Imputado un alto cargo de Sanidad de Madrid por las condiciones de trabajo de un médico de atención primaria

Un juzgado ha llamado a declarar como investigado a un alto cargo de la sanidad madrileña por las condiciones de trabajo de un médico de atención primaria. Según ha podido saber elDiario.es, el juzgado ha citado a declarar en marzo a Jesús Vázquez Castro, actual Director General de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, tras admitir a trámite una querella de un médico de atención primaria que le atribuye, entre otros delitos uno de lesiones, otro de acoso laboral y finalmente uno contra los derechos de los trabajadores. Por el momento el juzgado ha rechazado imputar al resto de querellados, también responsables del departamento sanitario del gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que dirige Enrique Ruiz Escudero.

Desde la Comunidad de Madrid, por el momento, han rechazado hacer valoraciones sobre este asunto al asegurar que ni siquiera cuentan con datos sobre la querella.

La querella, según ha sabido este periódico, ha sido presentada por un médico de atención primaria de la Comunidad de Madrid representado por el despacho Econoiuris y denuncia, a lo largo de varios cientos de folios, la situación laboral en la que trabaja en la sanidad madrileña. La acción judicial de este facultativo arranca su denuncia en el año 2018 y explica cómo la llegada de la crisis del coronavirus ha empeorado sus condiciones de trabajo y ha afectado, entre otras cosas, a su salud: lleva más de un año de baja.

El juzgado de instrucción 11 de la Plaza de Castilla decidió admitir a trámite la querella el pasado 10 de enero contra este alto cargo de la Consejería, nombrado Director General de Asistencia Sanitaria el pasado mes de septiembre, después de haber estado al frente del Proceso Integrado de Salud del Servicio Madrileño, pero no contra otros querellados. Previamente, y este es el cargo en base al que tendrá que responder, fue Gerente Adjunto de Asistencia Sanitaria de Atención Primaria entre 2010 y 2020. Según el auto, por el momento, sólo procede que él sea llamado a declarar: “La querella se admitirá, de momento, contra Jesús Vázquez, máximo responsable de los querellados, quien dada su posición pudiera haber tenido una participación preponderante en los hechos”, dice el auto.

Según el juzgado, una vez tomada declaración a Vázquez en marzo decidirá si el resto de querellados son también llamados a declarar o si no merece la pena. “Parece razonable, antes de dirigir el procedimiento indiscriminadamente contra todos los querellados, indagar en el carácter eventualmente ilícito de tales condiciones, operaciones, y ofrecer al máximo responsable de las mismas la posibilidad de aportar datos y explicaciones al respecto”, asegura el escrito del juzgado.

El futuro de esta acción judicial, por tanto, depende del contenido de esta declaración del próximo mes de marzo con el facultativo querellante denunciando que las condiciones de trabajo en la atención primaria madrileña han derivado en problemas de salud desde 2018 agravadas por la crisis del coronavirus y la carga que ha supuesto para este sector sanitario de la capital.

Por el momento, tal y como ha explicado elDiario.es, pocas acciones penales en torno a la gestión política o sanitaria del coronavirus han prosperado en los tribunales de nuestro país en los últimos dos años. El Tribunal Supremo fue tajante al explicar en diciembre de 2020 que no podían ser imputados altos cargos del ejecutivo central o de gobiernos regionales por el simple hecho de estar en el puesto más alto de la cadena de mando, y al explicar también la dificultad de atribuir delitos concretos de lesiones en estos casos. Diversos juzgados de todo el país, desde entonces, han archivado diversas querellas contra responsables de residencias por la muerte de ancianos durante lo peor de la crisis del COVID en 2020.

Donde sí han prosperado las reclamaciones de los profesionales sanitarios ha sido en la jurisdicción social y en la contencioso-administrativa. También a finales de 2020, por ejemplo, la sala tercera del Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que reconoció que sanitarios de todo el país habían estado desprotegidos durante la primera ola por la falta de material. La semana que viene la sala de lo social estudiará una sentencia del Tribunal Superior de Madrid que también culpó a la Comunidad de Madrid de no haber protegido lo suficiente a los sanitarios durante los peores momentos de las primeras olas.