El PP acusa al Gobierno de “intromisión” en la Justicia pero bloquea la renovación del CGPJ de mayoría conservadora

A través de los argumentarios internos que envía cada día a todos los cargos del partido, así como en cada una de las comparecencias públicas de sus máximos dirigentes, el Partido Popular ha lanzado esta semana una nueva campaña para acusar al Gobierno de “intromisión” en en el Poder Judicial. Al mismo tiempo, la dirección de Pablo Casado mantiene el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no tiene previsto dar su brazo a torcer a pesar de que este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó expresamente al líder del PP con el fin de instarle a renovar ése y otros órganos constitucionales, como el Tribunal de Cuentas o el Constitucional, pendientes del diálogo entre socialistas y populares. Casado le volvió a decir que no.

El CGPJ se encuentra en situación de interinidad desde 2018 y cuya composición, de mayoría conservadora, se configuró en 2013, cuando los populares gobernaban con mayoría absoluta. La contundente superioridad de escaños del PP de Mariano Rajoy se reflejó entonces en el máximo órgano de gobierno de los jueces, tras un proceso de negociación con el PSOE. Pero siete años después y en un contexto en el que la derecha ha perdido la mayoría parlamentaria en dos elecciones generales consecutivas, el PP se niega a perder también el control del Poder Judicial que, sin ver alterada su composición predominantemente conservadora, en los últimos dos años ha seguido haciendo nombramientos de cargos vitalicios con el mandato caducado.

Precisamente para tratar de frenar esos nombramientos mientras el CGPJ está en funciones, el Congreso dio este martes el primer paso para reformar la Ley del Poder Judicial. El objetivo de la iniciativa presentada por los socios del Gobierno de coalición –PSOE y Unidas Podemos– es limitar el margen de actuación del máximo órgano de los jueces una vez haya caducado su mandato. La propuesta inició su trámite parlamentario gracias al apoyo de las fuerzas que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez y con el 'no' de las tres derechas: PP, Vox y Ciudadanos.

Además, se encuentra aparcada en el Congreso otra propuesta de los socios del Ejecutivo para reducir la mayoría necesaria para renovar el CGPJ –presentada para presionar al PP para que se siente a negociar sobre dicha renovación–, que ahora requiere de tres quintos de los votos de la Cámara Baja y que PSOE y Unidas Podemos han propuesto que se reduzca a la mayoría absoluta. En octubre, y ante el supuesto giro al centro que Casado quiso escenificar rompiendo con Vox durante la fallida moción de censura de la extrema derecha, Sánchez anunció que frenaba la tramitación de esta última proposición para facilitar el pacto.

“Maniobras antidemocráticas y fascistoides”

En lugar de acercar el acuerdo, estas iniciativas del Ejecutivo han alejado aún más a socialistas y populares. Para el PP, la propuesta que se comenzó a tramitar en el Congreso este martes y que busca equiparar el Poder Judicial a los otros poderes del Estado –que tienen limitadas sus competencias cuando están en funciones– es una muestra más del intento del Gobierno de “interferir en la independencia” del sistema judicial español.

La acusación se enmarca en la estrategia de la dirección del PP de tildar al Ejecutivo de “autoritario” y “dictatorial”. En las últimas semanas, Casado y otros dirigentes populares compiten con la extrema derecha de Vox por el relato que considera que el Gobierno “ataca las libertades” y es un “régimen antidemocrático”, al que equiparan con la Venezuela de Nicolás Maduro.

Durante el debate en el Parlamento de este martes, el diputado del PP encargado de defender la posición en contra de su grupo, Luis Santamaría, lanzó una retahíla de nuevos exabruptos contra el Gobierno. El parlamentario consideró la iniciativa para limitar la capacidad de gestión del CGPJ cuando está en funciones como “una provocación más por parte del Gobierno para tener una justificación que modifique las mayorías para renovar el CGPJ”. Son, a su juicio, unas “maniobras antidemocráticas y fascistoides” de PSOE y Unidas Podemos.

“Ustedes intentan imponer un gobierno de los jueces monocolor y eso es inaceptable en democracia. Están mucho más cerca del cambio de régimen que proponen”, les dijo Santamaría a los miembros del Gobierno, a los que acusó de ser el “Sanchismo”, al que llamó “juguete roto de filoterroristas y socialcomunistas”. “Con estos socios son ustedes a la democracia lo que la carcoma a la madera, entran a las instituciones para destruirlas”, añadía, además de acusar al Ejecutivo de “mentir” en todas sus iniciativas.

En esa misma línea, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, aseguró este martes que la propuesta de reforma del Poder Judicial admitida a trámite por la Cámara Baja supone una “vuelta de tuerca más” del Gobierno para “atacar” a la Justicia. “Va en la dirección contraria a garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial. La paralización de los nombramientos en tanto que el Consejo esté pendiente de la renovación es interferir en la independencia de ese Consejo”, señaló. Gamarra insistió en que la iniciativa “es una vuelta de tuerca más para intentar interferir desde el Ejecutivo, a través del Legislativo, en el Poder Judicial”.

