La juez del caso Funnydent imputa a los administradores judiciales

La juez que investiga el caso Funnydent ha abierto diligencias previas contra los dos administradores únicos de las clínicas dentales, nombrados por el juzgado, tras la denuncia del antiguo responsable, Cristóbal López Vivar, que les acusa de mala gestión y de enriquecerse con las empresas.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero ha tomado ya declaración como investigados a Rafael Segura Ramón Gabriel y David Mateo López, y les ha requerido que aporten documentación de su gestión, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Ambos fueron nombrados el 12 de abril de 2016 para gestionar las clínicas dentales tanto en la Comunidad de Madrid como en Cataluña, al declarar la intervención judicial de las sociedades mercantiles que conforman Funnydent.

La investigación tiene su origen en una denuncia de López Vivar contra sendos administradores judiciales por los delitos de administración desleal, apropiación indebida y estafa.

Según las fuentes, el antiguo responsable de las clínicas acusa a los gestores de dilapidar sus bienes y de enriquecerse, si bien los administradores afirman estar “bastantes tranquilos” dado que han cumplido con su trabajo de “atender a todos los afectados”.

Ante esta situación, López Vivar, pidió hace una semanas a la juez “el inmediato cese” de los administradores únicos de las clínicas al haberse incoado una investigación penal contra ellos, para que sea él quien asuma el control de las empresas.

Lo haría, señala, “bajo la estricta supervisión” de la juez, “a quien deberá informar del estado de las mercantiles y de las gestiones tendentes a la salvaguarda del patrimonio empresarial”.

El dueño de Funnydent considera que la continuidad de los administradores en su función “podría ocasionar un claro perjuicio a las entidades administradas, -e igualmente a los afectados-, algo totalmente contrario y que agrava, precisamente, el peligro cuya evitación se persigue a través de la administración judicial”.

La Audiencia de Madrid obligó el pasado abril a la juez a reabrir la causa y a practicar una serie de diligencias, al entender que hay indicios de delito por parte de Cristóbal López Vivar, denunciado por estafar 8,8 millones a más de 2.400 pacientes, y poner en duda las conclusiones de un informe de la administración judicial en el que no se detectan irregularidades en las cuentas.

Pero la magistrada, que archivó la causa al no apreciar indicios de estafa sino más bien de “una pésima gestión empresarial” del investigado, todavía no hay practicado ninguna diligencia de las ordenadas ni ha señalado fecha, afirman a Efe las fuentes.