PSE quiere que el nuevo Estatuto tenga un preámbulo que reconozca la pluralidad de identidades y sentimientos en Euskadi

El PSE-EE aboga, en su programa electoral para las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril, por un Estatuto que permita a los vascos decidir sus políticas, pero “dentro de la legalidad constitucional y estatutaria”, y en el que se “reconozca la pluralidad de identidades y sentimientos que existen en la sociedad vasca” y su identificación “como 'nacionalidad/nación constituida por mujeres y hombres en pie de igualdad”.

En el documento, los socialistas vascos se refieren al logro futuro de 'un Estatuto para el siglo XXI'. Este capítulo comienza con una alusión a la “experiencia de éxito” que supuso el Estatuto de Gernika y que, “una vez derrotado el terrorismo”, ha permitido a la sociedad vasca situarse “en unos niveles de bienestar, libertad y convivencia nunca antes conocidos en su historia”.

No obstante, señala que, “lejos de ser un motivo de autocomplacencia”, esto debe servir “como estímulo” para afrontar transformaciones que permitan avanzar hacia una sociedad “moderna, sostenible y cimentada sobre sólidos principios éticos y democráticos”.

Tras recordar que los trabajos de la ponencia de autogobierno no han facilitado que en esta legislatura se culmine la reforma del texto estatutario, mantiene su apuesta por actualizar el autogobierno para “mejorar la vida de la ciudadanía y reforzar la cohesión social”.

El PSE-EE plantea conseguir un texto articulado “que sea viable, útil, de consensos más amplios que el Estatuto en vigor y que respete el ordenamiento jurídico”.

En este sentido, reclama que las bases para este nuevo Estatuto garantice el derecho de la ciudadanía vasca “a intervenir, de acuerdo con las reglas y en los términos que la legalidad constitucional y estatutaria establece, en todas las decisiones políticas que afectan a sus derechos e intereses”.

De esta forma, aboga por un autogobierno “para construir una sociedad moderna, plural, igualitaria y cohesionada, mediante un pacto de convivencia cívico y de ciudadanía plena”. “Una sociedad formada por hombres y mujeres libres y responsables de su futuro, tanto en la España plural y diversa, como en la UE, en solidaridad real y efectiva con las demás comunidades del Estado, y dentro de los valores superiores y principios básicos de la democracia”, apunta.

En este sentido y en coherencia con el voto particular que presentaron a las bases aprobadas en la ponencia del Parlamento Vasco, propone que se resuelvan “las carencias y ambigüedades, explicables por la obsolescencia” del Estatuto, pasados 40 años desde su aprobación, que se incorporen las transformaciones de las últimas décadas, tales como “la ya incuestionable vocación de igualdad entre mujeres y hombres o desafíos entonces inéditos como el cambio climático, el envejecimiento de la población, los movimientos migratorios, la irrupción del universo Internet ”y la necesaria apuesta por la participación, la transparencia y la rendición de cuentas“.

PLURALIDAD DE IDENTIDADES

Tras considerar que el Estatuto es la “Constitución interna de Euskadi”, el partido de Idoia Mendia dice que la reforma estatutaria debe introducir en su preámbulo o exposición de motivos el reconocimiento de la pluralidad de identidades y sentimientos que existen en la sociedad vasca, su identificación “como nacionalidad/nación constituida por mujeres y hombres en pie de igualdad” o el valor del acuerdo político del Estatuto en vigor “que ha sobrevivido incluso al embate terrorista”.

También apunta que debe contemplar las singularidades ya admitidas y desarrolladas legalmente, como los derechos históricos, el Concierto Económico, el euskera o el derecho civil. Asimismo, considera que se debería incluir “una referencia obligada a la violencia de motivación política sufrida en nuestra historia reciente”.

Además, apuesta por que se acuerde “una definición semántica más precisa de la comunidad vasca, como proyecto de convivencia basado en la voluntad de su ciudadanía dentro de un marco español y europeo; precisar el estatus del euskera y el derecho a conocer y usar las dos lenguas oficiales de Euskadi; y fijar una nueva y amplia regulación de derechos y deberes” de los ciudadanos vascos.

Los socialistas también aseguran que tiene que incluir la definición competencial en relación con el Estado, así como las relaciones internas entre los Territorios Históricos y de éstos con la Comunidad Autónoma Vasca“.

Por todo ello, se compromete a seguir impulsando en la Cámara vasca una actualización del autogobierno que ensanche los derechos de las personas, adaptar las competencias a la realidad social, distribuir las competencias entre los poderes públicos vascos en sus distintos niveles institucionales o reordenar las relaciones internas entre esas instituciones para ganar eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos y garantía de los derechos. Su pretensión es también que se atribuyan las competencias normativas tributarias al Parlamento Vasco.

MEMORIA, “NUNCA MÁS”

El PSE-EE apuesta por que el futuro en Euskadi se construya “sobre el respeto inexcusable de los derechos humanos y de la dignidad e integridad de las personas, incluyendo una visión crítica sobre la injusticia que supuso el terrorismo y otras violencias de motivación política”.

Por ello, propone “un Pacto Social, un acuerdo transversal sobre la convivencia que profundice en el sentido ético y de rearme moral de la sociedad sobre la idea de que ni antes ni ahora, ni en el futuro” se va a encontrar “ninguna razón política que justifique el terrorismo o cualquier otra vulneración de derechos”.

El PSE subraya que uno de los principios que deben sustentar ese pacto debe ser “la verdad de lo ocurrido, de forma que sea posible asumir que no hubo nunca razón alguna para el terrorismo de ETA, ni para ninguna otra forma de terrorismo, ni para la tortura”. “En definitiva, que jamás hubo razón que pueda justificar la vulneración de los derechos humanos de ninguna persona”, asevera.

También cree que debe respetarse la pluralidad y conformar una sociedad de ciudadanos “libres e iguales, que acepta sin matices la dignidad de todo ser humano, de sus derechos, por encima de cualquier consideración sobre su ideología o sus sentimientos de pertenencia”.

Asimismo, reclama “memoria, reconocimiento, justicia y reparación de todas las víctimas, las provocadas por ETA, por el GAL y por otros grupos y las víctimas de abusos policiales, sin equiparaciones ni exclusiones, sin establecer paralelismos ni apelar a ninguna otra consideración que abone la teoría del conflicto político”.

En su programa, los socialistas también apuntan que quedan “tareas pendientes” respecto a las víctimas, como la resolución de los casos sin resolver.

A su juicio, el respeto a los damnificados “significa asumir expresamente el significado político de las víctimas de ETA, que lo fueron por la decisión de la banda de imponer un proyecto político mediante el asesinato”. “La convivencia supone reconocer que los conflictos se resuelven por el diálogo, el acuerdo y las reglas pactadas”, afirma.

La formación de Mendia defiende la reinserción de los presos, “en los términos orientados por la Constitución y la legalidad penitenciaria, de forma que se propicien las actitudes de la población reclusa de asunción del daño causado y la voluntad de reparación”.

Por último, cree necesario que se aborde “la deslegitimación, ética, social y política del asesinato, o de cualquier otra expresión de violencia ilegítima, para conseguir objetivos políticos, tanto en el pasado, como en el presente y en el futuro”, y la denuncia de todas las vulneraciones “que han tenido lugar, sin excusa”.