Óscar Soto, médico de Allende: “No puede haber ley de amnistía para los asesinos”
Fue la última persona que vio con vida al presidente chileno Salvador Allende. Óscar Soto, que le había acompañado desde años antes de que fuera elegido, estaba en el Palacio de la Moneda cuando los militares golpistas de Pinochet entraron en él, victoriosos: “Bajen de uno en uno, en fila india. Yo bajaré el último”, les dijo Allende poco antes de quitarse la vida. Los militares dejaron marchar a Óscar Soto y al día siguiente tuvo que prestar declaración. Gracias a un médico militar que era su discípulo, pudo irse a casa; hizo una maleta y se asiló en la embajada de México hasta que consiguió un salvoconducto. Vive desde hace años en España y ahora ha presentado el libro Allende en el recuerdo.
¿Qué opinión le merece que vaya a ser la Justicia argentina la que juzgue a los torturadores del franquismo?
Me parece bueno que los juzguen porque tienen que pagar por los delitos que han cometido, lo que no me parece lógico es que tenga que ser un país latinoamericano el que tome esta responsabilidad. Lo lógico sería que los tribunales españoles fueran los que tomaran esos casos, sobre todo porque los descendientes y los torturados viven aquí. Me parece una situación caótica que deja muy mal al país, a la Justicia española y a los políticos españoles que no han sido capaces de lograr que estos juicios se hagan en España.
¿Qué le parece que España se ampare en la ley de amnistía para que no se juzgue a los torturadores?
Eso lo hacen todas las dictaduras, y desgraciadamente en España lo hizo la democracia, porque la ley de amnistía se aprobó una vez que Franco había muerto. La ley de amnistía es un compromiso que se establece para lograr que las transiciones politicas sean lo menos traumáticas posible pero eso tiene que modificarse. A medida que se modifica la conciencia de la gente y se van conociendo los casos no puede haber ley de amnistía para los asesinos. Si uno mata a una persona, no deben amnistiarla. Las leyes de amnistía deberían ser revocadas y eliminadas.
¿Existió en Chile una ley de amnistía?
Pinochet la hizo en 1978 para amnistiar todos los delitos (torturas, desapariciones...) que hubieran ocurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y el año 1978. Incluso hizo una operación de “retiro de televisores” para que el ejérctio volviera a los lugares donde habían cometido asesinatos obvios para cavar las tumbas, coger los restos de los asesinados en unos helicópteros y echarlos al Pacífico. Al final el Poder Judicial chileno hizo suya una doctrina que es bastante aceptable: el delito de toda persona que ha desaparecido permanece, no puede ser amnistiado.
¿Ha juzgado Chile a quien cometió delitos durante la dictadura de Pinochet?
Hasta que Pinochet no fue retenido en Londres no se presentaron denuncias, pero a raíz de ese hecho se perdió el miedo y aparecieron las primeras denuncias del entorno de personas desaparecidas. La Justicia también perdió el miedo y comenzó a juzgar. Se han ido juzgando de forma progresiva, con penas muy leves (de dos o tres años de prisión) para delitos que tienen condenas mayores. Ahora bien, para esos militares condenados se construyeron cárceles especiales. Hoy esas cárceles, que son hoteles de lujo, se están cerrando y los culpables van a las cárceles comunes. Incluso se están produciendo situaciones a veces dramáticas para los condenados: se acaba de suicidar el general Mena, que fue el director del CNI, el segundo órgano represivo de la dictadura.
¿Es normal que España no quiera que Argentina juzgue a los torturadores del franquismo cuando sí quiso juzgar a Pinochet?
No es normal. Las razones que aduce la jueza Servini para usar el derecho en contra de los torturadores son absolutamente legítimas y Poder Judicial no debe interferir, porque esto puede llevar a España al Tribunal de Derechos Humanos, en el que ha sido varias veces condenada.
¿Es usted optimista? ¿Cree que la querella servirá para castigar estos delitos?
No sé para qué servirá porque después se necesita todo un proceso operativo, es decir, se juzga a esta gente, pero también se tiene que juntar a los afectados y a los ejecutores. Los ejecutores de asesinatos tendrán que decir dónde enterraron a las víctimas y lo lógico es que las desentierren. Una serie de procedimientos que sin la colaboración española es muy difícil que se haga. Soy un poco escéptico de que vaya a tener éxito, aunque ya me parece un éxito que un país le diga a España: “Mire, si usted no los juzga, los vamos juzgar nosotros”.
¿Qué sentimiento hay en Chile respecto a que Pinochet nunca fuera juzgado?
En general la gente no está de acuerdo con eso porque no debería haber sido juzgado solo por la violación de los derechos humanos, sino que al final de su vida se demostró que había cometido un gran desfalco: se había hecho rico a expensas del conjunto de la nación. No solo es un asesino sino también un ladrón. Es muy grave que a un jefe de un país, que se ha autoproclamado jefe a través de un golpe militar, su naturaleza le llevara a hacer esas cosas. Tiene que haber una censura por eso.
¿Qué queda en Chile del legado de Salvador Allende?
Yo creo que el legado de las personas es su consecuencia. Uno puede estar a favor o en contra de lo que pretendía Allende. El programa y las medidas favorecían a los más pobres. Los procedimientos siempre fueron legales, nunca se tomó una medida de carácter autoritario o dictatorial. Queda como un hombre honesto, que salió de su casa en la calle Guardia Vieja hacia la presidencia de la República y cuya familia sigue viviendo en esa misma casa. No tuvo ningún tipo de enriquecimiento personal. La gente salía de los cargos públicos para volver a lo que hacía anteriormente sin haber medrado con las responsabilidades y el dinero que el Estado les había otorgado. Esa costumbre debería volver: es una vergüenza que las personas que salen de un ministerio o de un alto cargo se vayan a la empresa privada a ganar mucho más.
