El PSOE recurre el archivo del expediente por la obra ilegal en el ático del alcalde de Burgos
El PSOE ha presentado un recurso de reposición contra el archivo de la denuncia por infracción urbanística presentada contra el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, por las obras ilegales del ático en el que vive. eldiario.es reveló en enero que la vivienda del dirigente del PP tiene cerrada la terraza sin haber solicitado la correspondiente licencia y su superficie construida no coincide con la estipulada en el Registro de la Propiedad. La investigación municipal ha concluido que la contrucción es ilegal, pero ha prescrito porque “presumiblemente” se realizó hace más de cuatro años.
Los socialistas denunciaron la infracción urbanística de Lacalle por la vía administrativa al considerar que se había incurrido en una falta grave o muy grave al proceder al cierre de la terraza para dar más metros habitables al piso. El equipo de Gobierno burgalés se comprometió a facilitar la inspección de la vivienda, pero el alcalde intentó evitarla al presentar alegaciones para “aclarar” las sospechas de que hizo unas obras ilegales.
La documentación que aportó Lacalle fue una declaración jurada en la que aseguraba que, desde que adquirió el ático en septiembre de 2012, no hizo ninguna obra en esa parte del inmueble. También señaló que el “cerramiento parcial” lo habían hecho los anteriores vecinos y para justificarlo presentó un albarán de la compra de vantanas fechado en 2006. Aunque las obras se hubieran realizado con anterioridad, la ampliación de la vivienda debería aparecer en el Registro de la Propiedad y no es así.
El informe del técnico municipal da por válidas esas alegaciones que el PSOE considera “vagas e imprecisas”. Respecto a la declaración jurada, el informe sostiene que “se presume como cierto lo señalado por el declarante hasta que se pueda acreditar lo contrario”. El PSOE alega en su recurso que así se “invierte la carga de la prueba” al entender que Lacalle al ser “conocedor de la ilegalidad” como propietario y como anterior encargado de Urbanismo en el consistorio se ha “situado en una clandestinidad voluntaria al ocultar que la vivienda de la que es propietario no se corresponde con la que visaron los técnicos en el final de obra”.
La resolución omite una parte de la obra ilegal del ático de Lacalle, que corresponde al cerramiento de la parte este de la vivienda. “El propietario ha señalado que la terraza tiene el lado este abierto, habiéndose probado que sí se ha producido un cerramiento, en el que se ha encajado una puerta o una ventana”, recuerda el recurso del PSOE: “Nada se dice sobre esta cuestión en la resolución”.
Lacalle anunció el archivo antes de que se firmara
Los socialistas consideran que el informe municipal vulnera la legalidad ya que concluye que las obras son ilegales pero han prescrito sin haber podido acreditar la fecha en la que se produjeron. Además, piden que se lleve a cabo una inspección de la vivienda para intentar determinar las consecuencias de la infracción urbanística y que se proceda a “restaurar la legalidad”, es decir, que la casa vuelva a tener las características que figuran en el registro.
La concejala socialista Esther Peñalba, que calificó de “arbitrario” el informe municipal, considera que se ha puesto a funcionar la “maquinaria” del consistorio para encubrir a Lacalle. El alcalde de Burgos informó en un comunicado el 16 de mayo que los servicios técnicos municipales habían propuesto el archivo de la denuncia de la oposición al quedar acreditado que Lacalle no había “realizado ninguna obra” desde la compra de la vivienda. El informe del técnico municipal está firmado el 23 de mayo, es decir, siete días después de el edil hubiera anunciado sus conclusiones.
La vía judicial contra Lacalle
El archivo de la denuncia por infracción urbanística abre la puerta a que el PSOE actúe por la vía judicial en lo Contencioso Administrativo en el caso de que el Ayuntamiento desestime el recurso de reposición interpuesto. Los socialistas aseguran que estudiarán esa posibilidad.
En el caso de que recurrieran ante el juzgado, sería el segundo frente abierto en esa vía contra el alcalde de Burgos, que está imputado por un delito de falsificación en documento público tras manipular la declaración de bienes que tenía depositada en el Ayuntamiento. Cuando estalló el escándalo de su ático, coincidiendo con los incidentes de Gamonal en enero, eldiario.es también desveló que Lacalle no había informado en su declaración de la adquisición de esa vivienda.
Un día después, el alcalde se la solicitó al secretario general del consistorio, que se encarga de custodiar esos documentos, y se la llevó a su despacho. Tras esa maniobra, un concejal socialista que había atestiguado que la compra no figuraba en el documento, comprobó pocas fechas más tarde que se había añadido una hoja complementaria, que no contenía ni sello ni firma del secretario general, tal y como marca la regulación.
Lacalle declaró ante el juez el pasado viernes y reconoció que había añadido esa hoja sin seguir el cauce establecido porque no le dio “importancia”, aunque aseguró que lo había hecho en diciembre de 2012. Además, el dirigente del PP intentó cubrirse las espaldas al explicar que le corresponde a él dar permiso a los otros miembros de la corporación para consultar las declaraciones de bienes y que ninguno lo hizo en enero de 2014. Sin embargo, el secretario general, que declaró como testigo y, por tanto, con obligación de decir la verdad, aseguró que tres concejales accedieron a la documentación en esas fechas.
