La docente Pilar Alegría, un valor al alza del PSOE para culminar la reforma educativa

La zaragozana Pilar Alegría (1977) sustituirá a Isabel Celaá al frente del Ministerio de Educación y será primera ministra aragonesa de la democracia. Tiene faena por delante, aunque su predecesora dejó enfilado el principal objetivo del Gobierno para esta cartera durante la legislatura (sustituir la denostada Lomce por una nueva ley educativa, la Lomloe) y ha puesto en marcha el trámite para renovar la FP.

La nueva ministra tendrá que completar el desarrollo de la primera y aprobar la segunda como principales objetivos para lo que resta de legislatura, además de gestionar un curso académico a medio camino entre la pandemia y la postpandemia. La comunidad educativa, que ha valorado positivamente aunque con peros la labor de Celaá aunque solo haya sido por sustituir la Lomce, espera de Alegría más diálogo del que sostiene ofreció la pronto exministra vasca.

La nueva responsable de Educación es diplomada en Magisterio por la Universidad de Zaragoza, especialidad Educación Primaria, y Máster Universitario en Estudios Avanzados en Educación Social por la Universidad Complutense.

Alegría empezó su carrera política en el primer nivel como diputada del Congreso, donde estuvo entre 2008 y 2015, y como miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE entre 2008 y 2012. Tres años más tarde fue nombrada consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno aragonés, el principal cargo educativo que ha desempeñado. En ese puesto demostró cierta capacidad para llegar a acuerdos, como el que consiguió con toda la comunidad científica aragonesa para firmar un Pacto por la Ciencia al que se adhirieron todo los centros e institutos de investigación, los tecnológicos, las organizaciones empresariales, las universidades y los siete partidos con representación en las Cortes.

Su siguiente paso fue pelear la alcaldía de Zaragoza por decisión del presidente, Pedro Sánchez. Este movimiento le costó su buena relación con el presidente aragonés Javier Lambán, según contó la prensa regional. Ganó las elecciones pero perdió la guerra y un pacto entre el PP y Vox la dejó sin alcaldía. Poco después, el presidente Pedro Sánchez la nombró delegada del Gobierno en Aragón, puesto que ocupa actualmente hasta que lo cambie por el de ministra.

Con esta la entrada de Alegría al Gobierno, Sánchez da entrada en el gabinete a perfiles con peso político a los que quiere reforzar de cara al futuro del partido. Alegría es uno de los valores al alza dentro del partido. De hecho, ha sido la coordinadora de la ponencia marco del 40º Congreso del PSOE en la parte de educación, universidades, cultura y deportes. En Ferraz no la ven con malos ojos para que sea el relevo de Javier Lambán en el PSOE aragonés en el futuro.

Los desafíos de la nueva ministra

Celaá deja el ministerio con la principal tarea que se había propuesto resuelta, pero también deja cosas a medias. La pronto exministra consiguió sacar adelante la ley que pasará a la historia con su nombre, pese a llamarse Lomloe, que se aprobó en el Parlamento el pasado mes de diciembre, y deja encaminada la reforma de la FP. Entre sus debes, los sindicatos le achacan poco diálogo social y esperan que la nueva responsable impulse estas negociaciones.

Celaá sufrió un gran desgaste durante la tramitación de la Lomloe, con el rechazo frontal de toda la derecha y buena parte de la sociedad civil asociada a ella, que veía peligrar su status quo con una norma que limita el papel de la concertada en el sistema educativo y que apostaba por la educación inclusiva frente a la especial. También ha sufrido la ley las críticas de parte del profesorado, descontento por lo que entiende como una bajada de nivel y la exigencia en la nueva ley. Aquí puedes leer las principales novedades que trajo la norma.

Desarrollar la Lomloe y afrontar un curso entre pandémico y postpandémico será una de las principales tareas que tendrá Alegría cuando desembarque en el ministerio. La nueva ministra tendrá que entrar en faena rápido: para este mismo mes de julio estaban previstas un par de conferencias sectoriales de Educación (reunión de Gobierno y comunidades autónomas), una para debatir el decreto de evaluación y promoción que el ministerio presentó a los Ejecutivos regionales y otra para hablar de FP, reuniones que ahora están en el aire.

La gestión de estos dos cursos en mitad de una pandemia también fue uno de los elementos que más desgastó a Celaá. Durante el curso del confinamiento el ministerio optó por la fórmula de “no perjudicar a los alumnos” por el cierre sobrevenido y decretó una “promoción general” que contó con el apoyo de las comunidades gobernadas por el PSOE y el rechazo de algunas del PP bajo el argumento de que se estaba dando un “aprobado general”, aunque finalmente todas actuaron igual levantando la mano. Los enfrentamientos con las comunidades populares marcaron la gestión de la educación en pandemia, aunque finalmente todas actuaron parecido.

Con la Lomloe aprobada, el principal melón que tiene abierto Alegría es continuar la labor de reforma del currículo que contempla la ley y que Celaá había comenzado ya. Se aventura como una tarea ardua: como es obvio el currículum es parte nuclear del sistema educativo y la intención del ministerio es rebajar los contenidos (el principal representante de directivos de centros de Primaria apoya este camino) y pasar a una formación “por competencias”, y ambos aspectos dividen al profesorado.

Además, Alegría deberá sacar adelante la nueva ley de la FP, un ambicioso proyecto que unifica por primera vez bajo el paraguas del Ministerio de Educación la doble red de Formación Profesional para el empleo y la educativa y en la que el Gobierno tiene puestas muchas esperanzas para cambiar el mercado laboral español.

Entre las últimas cosas que Celaá hizo en el ministerio –a medias con el Ministerio de Universidades– fue aprobar el pasado 29 de junio el decreto de becas para el curso que viene. En esta convocatoria se incrementa el presupuesto en 128 millones de euros, hasta un total de 2.038, una cuantía récord con la que se espera atender a 850.000 estudiantes en todas las etapas educativas (460.000 no universitarios y 390.000 universitarios). La partida de becas ha subido un 39,6% (578 millones de euros) desde que Celaá desembarcó en el ministerio en 2018.

Los sindicatos piden más diálogo social

Los sindicatos educativos valoran positivamente –con peros– la labor de la ministra saliente, especialmente por haber derogado la LOMCE. Francisco García, secretario general de Educación de CCOO, cree que “hay que glosar” este hecho, y aunque la nueva ley “en algunas cuestiones se queda corta, recupera la senda de la equidad, la igualdad de las oportunidades, de la comprensividad y es razonablemente positiva”, opina. En una línea parecida se expresa Maribel Loranca, responsable de Educación de UGT, que reconoce que “no han sido tiempos fáciles en la Educación por motivos de la pandemia”, y a haber derogado la ley Wert añade “el impulso a la Formación Profesional” como aspectos positivos de la labor de Celaá.

Pero ambos representantes coinciden en que el ministerio ha adolecido de falta de diálogo social. “Nos hubiera gustado un impulso más decidido a la negociación colectiva y mayor regularidad en las reuniones de las Mesas Sectoriales del Ministerio. Esperamos que en la nueva etapa se siga apostando por el incremento en.la inversión educativa; se aborde la negociación del Estatuto Docente y se negocien soluciones para atajar la temporalidad en el ámbito educativo, desarrollando el acuerdo recientemente firmado con Función Pública”, expresa Loranca. García coincide en que “su debilidad” ha sido el diálgoo social. “Si un reto debe asumir el nuevo ministerio es renovarlo para poner en marcha el estatuto docente y el sistema transitorio extraordinario de acceso a la función pública para la estabilización y consolidación del empleo”.