Dificultades para el acuerdo

El secretario general del partido, Teodoro García Egea, utilizó términos similares el lunes, tras la reunión del Comité de Dirección del PP. En su opinión, Pedro Sánchez “quiere convertir el Poder Judicial en un instrumento del Ejecutivo, anexionándolo a su control”. El 'número dos' de los populares realizaba estas declaraciones acusando al Gobierno de “interferir” en los “procesos judiciales” apenas unos minutos después de que se conociera la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de instar a la Audiencia Nacional a repetir el juicio del caso Bateragune, por el que fue condenado, entre otros, el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, al que este mismo martes Casado consideró “socio” del Gobierno. El fallo del Supremo contó además con el respaldo de la Fiscalía.

La dirección de Casado ha pedido además a todos sus dirigentes que azucen la idea de la “intervención de la Justicia” por parte del Gobierno y justifiquen así su bloqueo a la renovación del CGPJ. El lunes, Génova 13 envió un argumentario interno a todos los cargos populares, al que ha tenido acceso elDiario.es, pidiéndoles repetir que “la intromisión del Gobierno en las causas judiciales no es el camino tampoco para llegar a acuerdos”. “Sánchez quiere convertir el Poder Judicial en un instrumento al servicio del Ejecutivo, anexionándolo a su control. Y ese no es el camino para un acuerdo”, señaló el equipo de Casado en sus consignas.

Desde la dirección del PP insisten en que no se dan las condiciones para lograr un acuerdo con el Gobierno pese a las distintas conversaciones que han mantenido con ese fin el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de Justicia del PP, Enrique López. Casado mantiene intactas tres exigencias: que la parte del Gobierno de Unidas Podemos no tenga nada que decir para la renovación del CGPJ, que los socios del Ejecutivo retiren su propuesta para reducir la mayoría necesaria para dicha renovación y que el PSOE se comprometa con la “independencia judicial”.

El Gobierno, por su parte, mantiene la presión sobre Pablo Casado para que desbloquee de una vez la renovación del CGPJ. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, admitía este martes que “no hay un calendario” para culminar el acuerdo con el PP, pero aseguraba que se “están agotando los plazos de cortesía y gracia”. Campo aseguró que “el Estado no le va a permitir” al PP mantener el bloqueo del Poder Judicial sine die y que el Estado tampoco “se lo va a perdonar”. “El cumplimiento de la Constitución no puede quedar al socaire de intereses partidistas. Me produce la actitud del PP un cierto sonrojo”, lamentó el titular de Justicia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno sostiene que el acuerdo para la renovación del CGPJ está hecho a la espera de que Casado dé luz verde a su activación, informa Irene Castro.

Los intentos fallidos

Sin embargo, en los últimos dos años, el PP ha dinamitado todas las aproximaciones con el Gobierno para renovar el máximo órgano de los jueces con un acuerdo con el PSOE. En noviembre de 2018 la negociación saltó por los aires tras filtrarse un mensaje en el que el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, aseguraba que con el nombramiento del juez Manuel Marchena –que era el nombre pactado con el Gobierno para presidir el nuevo CGPJ– se controlaría “por detrás” la sala segunda del Supremo. Finalmente, Marchena renunció y presidió el tribunal que juzgó el procés.

El fracaso de las negociaciones también se evidenció el pasado 2 de septiembre, durante la reunión que mantuvieron Sánchez y Casado en el Palacio de la Moncloa, en la que el líder del PP rompió los avances que se habían logrado entre ambas partes durante sus conversaciones en los meses de verano, al negarse a entrar en una negociación en la que participe el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

La justificación del presidente del PP fue entonces que la posición de Unidas Podemos en contra de la monarquía y la imputación del partido en un procedimiento judicial a raíz de una denuncia de un extrabajador imposibilitaba sentarse a hablar con esa parte del Gobierno. Más recientemente, el argumento que esgrime Casado para justificar su bloqueo a la renovación del CGPJ es el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado.

Oficialmente, el PP siempre ha tratado de justificar su negativa al acuerdo defendiendo que su objetivo es “despolitizar” el Poder Judicial, a pesar de que gracias a su bloqueo se mantiene la mayoría conservadora en el CGPJ, que sigue nombrando jueces. Desde la restauración de la democracia, los tres bloqueos del PP en la renovación del CGPJ han servido para que la derecha decidiera la mayoría de los nombramientos de jueces en el Supremo. Gracias a ese lento proceso en el que participaron en su día José María Aznar y Mariano Rajoy, y que ahora protagoniza Casado, se ha dado la situación de que la Sala de lo Penal pasara de estar formada por siete jueces progresistas y seis conservadores, en 1995, a que en 2020 sean 11 conservadores frente a dos progresistas.