuda de la Comunidad de Madrid. La proposición de ley se deshacía como un azucarillo en el Parlamento, donde apenas recabó el apoyo de 10 diputados, ninguno de ellos de Vox y Ciudadanos, sus socios en los gobiernos autonómicos.

La producción legislativa del Gobierno avanza en medio del ruido y de una campaña feroz de la derecha. Esta misma semana la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha logrado que el Congreso apoye su reforma educativa, la LOMLOE, poniendo de acuerdo a partidos de espectros ideológicos muy alejados, como ERC, el PNV o PDeCAT, entre otros. Ni siquiera las referencias a la prevalencia de la red pública sobre la concertada sacaron a las derechas independentistas del respaldo a la ley, pese a que intentaron una inédita entente parlamentaria con las derechas españolas (PP, Vox y Ciudadanos). 

El Congreso ha dado luz verde también al acuerdo del Pacto de Toledo sobre las pensiones, lo que abre la vía para que el Gobierno, los sindicatos y la patronal negocien la legislación que debe dar cobertura a las recomendaciones parlamentarias y que tiene como principal objetivo acabar con el llamado “factor de sostenibilidad” que introdujo el PP y que, en situaciones económicamente malas como las actuales, implicaba la devaluación de las prestaciones.

Pero la letra pequeña del Pacto de Toledo no agrada del todo a los dos socios de la coalición. Algo que es trasladable al resto de materias. Los logros del Ejecutivo no evitan que emerjan las importantes diferencias que se producen en el seno del Consejo de Ministros en materias clave y que, cuando encallan, tratan de reconducir Pedro Sánchez y Pablo Iglesias personalmente.

El PSOE y Unidas Podemos buscan un equilibrio complicado en un país muy poco acostumbrado a que en el Gobierno central se sienten dos partidos. Más, en realidad, si tenemos en cuenta que Unidas Podemos es una coalición.

El apoyo de Bildu a los Presupuestos, que monopolizaba la campaña de las derechas hasta la aprobación de la ley educativa, ha incomodado a algunos sectores PSOE. Así lo dijeron en público barones socialistas como Emiliano García–Page, Guillermo Fernández Vara y Javier Lambán. Otros presidentes autonómicos socialistas, sin embargo, han asumido el nuevo rol del partido abertzale: Ximo Puig, Francina Armengol o Adrián Barbón se han ahorrado las críticas a Pedro Sánchez.

También en el seno del Gobierno la presencia de Bildu en el pacto presupuestario de una manera tan explícita ha provocado recelos con la otra parte del Consejo de Ministros, al considerar que detrás del anuncio de Otegi está la estrategia de Pablo Iglesias, quien empuja desde el verano para que Ciudadanos no forme parte del bloque de gobernabilidad que, según sus previsiones, puede pervivir más allá de esta legislatura si la derecha no modifica su planteamiento. Además, vuelve a dificultar un acuerdo para la renovación de órganos como el CGPJ. “Sigan teniendo atrapado al PP en la Plaza de Colón. Le auguro Gobierno socialcomunista para muchos lustros”, le respondió el vicepresidente segundo a Vox en la última sesión de control.

A esta tensión se suma la enmienda presentada en el Congreso por Unidas Podemos, ERC y Bildu para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional durante lo que dure la pandemia. Una propuesta de los de Iglesias que encontró cabida en el primer estado de alarma, en la pasada primavera, pero que no se ha reeditado ahora. Las imágenes de familias expulsadas de sus casas hacen daño a cualquier Gobierno, pero para los de Iglesias es anatema: no son pocos los dirigentes que vienen de los colectivos por el derecho a la vivienda. 

También esta misma semana se ha producido otro desencuentro que amenaza con ir a más tras la sentencia del Tribunal Constitucional que avala buena parte de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy que incluye un respaldo parcial a las llamadas devoluciones en caliente. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, aseguraba que el Gobierno seguirá actuando como hasta ahora, lo que ha provocado la queja del socio minoritario.

La jugada de Unidas Podemos ha sido calificada como una “deslealtad” por parte del lado socialista del Gobierno. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, llegó a considerar la enmienda como algo “anormal”. La respuesta ha llegado este viernes. La portavoz de Podemos, Isabel Serra, recordaba en Twitter que el PSOE no informó a su socio de coalición en asuntos tan delicados como “la fuga del Rey emérito”, o la fusión de Bankia con Caixabank, de las que se enteraron por la prensa.

Pero en Unidas Podemos también recuerdan episodios anteriores, y califican como zancadillas las dificultades en la coalición para aprobar la ley de libertades sexuales, o ley del solo sí es sí, o la intensa campaña de sectores feministas del PSOE contra la llamada ley trans, todavía en un estadio inicial de su tramitación.

Estos problemas internos han surgido casi desde el primer momento y son habituales en un Gobierno de coalición con dos partidos e idearios diferentes que luchan por una parte común del electorado. Hasta ahora siempre los han solucionado, mano a mano, los respectivos líderes de los dos bloques: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La sintonía entre ambos se mantiene, según señalan sus respectivos equipos. Y la inexistente alternativa parlamentaria conduciría al país a unas inciertas elecciones en caso de ruptura del Ejecutivo.