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Las leyes sobre prostitución reavivan las fricciones en el seno del Gobierno y con los socios de coalición

Pedro Sánchez e Irene Montero, en una imagen de archivo.

Iñigo Aduriz / Irene Castro

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La ley del 'solo sí es sí' fue el primer gran conflicto que tuvo el Gobierno de coalición en el inicio de su andadura y, ahora que se encuentra en tramitación parlamentaria, las fricciones vuelven a evidenciarse, pero en esta ocasión a varias bandas y en lo que tiene que ver con la prostitución, uno de los aspectos que menciona esa normativa. Durante el 40 Congreso Federal del PSOE de hace dos semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en su discurso de clausura la intención de su partido de aprobar una ley de abolición de la prostitución. Sin más concreción por el momento, el PSOE apuesta por incluir en la Ley de Libertad Sexual la multa a los clientes, algo que no comparten ni Unidas Podemos ni los socios parlamentarios del Gobierno, que alertan de que esa medida puede perjudicar a las prostitutas.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, reconocía hace poco durante una comparecencia en el Congreso que el debate sobre la prostitución “no se ha resuelto” en el seno del feminismo y que su “pretensión” no era resolverlo. “Pero tengo la obligación de no mirar para otro lado”, aseguró ante la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja.

Montero recordó que los organismos internacionales han instado a España en los últimos meses “a adoptar una definición amplia de proxenetismo para hacer posible el enjuiciamiento adecuado de la explotación de la prostitución”. En esa línea, la ministra dejó claro que su pretensión es legislar “con políticas para perseguir la impunidad de la industria proxeneta y garantizar los derechos de las mujeres”.

“Tenemos que debatir, buscar puntos de encuentro, hay un consenso mayoritario para perseguir la industria proxeneta y garantizar los derechos de las mujeres. Y esa es la opinión del Gobierno, que no solamente dice, sobre todo hace”, zanjó. Montero recordó también que su ministerio está desarrollando con el de Trabajo un Plan de Inserción Socio-Laboral para mujeres en contextos de prostitución y se abrió a abordar una reforma de la Ley de Extranjería para que las que están en situación administrativa irregular, que son muchas, puedan regularizar su situación y acceder a itinerarios formativos y oportunidades laborales.

En esa misma comisión, desde su aliado mayoritario en el Ejecutivo, el PSOE, suscribieron la promesa realizada por Pedro Sánchez. “Este país necesita un marco legislativo abolicionista de la prostitución para acabar con la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. No podemos permitirnos que España lidere el ranking europeo de la vergüenza de hombres violadores de mujeres a través de la prostitución”, remarcó la diputada socialista Laura Berja. “El PSOE se plantea muy en serio la prostitución y por eso propone abolirla”, recalcó.

Modificaciones de la ley del 'solo sí es sí'

Al margen de una ley abolicionista específica, fuentes socialistas admiten que sí quieren introducir cambios sobre la prostitución en el texto de la ley del ‘solo sí es sí’ que salió del Consejo de Ministros a instancias del Ministerio de Igualdad –que espera, no obstante, un nuevo tono en su área tras la salida de Carmen Calvo–. Dentro de Unidas Podemos también hay diferencias.

Las medidas relativas a la prostitución incorporadas en la norma no figuraban en la primera versión aprobada por el Consejo de Ministros, sino que se incluyeron en el marco del trabajo conjunto entre los ministerios de Igualdad y Justicia los meses siguientes. Se trata del endurecimiento del proxenetismo no coactivo y de la tercería locativa, una figura que el Gobierno recupera del Código Penal de 1973 (derogado en 1995) para castigar a los dueños de locales que “de manera habitual” favorezcan en ellos “la explotación de la prostitución de otra persona” aunque exista consentimiento. Desde el departamento dirigido por Irene Montero han aclarado que hace falta que exista un delito de explotación para aplicar esta medida.

Pero su inclusión en un texto destinado a combatir las agresiones sexuales no ha gustado a los habituales socios de Gobierno, que piden afrontar un debate “complejo” en otro marco. Incluso en las filas de la coalición hay disenso: En Comú-Podem ha presentado una enmienda para que se retiren de la norma, pues considera que “van en contra de su espíritu”, “contribuyen a reforzar el estigma de la prostitución y a dificultar la distinción entre la voluntaria y la forzada” y “ponen en riesgo” a las propias mujeres. Un sentido en el que se han manifestado también colectivos de prostitutas, que se han organizado para protestar contra Pedro Sánchez e Irene Montero.  

El PSOE, por el contrario, quiere endurecer los términos en los que se aprobó la ley, que consideran “laxa” en algunos aspectos. Los socialistas quieren eliminar los criterios de habitualidad que la ley establece para ir contra los lugares en los que se ejerce la prostitución y, además, apuesta por que no dependa de la explotación sino de la mera prostitución. La diferencia, explican fuentes consultadas por elDiario.es, es que con la actual redacción “se tiene que demostrar el delito de explotación”. 

