Jueces y fiscales sustitutos se desmarcan de la huelga: se usa para desprestigiarnos

Madrid, 1 jul (EFE).- Las asociaciones de jueces y fiscales sustitutos se han desmarcado de la huelga de tres días que comienza este martes y que consideran “regresiva” porque en lugar de reivindicar derechos para quienes sufren precariedad laboral, se convoca para desprestigiar a este colectivo.

En un comunicado firmado por la Asociación Plataforma Judicatura Interina (APJI) y las Asociaciones de Abogados Fiscales Sustitutos (AAFS), denuncian que los convocantes de la huelga “únicamente defienden los intereses de los jueces y fiscales titulares sin considerar los derechos ni la situación de las juezas, jueces y fiscales en situación de interinidad y precariedad”.

Tachan el paro de tres días de “inédito y regresivo”, ya que en lugar de reivindicar derechos para quienes sufren precariedad laboral, se convoca precisamente en contra del colectivo de jueces y juezas sustitutas y fiscales sustitutos, “cuyo único objetivo es lograr la estabilización frente al abuso de la temporalidad”, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Precisamente una de las cuestiones que centran la protesta de las cinco asociaciones conservadoras de jueces y fiscales que han convocado estas tres jornadas de paro es el proceso de estabilización de 1.004 jueces y fiscales sustitutos que contempla la reforma de la ley del Poder Judicial.

Denuncian que este proceso contraviene los principios de mérito, capacidad e igualdad que exige la Constitución y que “hiere de muerte al cuerpo de opositores que día tras día, año tras año, sacrifican su vida personal y familiar por conseguir el sueño de ser juez o fiscal”.

Las asociaciones de jueces y fiscales sustitutos lamentan que se está usando la huelga para desprestigiar al colectivo de jueces sustitutos que dicta más del 14 % de las sentencias en España y de fiscales sustitutos que desempeña casi el 20 % de las labores de la Fiscalía de toda España.

También denuncian que supone un “acoso público a quienes demuestran día a día su mérito y capacidad con años de experiencia profesional y jurídica contrastada”.

“Pone en duda nuestras competencias por no haber superado una oposición memorística, sin valorar que muchas de esas oposiciones se superan a edades tempranas y sin experiencia previa en el ejercicio del Derecho y no tiene en cuenta que se nos nombra tras acceder por un concurso público de méritos”, subrayan.

Explican que están negociando con los grupos parlamentarios, el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado con el objetivo de que la reforma legal respete la jurisprudencia del TJUE.

Asimismo, rechazan un proceso de estabilización que implique el despido colectivo de los casi mil jueces sustitutos y más de cuatrocientos fiscales sustitutos “que hoy sostienen con profesionalidad una parte esencial de la Justicia en España”.