La maldición de los Borbones alcanza a Felipe VI, un rey aún sin relato propio

Atropellos mortales, enfermedades incurables, muertes prematuras, accidentes de automóvil, exilios, acusaciones de alta traición…  Desde la muerte de Carlos III, hay una especie de maldición que persigue a los Borbones y que se agrava con la llegada al trono de Alfonso XIII. Cuenta la leyenda que todo empezó el día que su madre desoyó la recomendación del rey para que no llamase Alfonso a su hijo póstumo. El monarca quería evitar el mal fario del número 13. La reina María Cristina no hizo caso y ahí está la historia: el rey fue acusado por las Cortes de los delitos de lesa majestad, rebelión militar y alta traición. Fue expulsado de España y vagó durante años por Francia, Estados Unidos, Suiza e Italia hasta que murió en febrero de 1941 en una habitación del Grand Hotel, en Roma. 

Supersticiones aparte, su nieto Juan Carlos I podría correr la misma suerte. Más bien, idéntica desgracia. La del repudio de su pueblo ya la tiene. Ganada a pulso por un comportamiento deshonesto con el país al que decía servir y del que durante años se sirvió él para un enriquecimiento ilícito tan obsceno como indigno. Hoy, la Moncloa no descarta que el emérito acabe en el exilio, como su abuelo. De hecho, hace meses que cree necesaria una salida “que no dañe a la institución” ni a Felipe VI más de lo que ya lo ha hecho el destrozo provocado por el emérito. El Gobierno trabaja con la Casa Real en construir al monarca un relato para su reinado.

El nombre de Juan Carlos I está vinculado a una fundación que recibió una donación de 64,8 millones de euros realizada por el rey Abdalá de Arabia Saudí, fallecido en 2015. Y la fiscalía suiza barrunta que pudo haber un delito de blanqueo de capitales porque el traspaso a las cuentas de su entonces amante Corinna Larsen se hizo justo después de que la banca suiza lo invitase a sacar el dinero de allí tras el episodio de Bostwana que puso todos los focos sobre el monarca español. Las mismas sospechas existen en la Justicia española. De hecho, la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga el papel del emérito en las supuestas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas de las obras del llamado AVE a La Meca. 

El Ministerio Público ha decidido trasladar al alto tribunal esta investigación al afectar directamente a Juan Carlos I, que ya no es inimputable pero sí está aforado en el Supremo. La investigación persigue “delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos” que ocurrieron con posterioridad a junio de 2014, momento en el que abdicó en su hijo y dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado.

Este viernes, El Confidencial revelaba, además, que el rey emérito retiró dinero en efectivo de forma habitual entre 2008 y 2012 de la cuenta a nombre de la Fundación Lucum abierta en el banco suizo Mirabaud. En un único año, 2010, habría sacado de la cuenta 1,5 millones de euros. Además, según revela este mismo periódico, en la entidad suiza figura como contacto de esa cuenta la dirección del Palacio de la Zarzuela. “Borbón y Borbón, Juan Carlos. Espagne. Palacio de la Zarzuela-Madrid”. El único ingreso procedió de otra transferencia sospechosa: 1,9 millones de dólares procedentes del rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Khalifa. El dinero lo había transportado el propio monarca español en una maleta a Suiza, según ha contado a un fiscal de aquel país su gestor de fondos, Arturo Fasana. En 2010, cuando Juan Carlos I todavía estaba al frente del trono en España.

La decisión sobre la petición de apertura de un procedimiento penal o el archivo de la causa llegará pronto, a finales de agosto o principios de septiembre, cuando el fiscal haya recibido la totalidad de la comisión rogatoria solicitada a Suiza sobre los movimientos en la cuenta que albergó los 64,8 millones transferidos por el rey saudí y que el monarca donó supuestamente “por amor” a su ex amante Corinna Larsen, según el relato que ella misma hizo ante la fiscalía suiza. 

Sexo, mentiras y comisiones ilegales

A la historia no le falta un solo ingrediente para un guión de Netflix –sexo, mentiras y comisiones ilegales– con el que acabar de sepultar el escaso reconocimiento que le quedó al emérito tras el lamentable episodio de Botsuana y la cacería de elefantes durante la anterior crisis económica, que precipitó la abdicación en Felipe VI. 

Lo de menos ya es el horizonte penal que le espere al emérito, lo que importa es que la mala estrella de los Borbones haya alcanzado ya de lleno a Felipe VI cuando acaba de cumplir su sexto año de reinado. Preocupa en Zarzuela y preocupa en el Gobierno. No es para menos porque, a diferencia de su padre –que antes de presunto corrupto y evasor fiscal, se le reconoció como hacedor de la democracia, figura clave de la Transición y ¿héroe? del 23F– Felipe VI es aún un rey sin narrativa propia que, de no escribirla pronto, podría pasar a la historia sólo por haber sido el hijo de un rey corrupto. 

Lo intentó con el discurso del 3 de octubre, posterior a la declaración unilateral de independencia de Catalunya en 2017, pero no consiguió –aduladores aparte– más que agrandar el desapego de una parte de la sociedad con la institución monárquica, al ponerse del lado de una de las partes cuando lo que se necesitaba en aquel momento era que el jefe del Estado ejerciera el papel de árbitro y moderador que le atribuye la Constitución en el funcionamiento de las instituciones.  