La propuesta de los socialistas también ha chocado con los principales aliados parlamentarios del Gobierno, los que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, que suelen respaldar las iniciativas del Ejecutivo.

La prostitución copó buena parte de la Comisión de Igualdad de hace dos semanas y la mayoría de formaciones apostaron por poner el foco en las políticas y pedir un debate más amplio fuera del contexto de la 'ley del solo sí es sí'. Solo el PSOE reiteró su posición y su idea de abolir la prostitución, a lo que Joseba Agirretxea, del PNV, contestó reprochando la falta de detalles sobre “cómo, cuándo, con quién, de qué manera, con qué debate y con qué medidas legislativas” lo va a llevar a cabo. “Lo que se no se puede es dar un eslogan y detrás no haber nada; decir el final del camino y no decir cómo vamos a llegar ni quién va a quedar a los lados”, añadió.

Lo que plantea el PNV es abrir en el Congreso “un debate en profundidad” sobre la prostitución. Para los nacionalistas vascos “es fundamental escuchar, debatir y proponer, antes de legislar”, en alusión a la propuesta abolicionista del PSOE, por lo que, en la misma línea planteada por En Comú Podem, el Grupo Vasco presentará enmiendas para “sacar” de la ley del 'solo sí es sí' la tercería locativa, la penalización del lucro por alquilar un espacio donde se prostituye a una persona.

El PNV pide un “debate profundo”

Desde el PNV critican que Pedro Sánchez pretenda “cerrar este debate sin haberlo abierto: carpetazo, medida únicamente punitiva y a otra cosa mariposa”. “¿No creen que la prostitución, su entorno, sus consecuencias, su reflejo social, las personas que la ejercen, etcétera, independientemente de la opinión que se tenga, no merecen un debate, una reflexión y un aparte profundo?”, se preguntaba el diputado nacionalista, Joseba Agirretxea, durante un debate en el Congreso. “La libertad sexual es algo más que protegerse de la agresión, pero desgraciadamente todavía las mujeres tienen que seguir protegiéndose de las agresiones que padecen. Busquemos el camino para que además de lo punitivo, estos delitos no tengan lugar en nuestra sociedad”, zanjó Agirretxea.

La línea argumentativa es similar por parte del otro gran socio del Gobierno, ERC. Fuentes del partido republicano consultadas por elDiario.es insisten en que no pretenden dar apoyo al proxenetismo sino que apoyan a las mujeres cuando defienden la supresión de la penalización de la tercería locativa, que a su juicio genera “indefensión y vulnerabilidad” en las mujeres que ejercen la prostitución.

También se sitúa lejos de la postura socialista EH Bildu, otro de los apoyos del Ejecutivo. “La libertad sexual de las mujeres se construye en el ámbito de las libertades y derechos apoyando la afirmación de sujetos activos y se construye menos o nada siguiendo los tortuosos caminos del procedimiento penal y sus derivas punitivas”, sostiene la parlamentaria independentista Bel Pozueta.

En cuanto al arco parlamentario de las derechas, el principal partido de la oposición el PP, sí se ha posicionado a favor de la abolición de la prostitución en el pasado, aunque tras la propuesta planteada por Sánchez los populares insisten en que no debe ser una cuestión prioritaria, enfriando un posible apoyo a una proposición de ley de los socialistas. Vox –que junto a los populares, no consiguió tumbar la tramitación del 'solo sí es sí' en el Congreso– mantiene una postura similar, mientras desde Ciudadanos, en cambio, abogan por la regulación de la prostitución, enmarcándola en la “libertad” y sin tener en cuenta el componente de explotación sexual mencionada por otros grupos.

Enmiendas entre los partidos del Gobierno

En el marco de las rencillas existentes en el seno del Gobierno en materia de igualdad, los socialistas también apuestan por revisar las penas para los delitos sexuales en la ley del 'solo sí es sí'. El texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado julio mantiene la pena máxima de agresión sexual con penetración en 12 años y 15 con agravantes, pero las mínimas sufren un descenso porque se otorga una horquilla “más amplia” para aglutinar las conductas que resultan de unir el abuso y la agresión sexual. Las franjas fueron consensuadas por los ministerios de Justicia y de Igualdad, una negociación en la que el departamento de Irene Montero dio marcha atrás en la rebaja inicial de las penas máximas, pero fuentes socialistas rechazan la versión final.

Unidas Podemos, por su parte, quiere hacer modificaciones sustanciales en la ley de igualdad de trato que el PSOE registró en solitario en el Congreso y en cuya tramitación parlamentaria el grupo que pilota Pablo Echenique ha presentado decenas de enmiendas. La intención del grupo confederal es modificar el Código Penal a través de esa norma para tipificar el discurso de odio. Los socialistas rechazan esa vía y consideran que esa norma no tiene el rango para ser orgánica. 

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