Podemos pide los pagos con medallas y destinos dorados de los policías que el juez niega que cobraran por Kitchen

El Grupo de Unidas Podemos ha propuesto al Congreso de los Diputados que solicite al Ministerio del Interior el listado de medallas pensionadas con las que fueron recompensados los miembros de la brigada política implicados en el espionaje a Luis Bárcenas, así como los codiciados destinos en embajadas con los que fueron premiados algunos de ellos. La petición del grupo parlamentario se produce a los pocos días de que el juez del caso, Manuel García-Castellón, plasmara en un auto que la actuación de ninguno de los policías que participaron en la Operación Kitchen fue “remunerada”.

En un escrito dirigido a la mesa de la comisión este martes, al que ha tenido acceso elDiario.es, el grupo de Unidas Podemos solicita el expediente de traslado de los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano como agregados de Interior a las embajadas de La Haya y México, en junio de 2015 y julio de 2016, respectivamente. Ambos policías están imputados por el espionaje a Bárcenas desde el puesto que ocuparon sucesivamente como jefes de gabinete del jefe de la brigada política, Eugenio Pino. 

Pino convirtió a un grupo de policías, todos de su máxima confianza, en un 'club de diezmileuristas', si se atiende al importe bruto de las cantidades que ganaban mensualmente en sus destinos en las embajadas, después de haber trabajado para él en la Dirección Adjunta Operativa. Fuentes Gago llegó a estar destinado en La Haya por 14.000 euros brutos mensuales, los mismos que recibía su esposa, también policía, todos los meses por un destino en esa misma ciudad, también propuesto por Eugenio Pino. 

A estas retribuciones, Fuentes Gago y Díez Sevillano sumaban el incremento mensual y vitalicio del 10% por la medalla roja que también habían recibido a propuesta de Pino y tras la firma del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Pero ellos no fueron los únicos que fueron condecorados por cuestiones que escapan a los requisitos de la Ley de 1968. Así, el grupo de Unidas Podemos solicita el expediente de la concesión de medallas durante los mandato de Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido a todos los mandos que han pasado por la comisión de investigación del Congreso, incluidos los imputados José Manuel Villarejo, Marcelino Martín-Blas, Enrique García Castaño o el propio Pino, que se jubiló con la condecoración más alta que se concede en vida a un policía, la Medalla de Plata. La investigación del caso Kitchen ha aflorado el mercado de medallas en la Policía durante el periodo en el que se desarrolló la operación [leer aquí].

El pasado 31 de mayo, el juez García-Castellón dictó un auto rechazando una práctica de diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción respecto del sospechoso, aún no imputado, comisario José Luis Olivera, exjefe de la UDEF. Entre los argumentos desplegados por el magistrado instructor se incluía que “no ha resultado acreditado que la actuación desplegada ni por el investigado Villarejo ni Olivera ni ningún otro agente o funcionario policial fuese retribuida, pues no nos encontramos ante un encargo equivalente a los que se investigan en otras piezas sino ante un actuación policial ilícita”.

Por tanto, el juez considera que los policías imputados no se lucraron por haber participado en la Operación Kitchen. Si la comisión accede a la petición de Unidas Podemos e Interior responde a la solicitud se podrá al menos conocer el motivo aparente por el que se les concedió esas medallas, si bien la Dirección General de la Policía solo expone una breve reseña del acto merecedor de la misma, como ya se pudo comprobar en la comisión que abordó la utilización partidista de la Policía por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. 

La posición del juez choca especialmente con el caso del hoy comisario Andrés Gómez Gordo, el policía que regresó al Cuerpo de una excedencia para trabajar con María Dolores de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. La vuelta de Gómez Gordo, según acredita indiciariamente la investigación, respondió a que sus jefes consideraron más apropiado que controlara al topo en la familia Bárcenas, el chófer Sergio Ríos, desde un puesto en activo y no como asesor de Cospedal en la Junta de Comunidades, como venía haciendo. A los seis meses de regresar a la Policía para la manipulación del confidente fue premiado con una medalla remunerada.

