Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Una treintena de juristas considera una “interferencia inadmisible” las críticas de un Poder Judicial en funciones a Iglesias

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

elDiario.es

104

Una treintena de juristas han firmado un manifiesto en el que califican de “interferencia inadmisible en un Estado de Derecho” el comunicado con el que el Consejo General de Poder Judicial criticó a Pablo Iglesias por generar “una sospecha inaceptable” sobre la independencia de los jueces a raíz de sus declaraciones sobre la condena a la diputada Isabel Serra. Entre los firmantes se encuentran magistrados eméritos del Tribunal Supremo como José Manuel Martín Pallín, Jordi Agustí y Fernando Salinas, abogados como el que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, catedráticos de Derecho y profesores universitarios.

La cúpula del Poder Judicial, que está en funciones desde hace más de un año y no ha sido renovada desde 2013 cuando fue elegida por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, calificó este jueves de “ciertamente inapropiado” el “tono” del vicepresidente segundo del Gobierno. Iglesias dijo en un tuit que le invadía “una enorme sensación de injusticia” tras la condena de Serra. “En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”, señaló en su cuenta de Twitter.

Los firmantes del manifiesto consideran que con estas palabras, Iglesias ejerció “la libre crítica a las resoluciones judiciales” y cuestionan que el máximo órgano de gobierno de los jueces confunda la “independencia judicial” con la “presión corporativa contra una opinión libre”. El texto subraya que el cuestionamiento de las decisiones judiciales es “un derecho ciudadano fundamental” y sostiene que “no se puede censurar a Pablo Iglesias por haber opinado en ese sentido”.

Además, los juristas se muestran críticos con el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que condenó a Serra a 19 meses de prisión por delitos de atentado y lesiones durante un desahucio en 2014. Los jueces del TSJ consideran en la sentencia que en el juicio quedó acreditado que la ahora diputada formaba parte del grupo de personas que al término del desahucio “increpó, insultó y acosó” a los agentes de policía que llevaban a cabo el lanzamiento. Su defensa critica que la condena se base solo en el testimonio de los agentes de la Policía Nacional y Municipal de Madrid que declararon en el juicio.

Una interpretación similar hacen los firmantes del manifiesto, que sostienen que la sentencia “incurre en graves errores de paradigma probatorio” al confundir la corroboración del hecho –el atentado, las lesiones y los daños- con la confirmación de la autoría. A su juicio, la resolución “responde a un modelo irracional de valoración de la prueba, a un esquema impresionista donde campa el subjetivismo del intérprete, ajeno a los requerimientos de la epistemología y de la psicología del testimonio”.

Etiquetas
stats