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López Madrid declara que acudió a Villarejo pensando que era detective y que no le pagó

Javier López Madrid llega al juicio de las tarjetas black

Pedro Águeda

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El empresario Javier López Madrid ha declarado este lunes ante el juez del caso Villarejo por contratar presuntamente al policía para que acosara y desprestigiara a la doctora Elisa Pinto. López Madrid ha asegurado que fue el presidente de Société Générale en España, Donato González, quien le presentó a Villarejo pero que en ningún momento supo que era policía en activo sino un detective. López Madrid ha dicho que estaba “desesperado” por los múltiples mensajes que recibía él y su entorno y que nunca llegó a pagar a Villarejo por sus servicios, según fuentes jurídicas.

López Madrid está imputado en la pieza 24 del caso Tándem que investiga la participación de funcionarios públicos en el acoso y agresión a la doctora Pinto. Según el relato de López Madrid, que solo ha accedido a contestar al juez, al fiscal y a su abogado, Villarejo lo único que hizo fue derivarle a dos policías, el jefe de la UCAO entonces, comisario Enrique García Castaño, y al jefe de la Brigada de Policía Judicial en Madrid, Nino Conde. García Castaño defiende que solo animó al empresario a denunciar y Conde que uno de sus grupos de Homicidios se encargó de la denuncia del empresario por el supuesto acoso de la mujer porque no había otro disponible.

Asimismo, Villarejo habría puesto a disposición de López Madrid a su socio Rafael Redondo, abogado imputado por pertenecer a la organización criminal del comisario, para que le acompañara a visitar a la doctora. La mujer asegura que fue el propio Villarejo el que se presentó en su consulta en compañía de López Madrid y que éste aprovechó para advertirla de que la Policía ya estaba investigando, según confirma una grabación difundida del encuentro.

El empresario ha hablado de que también recurrió a su “amigo” David Hatchwell, empresario en distintas áreas, también de la seguridad, y antiguo presidente de la comunidad judía en Madrid. elDiario.es se ha puesto en contacto con Hatchwell, quien ha rechazado hacer comentario alguno. En todo caso, López Madrid también ha dicho que tampoco pagó por servicios a las empresas de su amigo, precisan las fuentes consultadas.

Por su parte, Donato González aparece reiteradamente mencionado en el caso Púnica como amigo de Francisco Granados, con quien también mantenía relación López Madrid, al igual que con el socio del político, David Marjaliza. López Madrid ha esgrimido que no pudo pensar que Villarejo era policía porque le visitó en unas oficinas de su empresa de inteligencia en la Torre Picasso de Madrid. El comisario aparece en unas grabaciones del caso realizadas en 2017 asegurando: “Cuando termine todo esto hablaré con Javierito: ponme un poquito de pasta que me has metido en un embolado”.

López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, ha acudido con 1.000 folios, según Europa Press, de la investigación contra la doctora en un juzgado de Madrid aunque a pieza del caso Villarejo se circunscribe a la posible contratación de policías en activo por parte del poderoso empresario. Pese las protestas de la defensa de la doctora, que ejerce la acusación particular en esta pieza, el juez Manuel García-Castellón ha dejado a López Madrid explayarse sobre su tesis.

Javier López Madrid está a un paso del banquillo en el caso del acoso a la doctora después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid propusiera el pasado agosto juzgar al empresario y a Villarejo. La magistrada Belén Sánchez atribuye al empresario los delitos de acoso y amenaza y al policía uno de “lesiones con instrumento peligroso” mientras estaba en activo e integraba la policía política del PP.

El pasado diciembre, la Fiscalía Anticorrupción solicitó seis años de cárcel para López Madrid en una pieza del caso Lezo, la que investiga una mordida para la concesión a OHL de la obra del tren a Navalcarnero. El entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y el director gerente del Canal Ildefonso Rodríguez se repartieron una mordida de 2,5 millones, según cree el Ministerio Público. La constructora OHL, con López Madrid al frente, pagó para que el proyecto se modificara al alza.

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