El juez garantiza que el exnúmero dos de Interior con el PP pueda declarar sobre fondos reservados para espiar a Bárcenas

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha acordado levantar el secreto sobre la documentación que el Ministerio del Interior le remitió acerca del espionaje al tesorero del PP Luis Bárcenas, una vez fue desclasificada por el Consejo de Ministros. El instructor responde así a la petición del exnúmero dos de Interior  Francisco Martínez, imputado en la causa y que ha pedido declarar sobre materia reservada después de que los investigadores se incautaran de su teléfono móvil el día antes de la entrada en vigor del estado de alarma. 

Martínez, secretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz, se acogió a su derecho a declarar cuando el juez le citó como investigado el pasado 24 de enero. El pasado 22 de mayo, su defensa amplió los motivos de su negativa a prestar declaración asegurando que debía referirse a material clasificado y que necesitaba la garantía de que él, como había ocurrido antes en la pieza 7 con mandos policiales, de que podía aludir a él sin incurrir en un delito de revelación de secretos. 

En ese escrito, Martínez pedía volver a comparecer y que se levantara el secreto de la causa sobre las resoluciones del Consejo de Ministros para conocer si las cuestiones que tenía que decir ante el magistrado instructor seguían o no protegidas. García-Castellón ha dictado un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, en el que asegura que “dicha pretensión, en el estado actual de la instrucción, resulta adecuada y proporcionada al estado de la investigación y no entorpece ni dificulta el secreto acordado”.

En su escrito, el exnúmero dos de Interior en la etapa de la brigada política pide que se solicite por parte de la Audiencia Nacional al Consejo de Ministros “la documentación que pudiera ser elaborada o recibida en la Secretaría de Esado de Seguridad, enl a que aparezca la expresión Operación Kitchen, operativo policial Kitchen u otra similar, incluidos los registros contables de los fondos reservados que corresponden gestionar al Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, en los que aparezcan las mismas referencias a la citada operación policial”.

El Ministerio del Interior, previa autorización del Consejo de Ministros, ya remitió diversa documentación al juzgado, según fuentes del caso, sobre los gastos del espionaje a Bárcenas, entre los que se encuentran los pagos al chófer del extesorero (48.000 euros en dos años); el gasto para una pistola que se le entregó (700 euros); y el de un portátil para que el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez monitorizase presuntamente la operación Kitchen (1.200 euros).

El juez García-Castellón ha resuelto levantar el secreto sobre la desclasificación aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre de 2018, el que se adoptó el 10 de mayo de 2019 y la respuesta de Interior al requerimiento de información que el juzgado hizo en noviembre de 2019. Antes de decidir sobre el resto de peticiones de Francisco Martínez, el juez ha dado traslado a la Abogacía del Estado para que se pronuncie.