Un juzgado archiva el caso del Imserso al no encontrar indicios de delito

El Tribunal de Cuentas –el máximo órgano fiscalizador de España– y un juzgado de instrucción han archivado el caso que investigaban de una supuesta trama de corrupción y contratos en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) entre 2010 y 2018. La indagación se había abierto tras la denuncia de Carmen Balfagón, quien llegó para dirigir el Imserso en 2016, y Arantzazu Cabello, funcionaria entonces de este organismo y hoy concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

La Fiscalía abrió diligencias de investigación en 2018 para ver si había alguna irregularidad en la decisión de trasladar a una fundación de León los servidores en los que se gestionaba el sistema de dependencia español. El proyecto de traslado lo inició en 2012 Cesar Antón, entonces director general del Imserso, al que se denunció junto a otros cinco funcionarios. Se investigaban posibles contratos irregulares, contratos pantalla, dobles pagos por el mismo servicio o pagos que se hicieron por servicios informáticos no prestados durante los gobiernos del PP.

Tras varios años de investigación, la Fiscalía no ha encontrado indicios de delito y el juzgado de instrucción que lo investigaba ha concluido que “los contratos no son ficticios” y que “fueron llevados a cabo”, además de que hay una “falta de acreditación” en la denuncia presentada, por lo que “procede decretar el sobreseimiento”, señala el auto, de 2022.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas también ha desistido el procedimiento tras la solicitud del Imserso, después de concluir tras su análisis que “los hechos investigados no son susceptibles de generar un presunto alcance contable”.