Libertad de expresión, fiscalidad o la regulación del cannabis: las leyes y debates eclipsadas por los indultos

25 y 26 de mayo. Dos fechas clave en la legislatura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre la puerta de par en par a los indultos a los políticos condenados por el procés. “Concordia” y “diálogo” frente a “revancha” y “venganza”. “Tomaríamos la misma decisión si el Gobierno progresista tuviera 300 escaños”, dijo ese miércoles en la sesión de control en el Congreso, ratificando que el Consejo de Ministros tomará la decisión de forma inminente. Sánchez puso patas arriba la agenda política y comunicativa que desde ese día, y hasta que Junqueras, Cuixart y el resto de indultados pisaron la calle, no se habló casi de otra cosa.

Algo más de un mes después, la pulsión informativa sobre las medidas de gracia ha decaído. El interés ciudadano parece haber estado en otro sitio estas semanas, transitando entre el ritmo de vacunación y la inminencia de las vacaciones, así como la proliferación de brotes que puedan ponerlas en riesgo. Con todo, múltiples debates y tramitaciones legislativas, algunas muy relevantes, han pasado por debajo del radar entre el mensaje inicial del Gobierno y la comparecencia parlamentaria de Pedro Sánchez de este miércoles en el que se debatió durante seis horas sobre los indultos, dando el tema casi por zanjado.

Precisamente ese miércoles el Pleno del Congreso debatía, y votaba, la versión definitiva de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que regresaba a la Cámara Baja tras su paso por el Senado. Entre sus medidas destaca una: prohibir las amnistías fiscales. Pero también se rebaja el límite de los pagos en efectivo a empresas o profesionales de 2.500 a 1.000 euros, se dificultan las condiciones para formar una sicav, se establece un impuesto especial sobre las socimis o se impide el software de doble uso.

Un elemento de esa ley que sí tuvo cierta repercusión fue una enmienda introducida en el Senado para rebajar el IVA que soportan las peluquerías al 10%, pero un defecto de forma permitió a la presidenta de la Cámara Alta, Pilar Llop, eliminarla, lo que evitó que el Gobierno usara su capacidad de veto ante las iniciativas que provocan reducción o aumento de los ingresos.

Una semana antes se debatió la totalidad del Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados, presentado por el Gobierno. Todos los grupos lo consideraron “mejorable”, pero votaron a favor. Excepto Vox, que presentó una enmienda a la totalidad que fue rechazada entre acusaciones de “negacionismo” a un grupo que acusó al texto de “gravar a empresas y autónomos para lesionar la libertad de mercados en un festival de intervencionismo y prohibiciones”.

El Pleno anterior admitió a trámite también dos importantes proposiciones de ley. Una, planteada por Unidas Podemos, busca “la protección de la libertad de expresión” y plantea una reforma del Código Penal para eliminar ciertas figuras como los delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público; los delitos contra la Corona o las ofensas a España; o las injurias al Gobierno de la Nación, al CGPJ, al Tribunal Constitucional, al Supremo, a los Ejércitos y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otras instituciones. La votación, favorable, se saldó con el resultado habitual en esta legislatura, que tiene un Congreso dividido en dos bloques desde la aprobación de los Presupuestos de este año. Esa mayoría es la que normalmente se impone en las votaciones, también en esta ocasión.

Más respaldo tuvo la otra iniciativa, del PSOE, “de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género” y que, básicamente, tiene como objetivo eliminar las trabas para el acceso a las herencias e indemnizaciones que les corresponden. Todos los grupos votaron a favor, excepto Vox, que se abstuvo.

En la misma semana se debatieron dos proposiciones no de ley que dejaron atrás el espejismo de la cuasi unanimidad lograda en el tema de los huérfanos. Una, de Unidas Podemos, para que Trabajo siga con la campaña de inspecciones en el campo. La otra, de ERC, para acuciar al Ejecutivo a que cambie la Ley de Secretos Oficiales y desclasifique información sobre el golpe de Estado del 23F. La primera salió con 186 votos a favor, 142 en contra y 15 abstenciones. La segunda, con 191 votos a favor, 152 en contra y 1 abstención. Otra vez, más o menos, los bloques de los Presupuestos.

Eso fue el martes 8. El jueves, 10 de junio, el Congreso convalidó tres reales decretos-ley. La conocida como ley rider, que reforma el Estatuto de los Trabajadores para garantizar “los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales”. Los partidos del Gobierno y sus aliados votaron a favor, y las derecha en contra. El Pleno decidió, además, que se tramitará como proyecto de ley, lo que permitirá a las Cámaras introducir enmiendas.

El segundo real decreto-ley está destinado a “la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos”, que incluía la prórroga de los ERTE. También se convalidó otro para “para paliar los daños causados por la borrasca Filomena”, que sí contó con un amplio respaldo de la Cámara Baja.

La semana posterior al anuncio de los indultos se cerró con los diputados debatiendo sobre el cannabis medicinal. El Pleno aprobó la creación de una subcomisión para que debe estudiar las experiencias internacionales en la legalización de la marihuana. Eso sí, limitado al uso terapéutico de la planta. El Ministerio de Sanidad niega los efectos terapéuticos del cannabis, pese a que ha duplicado los permisos a las farmacéuticas para cultivarlo, pese a lo que la iniciativa del PNV salió adelante con 206 votos a favor y 141 en contra.