Esta divergencia de Unidas Podemos con el juez del caso Kitchen se produce a la semana siguiente de que el magistrado decidiera informar de la imputación del empresario Ignacio López del Hierro justo en el momento en el que éste declaraba ante la comisión de investigación, pese a haber tomado esa decisión días antes, informan fuentes jurídicas. En el mismo auto, García Castellón imputó también a María Dolores de Cospedal, esposa del primero, que estaba citada para comparecer en el Congreso a las pocas horas. La reacción casi inmediata de la comisión de investigación fue suspender la declaración de Cospedal y las de Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz, previstas para esta misma semana. 

La decisión del juez ha terminado provocando que la comisión acuerde pedir una prórroga de sus trabajos hasta el próximo diciembre, con las previsibles declaraciones de los ya previstos Cospedal, Fernández Díaz y Rajoy durante el próximo otoño. La exsecretaria general del PP, su marido y el antiguo jefe de gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz, están citados a declarar ante el juez los días 29 y 30 de junio próximos. 

Unidas Podemos ha solicitado a la mesa que solicite igualmente el expediente de la solicitud de licencia de armas al chófer Sergio Ríos. El topo, que cobró 48.000 euros de los fondos reservados, también recibió una pistola y la licencia para utilizarla. El grupo confederal reclama igualmente el expediente de acceso a la policía del citado Ríos Esgueva, quien accedió a la Policía con 42 años, como parte del pago por su trabajo de confidente y, según dice Villarejo en conversaciones intervenidas, para que estuviera “controlado” dentro del Cuerpo por si en algún momento decidía delatar al resto de los implicados en el espionaje parapolicial. 

Comparecencia de Sáenz de Santamaría

Unidas Podemos también ha registrado la petición de comparecencia de la exvicepresidenta del Gobierno con Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría. Ya lo hicieron en el arranque de los trabajos de la comisión, aunque entonces la mayoría de los diputados tumbaron esta opción. 

Pero los trabajos de la comisión han provocado que el grupo confederal insista ahora en la que fuera una de las máximas responsables políticas del Ejecutivo del PP bajo el que se puso en marcha supuestamente la Operación Kitchen. El portavoz del grupo, Pablo Echenique, explicaba este martes que “varios comparecientes han señalado la participación del CNI” en la trama policial que investiga la comisión parlamentaria, un organismo que “dependía directamente” de Sáenz de Santamaría.

A la petición de Unidas Podemos se suma la de Vox, que ya anunció su intención de que compareciera Sáenz de Santamaría. Pero para que salga adelante es necesario el voto favorable de la mayoría de los grupos con representación en la comisión, lo que deja la decisión en manos del PSOE. Este martes, la portavoz socialista, Adriana Lastra, dejaba abierta la opción de reconsiderar una petición que ya rechazaron en el arranque de las pesquisas parlamentarias. Otra opción que se reabre es que la comisión llame al presidente del PP, Pablo Casado, a quien algunos grupos señalan como políticamente salpicado después de que fuera imputada Cospedal. 

Su nombre ya estuvo sobre la mesa en el inicio de la comisión. Unidas Podemos lo retiró de su primera lista porque no encontró el apoyo de su socio de Gobierno, el PSOE. ERC sí lo incluyó, pero la mayoría lo rechazó. Y aunque los socialistas tampoco creen que “de momento” se pueda sostener que “haya estado vinculado directamente en los hechos que se están investigando”, según expresó Lastra en el Congreso, ese “de momento” sí es un movimiento que hasta ahora no se había producido.

De hecho, la mano derecha de Lastra en el Parlamento, Rafael Simancas, publicó esta misma semana en su blog personal una entrada que, bajo el título “Casado debe dar explicaciones”, aseguraba: “Kitchen fue ideado por el PP, aplicado por el PP, para beneficiar al PP. Y el presidente del PP debe dar cuentas por ello ante todos los españoles”. Eso sí, sin aludir expresamente a una citación para testificar.