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La Justicia ampara dentro de la libertad de expresión al cómic satírico sobre el 1-O que denunciaron los sindicatos policiales

Imagen del cómic sobre el 1-O.

Esther Ballesteros

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Un Juzgado de Palma ha archivado la querella interpuesta por varios sindicatos policiales contra el dibujante de un cómic que, bajo el título 'On és l'Estel•la? ('¿Dónde está Estel•la?'), retrata en clave satírica los principales escenarios del procés de Catalunya. El juez considera que el autor de la publicación no incurrió en un delito de injurias, como sostenían los denunciantes, al considerar que el contenido de la obra se encuentra respaldado por el derecho a la libertad de expresión.

Mediante un auto de seis páginas, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado se ampara, especialmente, en la doctrina sentada al respecto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En concreto, el juez alude a la sentencia que el órgano dictó en mayo de 2018 y hace suyas las consideraciones vertidas en uno de sus apartados, que determina cómo bajo el paraguas de la libertad de expresión pueden tener cabida “la crítica más desabrida y no solo las ideas inofensivas o indiferentes sino también las que hieren, ofenden o inoportunan”. El alto tribunal europeo sostiene, no en vano, que “así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe ninguna sociedad democrática”.

Del mismo modo, el juez palmesano recoge en su resolución lo dispuesto en el voto particular que acompañó a la sentencia con la que, en mayo de 2018, el TS confirmó la condena de nueve meses y la multa interpuestas contra el rapero Pablo Hasél por injurias y enaltecimiento del terrorismo. El voto consideraba que los mensajes vertidos por Hasél y los fragmentos de sus canciones se encuadran “dentro de una crítica al funcionamiento de las instituciones públicas, en muchos casos desmedida, grosera y huérfana de un mínimo rigor, pero amparada en la libertad de expresión e inidónea como mecanismo incitador a la violencia”. 

La editorial catalana Comanegra hizo coincidir la publicación de su cómic con el primer aniversario del 1-O y contó con una subvención de mil euros por parte del Govern balear en el marco de una línea de ayudas dirigidas a apoyar la labor de los autores nacidos en las islas. Hasta cuatro entidades sindicales de la Policía Nacional (SUP, CEP, UFP y SPP) denunciaron los hechos ante los tribunales al considerar que su contenido se sustenta sobre “mentiras, injurias, difamaciones e incitaciones al odio” contra los agentes que actuaron durante los días que rodearon a la celebración del referéndum catalán. En su opinión, el documento constituye “una apología completa del golpismo separatista catalanista”.

Fruto de la querella interpuesta por las organizaciones sindicales contra el dibujante Toni Galmés, natural de la localidad mallorquina de Manacor y profesor de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona (UB), éste acabó encausado por presuntos delitos de injurias y calumnias.

Frente a las incriminaciones de los sindicatos, Galmés y la editorial han defendido en todo momento su trabajo. Durante todo el trayecto judicial recorrido por el autor del cómic han alegado que se trata de una publicación dirigida a un público adulto y divulgada con un objetivo lúdico e irónico, a fin de ilustrar los acontecimientos que envolvieron el procés catalán. De hecho, así lo reafirmaron el pasado mes de noviembre el propietario de Comanegra, Joan Salas, y el editor Jordi Puig, quienes comparecieron por videoconferencia ante el Juzgado encargado de la causa.

Por su parte, Galmés defiende el tono satírico de la obra y, tras ampararse en su derecho a la libertad de expresión, aseguró ante el juez, en enero del año pasado, que no tenía intención de perjudicar a nadie, unas palabras que, sin embargo, no contentaron a las organizaciones sindicales al considerar que se había limitado a repartir responsabilidades.

Ese mismo día, la Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya (APIC) expresó en redes sociales su apoyo a Galmés, socio de la entidad, al resaltar que, con esta investigación, se acababa de convertir “en el primer ilustrador imputado de 2020”.

En su querella, las cuatro organizaciones consideraban que el libro “envilece la honorable profesión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en especial, la Policía Nacional”, al hacer referencia a viñetas en las que aparecen “un grupo de policías abusando sexualmente de una mujer, a la que tocan en sus genitales, agentes que bailan encima de sacos de 'fariña', haciendo referencia a la cocaína, o un agente de la Unidad de Intervención Policial, vestido de 'karateka', que salta sobre las partes íntimas de una mujer”.

No solo eso. Los denunciantes acusaban inicialmente al Govern balear de incurrir en un delito de malversación, “agravada por su destino al ataque del Estado”, a raíz de la subvención de mil euros con la que el Institut d'Estudis Baleàrics (dependiente del Ejecutivo autonómico) apoyó la publicación del cómic. Según los sindicatos, la Administración actuó de forma “vejatoria, insultante y humillante” al financiar “con el dinero de los impuestos de los baleares a los adláteres de quienes han tratado de destruir la nación, el estado, el país y la convivencia”.

La jueza, sin embargo, echó por tierra estas acusaciones al descartar que se hubiese producido un desvío de fondos a la hora de dar difusión al tebeo, puesto que la subvención se había otorgado en base a criterios y baremos técnicos.

Cabe recordar que, a finales de 2017, los sindicatos policiales SUP, CEP, UFP, SPP y ASP interpusieron otra denuncia contra la revista satírica 'El Jueves' por bromear con que los antidisturbios desplazados por el referéndum del 1-O habían acabado “con las reservas de cocaína” en Catalunya. La Audiencia Provincial de Barcelona, finalmente, archivó la causa al alegar que el artículo se incluía en un semanario de “humor satírico dedicado a reírse de la actualidad política” y un “instrumento de denuncia y crítica social y política y manifestación de la creación artística”.

Estas organizaciones sindicales no contemplan recurrir el auto del archivo.

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