Nueve ciudadanos elegidos por sorteo e incomunicados: qué es y cómo funciona un jurado popular
El juicio por el asesinato de Gabriel Cruz en febrero de 2018 ha quedado visto para sentencia este martes tras escuchar las conclusiones de la fiscal, la acusación particular y la defensa. A partir de este momento, el jurado popular formado por siete mujeres y dos hombres− tiene que deliberar sobre la culpabilidad o no culpabilidad de Ana Julia Quezada como autora de un delito de asesinato por la muerte violenta del menor.
Esta institución jurídica formada por ciudadanos de a pie intervendrá también en la causa por la muerte de Diana Quer. Precisamente hace una semana la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña acordó prohibir la divulgación por los medios de comunicación del vídeo de la reconstrucción de hechos practicada durante la investigación de su muerte para preservar la imparcialidad de los candidatos a jurado. El magistrado tomó la decisión tras la solicitud de la acusación particular de que se suspendiera la emisión del vídeo en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco.
Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de sentencias emitidas en 2016 por un jurado popular fue de 209, en su mayoría condenatorias: el 92,3% del total. Esta herencia de la tradición anglosajona está presente en muchos países, aunque con distintos matices. Estados Unidos es uno de los países que más recurre a esta figura. Por ejemplo, un jurado popular de Florida declaró culpable de un triple asesinato al español Pablo Ibar. La Corte Suprema de este Estado anuló en 2016 la condena por la debilidad de las pruebas en su contra y, tras la repetición del juicio y una nueva sentencia condenatoria, uno de los doce miembros se retractó del veredicto. Su defensa inició a principios del mes de junio los pasos previos para el recurso de solicitud de repetición del juicio.
Elección por sorteo y retribución por cada día de juicio
En España, la composición de los nueve miembros y dos suplentes del jurado se decide entre los vecinos de un mismo municipio, dentro de la provincia en la que se ha cometido el delito, según la Ley del Tribunal del Jurado, que data de 1995. Tienen que ser españoles y mayores de edad, saber leer y escribir, poder ejercer sus derechos políticos y no tener una discapacidad psíquica o física que impida el desempeño de sus funciones.
Los ciudadanos de a pie solo pueden enjuiciar delitos contra las personas, los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, contra el honor y contra la libertad y seguridad. Están excluidos, por ejemplo, de los delitos cuyo enjuiciamiento se atribuya a la Audiencia Nacional.
La lista de candidatos −que podrán ser llamados o no− se realiza cada dos años por sorteo dentro del censo electoral. Hay varios impedimentos: estar procesado, cumplir condena por delito doloso o estar suspendido de cargo público, entre otras. Tampoco pueden formar parte de un jurado popular los diputados y senadores, la familia real o los miembros en activo de la carrera judicial y fiscal; así como las personas que tengan vínculos familiares, amistad o interés directo o indirecto en la causa.
Cuando se tiene que formar un jurado para un caso, el magistrado entrevista de forma individual a 36 personas citadas de esa lista procedente del censo electoral. Uno de los problemas a los que se enfrentan los candidatos en este punto es compaginar su vida laboral y familiar con un juicio. Precisamente por ello, hay un periodo de excusas en el que los candidatos pueden exponer sus motivos para no participar. Una vez han sido elegidos de forma definitiva, tienen derecho a ausentarse del trabajo de forma justificada y la Ley contempla una retribución por cada día que dure el juicio de 67 euros, además de indemnizaciones por gastos de viaje en vehículo particular, alojamiento y gastos de manutención en caso de ser necesarios.
¿Cómo funcionan los juicios con tribunal de jurado?
Los ciudadanos tienen que pronunciarse sobre los hechos, pero nunca realizan calificaciones jurídicas. Es decir, concluyen si el acusado es culpable o no lo es, pero no concretan el delito y la pena, que es trabajo del juez. Durante el desarrollo del juicio, el tribunal puede realizar preguntas a los testigos, acusados y peritos. El juez es el encargado de decidir si las cuestiones son procedentes, como en cualquier otro proceso.
Al final, el presidente del tribunal tiene que entregarles una hoja con los hechos concretos para que ellos declaren si han sido probados o no probados, y deben emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia: para el de culpabilidad se necesitan siete votos, mientras que para la inocencia son cinco. Es el magistrado el que debe dar forma jurídica al veredicto y acatarlo, salvo que se produzcan contradicciones en los hechos probados o haya defectos en la votación.
Durante la deliberación, los nueve ciudadanos permanecen incomunicados con el exterior. De esta forma se pretende evitar la influencia que puede tener la información de los medios de comunicación o incluso que haya llamadas relacionadas con el caso, por ejemplo. La defensa de Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, cuestionó en septiembre el tribunal pudiera juzgar con “imparcialidad” por la enorme repercusión del caso y pidieron que fuera enjuiciada por profesionales.
La causa de los trajes de Francisco Camps es otro de los ejemplos de juicio con mucha relevancia mediática: en 2012, el jurado le declaró a él y al exdirigente regional del PP Ricardo Costa “no culpables” por cinco votos a cuatro de un delito de cohecho pasivo impropio al no considerar demostrado que la trama Gürtel le hubiera regalado unos trajes de Milano. Un militante del PP que había estado presente en todas las sesiones del juicio, Carlos Lirio, fue fotografiado en la terraza del hotel donde se alojaba el jurado. El Supremo confirmó la decisión un año después.
