La Mesa del Congreso tumba las peticiones para crear una comisión de investigación sobre Juan Carlos I

Los letrados del Congreso se pronuncian en contra de la comisión de investigación sobre Juan Carlos I

La Mesa del Congreso de los Diputados ha tumbado este martes las peticiones para crear una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades del rey emérito Juan Carlos I y sus supuestas cuentas en Suiza solicitadas, por un lado, por ERC y el Grupo Plural y, por otro, por Unidas Podemos. Los integrantes de la Mesa de PSOE, PP y Vox han evitado que saliera adelante la iniciativa que sí ha sido apoyada por los tres miembros de Unidas Podemos, según han confirmado a este diario fuentes parlamentarias.

Los límites de la inmunidad de los ex jefes de Estado permiten investigar a Juan Carlos I en otros países

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Gerardo Pisarello, miembro de la Mesa y representante de En Comú Podem, ha señalado después que Unidas Podemos se plantea presentar nuevas iniciativas al respecto al considerar que "no se puede apelar permanentemente a la inviolabilidad del rey para que tenga un privilegio diferente a cualquier otro ciudadano del país.

Se trata de la cuarta vez que la Mesa del Congreso rechaza una comisión de investigación sobre el rey emérito a raíz de las informaciones sobre la solicitud de datos que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción a Suiza por la presunta entrega de 100 millones de euros de Arabia Saudí a Juan Carlos I, que adelantó eldiario.es el pasado miércoles.

Siempre que grupos de izquierda o nacionalistas han planteado iniciativas similares a la presentada el jueves por ERC y el Grupo Plural los letrados del Congreso han justificado que el rey emérito gozaba de inviolabilidad en los años que se pretendían analizar, que coinciden con su mandato al frente de la Jefatura de Estado.

En 2018, la Mesa del Congreso rechazó hasta tres veces investigar a Juan Carlos de Borbón. En julio de ese año Unidas Podemos también registró junto a ERC, Compromís, PDeCAT y Bildu, una petición similar a la presentada este jueves para crear una comisión que investigara las supuestas actividades irregulares del rey emérito mencionadas en una conversación grabada por el excomisario José Manuel Villarejo a Corinna Larsen.

El máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja vetó la iniciativa en septiembre de ese mismo año con los votos en contra de PP, PSOE y Ciudadanos. Entonces los tres grupos se remitieron también a los servicios jurídicos del Congreso, que consideran que el Parlamento no tiene competencias de control sobre el jefe del Estado. Unidas Podemos, entonces, recurrió asegurando que las investigaciones que realizaría la solicitada comisión afectarían a las actividades de Juan Carlos de Borbón a partir de 2014, cuando dejó de ser inviolable al abdicar en favor de su hijo, el actual rey Felipe VI. Pese a la matización, la Mesa volvió a rechazar la iniciativa en octubre, alegando de nuevo la protección constitucional de la Corona recogida por los letrados de la cámara.

Unidas Podemos lo volvió a intentar en noviembre de 2018 cuando presentó otro recurso en la Mesa del Congreso criticando que dicho órgano tratara de perpetuar la inviolabilidad del monarca con "efectos permanentes". Pero la Mesa volvió a rechazarlo y forzó al grupo confederal a enviar una carta a Juan Carlos I para que compareciera en la sede de la soberanía popular a petición propia, algo que de momento no ha sucedido.

El fallo del Constitucional

No solo los juristas del Congreso se oponen a que se investigue al rey en el marco parlamentario sino que el Tribunal Constitucional fijó jurisprudencia al respecto en una sentencia de octubre de 2019 en la que anuló la comisión de investigación sobre la monarquía que impulsó el Parlament de Catalunya. El tribunal de garantías se pronunció a partir de un recurso interpuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2019 al entender que fiscalizar a la jefatura del Estado excedía las competencias de la Cámara autonómica. En ese mismo sentido se pronunció con el intento de reprobación de Felipe VI por su discurso del 3 de octubre de 2017.

Además de considerar que ni la comunidad ni su cámara legislativa tienen capacidad de controlar a la familia real, el Constitucional consideró que la propuesta del Parlament vulneraba el artículo 56.3 de la Carta Magna que establece que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". "La inviolabilidad preserva al rey de cualquier tipo de censura o control de sus actos, que se hallan fundamentados en su propia posición constitucional, ajena a toda controversia, a la vista del carácter mayoritariamente debido que tienen", rezaba la sentencia.

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10 de marzo de 2020 - 11:47 h

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