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Los límites de la Ley de Transparencia impiden saber si embajadores españoles se enriquecieron en sus destinos

El exembajador Gustavo Arístegui a su salida de la Audiencia Nacional donde fue citado a declarar

Irene Castro

La Ley de Transparencia tiene limitaciones que se conocen desde que fue redactada y que van dejándola en evidencia según van sucediéndose los acontecimientos. Uno de los límites impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy a la legislación que pretende ser la ventana de información de las administraciones públicas impide saber si embajadores como Gustavo de Arístegui –investigado por el cobro de comisiones cuando estaba destinado en India– o Francisco Elías de Tejada –que ocultó al fisco una fortuna que acumuló en Suiza y EEUU– se enriquecieron durante sus mandatos.

Los miembros del Gobierno y altos cargos de la administración pública están obligados a publicar la información relativa a sus bienes y patrimonio. Hasta 2013, solo los ministros y secretarios de Estado tenían que hacer pública esa información, mientras que el resto de altos cargos solo estaban obligados a presentar esos datos para el conocimiento de la Oficina de Conflicto de Intereses. 

La entrada en vigor de la Ley de Transparencia hizo extensiva la obligación de publicar sus declaraciones –al comienzo y en el cese del mandato– a todos los altos cargos, entre los que se encuentran los embajadores y representantes cuyo nombramiento se efectúa a través del Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, el Gobierno introdujo una salvaguarda: no tendrían que publicar la declaración de bienes aquellos altos cargos –excepto miembros del Gobierno– que estuvieran en sus puestos antes del 1 de julio de 2013.

De esta manera, los ciudadanos no pueden conocer cuál era el patrimonio de los altos cargos que fueron nombrados antes de esa fecha y, por tanto, es imposible saber si se han enriquecido en sus puestos por mucho que publiquen sus datos patrimoniales cuando finalizan el mandato. El PSOE solicitó en noviembre de 2014 al Gobierno que facilitara la documentación correspondiente a 257 altos cargos que fueron nombrados antes del verano de 2013. “Con este incumplimiento del Gobierno –decía el texto de los socialistas sobre la falta de publicada en esas decenas de casos–, no sería posible comprobar a su cese si se hubiera producido un enriquecimiento ilícito en el ejercicio de su mandato”. El Gobierno nunca publicó esa información.

Sin datos sobre el enriquecimiento de Arístegui

Entre los nombres de quienes han conseguido sortear la publicación de sus bienes está el de Gustavo de Arístegui, que fue nombrado embajador en India en abril de 2012. El exdiputado del PP está imputado por el presunto cobro de comisiones ilegales. La trama en la que también participaba el exparlamentario Pedro Gómez de la Serna utilizaba sus contactos para conseguir contratos en distintos países, según la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional. 

Arístegui mantuvo su actividad como comisionista durante su mandato en India, según reveló una conversación telefónica publicada por El Mundo. Las grabaciones desvelaron que los exdiputados del PP usaban la posición de Arístegui en India para favorecer sus intereses. De hecho, cobró por un informe sobre India realizado cuando ya era jefe de la diplomacia española en Delhi. 

La negativa del Gobierno de sacar a la luz la declaración de bienes y patrimonio de Arístegui porque fue nombrado antes del 1 de julio de 2013 impide saber si se enriqueció en India mientras era embajador. Otra situación que no está contemplada en la ley es que el exdiputado del PP realizaba su actividad a través de una empresa por lo que sus ganancias pueden llevarse a cabo a través de esa sociedad y no verse reflejadas en su información personal.

El compromiso del Gobierno es que las declaraciones de bienes y patrimonio de los altos cargos nombrados o cesados entre el 1 de julio de un año y el 30 de junio del siguiente se publiquen antes del 30 de septiembre. Sin embargo, en el caso del curso 2014-2015, está experimentando un retraso porque el Ejecutivo está aprovechando un vació legal de la normativa del alto cargo para demorar la publicación. En el caso de Arístegui, al haber dimitido en diciembre de 2015 tras estallar el escándalo de sus comisiones, habrá que esperar al menos unos meses para conocer su capacidad patrimonial tras abandonar India. 

En cualquier caso, será imposible para el público saber si se enriqueció mientras representaba a España en el país asiático porque se desconoce la información del inicio de su mandato. “Tienen que publicarse también los que se produjeron durante el ejercicio del cargo y en el cese. Si no, es imposible saber si se han enriquecido”, señalan fuentes socialistas. 

El embajador millonario que oculta su información

En el caso del exembajador en Irak Francisco Elías de Tejada, que ocultó a Hacienda una fortuna al fisco en sus años en África y Oriente Medio invertida en negocios petrolíferos, el Gobierno no publicó su declaración de bienes a pesar de que cumplía todos los requisitos que lo hacían obligatorio, como que su nombramiento fuera efectuado a través del Consejo de Ministros

Elías de Tejada era embajador en Misión Especial–Director de la Unidad de Emergencia Consular en 2013. El 27 de julio de ese año, el ministro de Exteriores firmó su cese. De acuerdo con la normativa vigente, el 30 de septiembre de 2014 el BOE debería haber incluido su nombre y su declaración de bienes, inmuebles y patrimonio, en la disposición en la que publicó la de todos aquellos altos cargos cuyo nombramiento o cese se produjo entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014.

Así lo especificó, además, el Gobierno en una respuesta por escrito a la diputada socialista Meritxell Batet: “Antes del 30 de septiembre de 2014 se procederá a publicar en el Boletín Oficial del Estado el contenido de las declaraciones de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales de los miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y resto de altos cargos de la Administración General del Estado que hayan tomado posesión o hayan cesado entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014”.

Sin embargo, en esa publicación no figura el nombre de Elías de Tejada y, por tanto, tampoco la información sobre su patrimonio. Elías de Tejada mantuvo ocultas dos cuentas en el banco helvético UBS en Suiza y EEUU desde al menos el año 2002. Llegó a acumular 1,7 millones de euros que no fueron declarados en sus declaraciones ordinarias de IRPF al menos entre 2008 y 2011. El exembajador en Irak realizó gestiones para regularizar su fortuna, pero eldiario.es no pudo confirmar que llegara a hacerlo finalmente. Su exclusión en la publicación de las declaraciones patrimoniales de altos cargos impide saber, además, si notificó la posesión de esa fortuna a la Oficina de Conflictos de Intereses, tal y como establece la ley.

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