En Catalunya el rechazo a la Monarquía alcanzó desde entonces registros nunca antes vistos. Siete de cada diez catalanes rechazan la Corona (el 74%), frente a un 21,6% que declara apoyar a Felipe VI, según sondeos de empresas privadas que se realizaron en el quinto aniversario de su reinado y que también revelaron que el respaldo a la Monarquía en el conjunto del país no llegaba en 2019 al 51 por ciento. Quizá sea ese el motivo, el de que la Corona no goza de buena salud, por el que desde hace ya cinco años el CIS no pregunta a los españoles sobre el asunto. 

El rey intentó hace tres meses, con escaso éxito también, marcar un punto de inflexión para desvincular su reinado de los escándalos financieros de su padre a través de un comunicado con el que la Casa Real anunció que el monarca renunciaba a la herencia que “personalmente le pudiera corresponder”, así como “a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona”. Además, retiró al emérito la asignación que tenía en los Presupuestos de la Casa del Rey y que ascendía a 194.232 euros anuales.

La renuncia a la herencia que no permite la ley

Ni la legislación española permite la renuncia a una herencia mientras viva el testador, ni Felipe VI logró con aquél comunicado disipar la sombra de la sospecha que había también sobre él, ya que admitió que sabía desde un año antes de una de las estructuras offshore que su padre utilizaba para esconder su fortuna. Un despacho de abogados londinense le comunicó por carta que había sido designado como beneficiario de una de las fundaciones cuando su padre muriese. 

Pocas semanas después, un diario británico desvelaba que un amigo de Juan Carlos I había pagado 269.000 dólares de la luna de miel de los reyes, un viaje que comenzaron en mayo de 2004 y prolongaron hasta agosto de ese mismo año, y que costó en su totalidad 467.000 dólares. La diferencia la pagó el rey emérito.

La Casa Real no ha dicho una palabra sobre ello. Pese a las promesas de regeneración y transparencia con que inauguró el reinado Felipe VI, la Corona sigue siendo la institución más opaca del Estado y la única que no rinde cuentas ante sus órganos fiscalizadores. Y, aunque desde Zarzuela dicen que la atención de los reyes está centrada en la gira por las 17 autonomías que comenzaron tras el fin del estado de alarma, la preocupación por cómo afecten los escándalos de Juan Carlos I a la estabilidad de la Corona es notable, mucho más después de comprobar las protestas que se suceden a su paso por cada Comunidad que visitan y las caceroladas que miles de ciudadanos protagonizaron contra la Monarquía durante las semanas más duras de la pandemia.

La inquietud es compartida en el Gobierno, donde tratan de buscar una vacuna que inmunice al rey frente a los escándalos de su padre para evitar una crisis institucional que desestabilice a la Monarquía. Esta semana el presidente Sánchez ha abierto la espita, tras declararse “perturbado” por las informaciones que salpican al emérito y reabrir el debate sobre la inviolabilidad del jefe del Estado, que impide investigar judicialmente cualquier actividad pública o privada del Monarca mientras ocupe el trono. Una propuesta que ya hizo de forma más taxativa incluso cuando en 2014 era una diputado casi desconocido que aspiraba a presentarse a las primarias para la secretaría general de su partido. Y que reiteró en diciembre de 2018, con motivo del 40º aniversario de la Constitución, y que dijo incluso que contaba con el visto bueno de Felipe VI. Su planteamiento pasa por que el aforamiento de los cargos públicos se limite sólo a actividades relacionadas con el ejercicio del cargo, y no las de carácter privado, y que lo mismo se aplique al Rey. 

O exilio o retirada de honores para el emérito

Juan Carlos I, más allá de lo que decidan los tribunales, ya es historia y sólo al rey le corresponde decidir la forma con la que marcar un punto de inflexión respecto a la relación institucional con su padre. Las opciones ya son pocas, después de haberle retirado la asignación económica y apartarle de la vida pública: o es el exilio o es la retirada de los títulos, tratamientos y honores que le corresponden como miembro de la Familia Real y de los que ya excluyó a sus hermanas como consecuencia del 'caso Urdangarín'. Lo que el Gobierno busca con la propuesta de Sánchez, y en connivencia con la Casa Real, es un relato para el monarca con el que garantizar su continuidad, aplacar el malestar con la institución y mitigar el debate sobre la utilidad de la Monarquía en el marco social y político. No será fácil. El vicepresidente Pablo Iglesias, ya dejó un recado este viernes. Tras felicitar a Sánchez por poner sobre la mesa el debate sobre la inviolabilidad, advirtió que no se puede “desvincular los presuntos delitos cometidos por Juan Carlos I de su condición de rey” y que “resulta complicado también ignorar que la monarquía es una institución hereditaria en la que la legitimidad descansa precisamente en la filiación”.

Unidas Podemos ya había pedido en el Congreso una comisión de investigación, que fue rechazada el pasado junio. El Ejecutivo trata en todo caso de levantar un dique entre el actual monarca y su padre, pero ha habido distintas voces de los morados que han defendido la necesidad de pedir un referéndum sobre el modelo de Estado al hilo de las últimas noticias sobre las irregularidades de Juan Carlos I. La última, la de la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, que ha dicho en las redes sociales que la única forma de desvincular al emérito de Felipe VI es la abdicación del actual rey y la celebración de una consulta.

Al fin y a la postre, en las hemerotecas está aquello de: “Debemos cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción. Los ciudadanos necesitan estar seguros de que el dinero público se administra para los fines legalmente previstos; que no existen tratos de favor por ocupar una responsabilidad pública; que desempeñar un cargo público no sea un medio para aprovecharse o enriquecerse”. La cita es de Felipe VI en su primer discurso de Navidad. Pues eso: ni aprovecharse ni enriquecerse, ni tratos de favor.