La jefa de protocolo dice que no fue legal modificar los pliegos de los contratos de la Asamblea

La jefa de protocolo de la Asamblea, María Merino, ha dicho hoy que no fue “legal” modificar el criterio en el que se puntuaba la experiencia de las empresas que participaban en el proceso de contratación de la cafetería de la Cámara regional, que fue adjudicado en 2009 y 2011 al grupo del empresario Arturo Fernández.

En su comparecencia en la comisión de investigación por corrupción de la Cámara regional que aborda este asunto, Merino ha precisado que ese cambio consistió en una división del criterio que valoraba la experiencia de las empresas licitadoras, pasando de puntuar de forma global 30 puntos a desglosarlo en dos: 20 puntos por experiencia en el sector público y 10 en el privado.

Merino ha reconocido que no se pueden modificar los pliegos, según la ley de contratos del sector público, pero que ella no tomó esa decisión, al tiempo que ha comentado que la creación de ese “subcriterio” no variaba el resultado final, siendo el grupo de Arturo Fernández el que obtuvo la mayor puntuación.

“No se debería haber establecido ese criterio”, ha dicho la jefa de protocolo, que ha precisado que en ese momento no tenía conocimientos suficientes para determinar que no era legal. En ese momento, tenía estudios en Filosofía y Psicología, aunque luego se licenció en Derecho.

Además, ha indicado que nadie le comunicó que iba a formar parte del comité de expertos que decidió adjudicar el servicio al grupo Cantoblanco, aunque parezca “increíble”. “Esas cosas pasan”, ha dicho.

Ha explicado que un día llegó a su despacho y se encontró “un montón de cajas” con los pliegos de 2009, algo que le sorprendió ya que “habitualmente” no se dedicaba a ese tipo de cuestiones.

A su juicio, fue la persona elegida por la Mesa de la Asamblea para formar parte del comité de expertos, en el que también estaba presente la presidenta regional, Cristina Cifuentes, debido a su experiencia en coordinar eventos y almuerzos en el Parlamento regional, a los que asistían los presidentes de parlamentos nacionales e internacionales.

Según Merino, su función no era establecer la valoración de las ofertas de las empresas ni el “ránking” final, sino que le correspondía a la letrada jefe de Asesoría Jurídica de la Asamblea, Tatiana Recoder, en 2009, y el técnico superior, Arturo Zubiri, en 2011, por lo que, como estaba de acuerdo, firmó los informes.

Así lo manifestó en su declaración ante la Unidad de Central Operativa de la Guardia Civil, donde ha señalado que acudió “muerta de miedo”. También aseguró que no hubo ningún intercambio de valoraciones entre los miembros del comité de expertos.

Por su parte, la letrada jefe de Asesoría Jurídica de la Asamblea, miembro del comité de expertos en 2009, no ha querido declarar en la Cámara regional, al tiempo que ha precisado que no está siendo investigada.

Recoder, que fue llamada a esta comisión por el grupo parlamentario popular, ha dicho que, tras prestar la “oportuna declaración” no ha sido objeto de “imputación judicial de ningún tipo”, por lo que se mantiene al margen de las actuaciones judiciales sin intervenir en el ámbito político, amparándose en el artículo 24 de la Constitución.