Industria propone a Alcoa esperar dos meses al fallo del ERE y ahorrar costes

A Coruña, 28 oct (EFE).- El Ministerio de Industria ha propuesto este miércoles en sede judicial a Alcoa que no proceda a los despidos anunciados en San Cibrao (Lugo) y que espere dos meses hasta que se dicte sentencia sobre las medidas cautelares previas al ERE, porque los costes que le podría suponer “no serían un gran quebranto económico sino todo lo contrario”.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha acogido durante casi nueve horas la audiencia sobre la solicitud de medidas cautelares previas relativas a un ERE que afectaría a más de 500 trabajadores de la fábrica de San Cibrao.

En el procedimiento han intervenido como demandantes los sindicatos CCOO, UGT y CIG, y como demandados Aluminio Español S.A. y Alcoa Inespal Coruña S.L.; la Consellería de Economía y el Ministerio de Industria han sido partes interesadas y además han comparecido varios trabajadores, peritos y consultores.

“Si Alcoa gana el pleito y no se adoptan las medidas se estarían produciendo pérdidas de un millón de euros a la semana, ocho millones en dos meses”, ha explicado el abogado del Estado en sus conclusiones citando datos sin contrastar ofrecidos por la multinacional del aluminio.

Pero “si perdiese las medidas cautelares le supondría un ahorro del coste del rearranque de las máquinas”, que la compañía cifra en unos 35 millones en cinco meses, es decir, 14 millones en dos meses, lo que reduciría los costes casi a la mitad.

Por ello, Industria defiende que la medida cautelar es “adecuada para el caso y proporcionada en términos económicos”, y además “favorece la venta en el sentido de que solo con cubas en funcionamiento puede existir oferta de terceros interesados”.

Además, ha descartado la posibilidad de intervenir Alcoa en el sentido de “expropiar o nacionalizar” y ha ofrecido su “mano tendida” a los trabajadores y a la multinacional para lograr una “solución pactada y negociada” al conflicto.

“Es cierto que el término de intervención puede ser utilizado en otros contextos como sinónimo de expropiación o nacionalización” -como se ha pedido desde distintas instancias-, pero estas son “opciones que no se están poniendo aquí encima de la mesa y no son objeto de este procedimiento”, ha aclarado el letrado tras las críticas de Alcoa por la posición de Gobierno y la Xunta para que vendiera la planta y que, ha avisado, atenta contra el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa.

El letrado ha dicho que este derecho no se reconoce en el ordenamiento jurídico español “en abstracto”, sino que en la Constitución Española se recoge el derecho de libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, por lo que “el marco es importante en cuanto a la forma y el ejercicio de esa libertad de empresa”.

Por su parte, el abogado de Alcoa ha alegado que los demandantes “no han probado absolutamente nada” ni han aportado “ningún informe” para justificar la adopción de medidas cautelares, y ha apostillado que lo que preveía la multinacional del aluminio es que “se negociará un ERE, no que se aplique un ERE”, que incluía la parada de las cubas.

“Es que las cubas son las que tienen el problema económico, son las que generan las pérdidas”, ha subrayado el letrado de Alcoa, que defiende como “solución a la problemática productiva y económica una parada” de las mismas.

Alcoa asevera que no solo no proceden las medidas cautelares desde un punto de vista legal por “idoneidad y proporcionalidad”, sino que los argumentos expuestos por los demandantes se basan en “conjeturas”, de ahí que solicitara su desestimación.

La Xunta ha afeado a Alcoa su “inmovilismo” y los sindicatos han reclamado la nulidad de los despidos con la confianza de que “los tribunales pongan coto a esta desmesurada liberalización que traen los vientos de América”.

“Esto es España -ha concluido el sindicalista de UGT- y por tanto, aún reconociendo la función social de la propiedad, está sujeta a una serie de limitaciones y Alcoa no puede coger e irse y dejar la comarca sin puestos de trabajo”, que ha calculado que afectaría en conjunto a cinco mil familias.