El Congreso no avanza en las propuestas de abrirse a la participación ciudadana

Los buenos propósitos con los que se iniciaron a principios de 2013 los trabajos de la ponencia para agilizar el funcionamiento del Congreso y dar protagonismo a la ciudadanía en la vida parlamentaria corren el peligro de quedarse nuevamente en eso, en simples buenos propósitos. La lentitud de los trabajos para reformar el Reglamento de la Cámara lleva a pensar que no se avanzará en cuanto a las iniciativas que tratan de acercarlo a los ciudadanos.

La última reunión de la ponencia tuvo lugar antes de las vacaciones de Navidad y terminó sin avances. En ella los grupos parlamentarios intentaron otra vez cerrar al menos el primero de los once bloques de temas en los que han dividido los trabajos, el relativo a la función legislativa de la Cámara. Sobre la mesa también figuraba la regulación de los lobbies y los requisitos que deben cumplir estos grupos de presión para que sus contactos con los diputados y su influencia en la tramitación de ciertas leyes sean totalmente transparentes. No se concretó nada. Es más, el encuentro terminó con un cruce de acusaciones de “inmovilismo” entre el PP y el PSOE.

La próxima cita será el 28 de enero. Sin embargo, la lentitud con la que se mueven y el escaso margen que les queda para sacar adelante la reforma no hace presagiar nada bueno. Los propios portavoces que trabajan en la ponencia así lo reconocen.

Entre los cambios que casi con toda seguridad se quedarán en el cajón se encuentran las medidas que afectan al ciudadano y su implicación en la vida parlamentaria. Varios grupos, como el PSOE, la Izquierda Plural, UPyD y gran parte del Grupo Mixto, coinciden en la necesidad de rebajar los requisitos para la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el registro del Congreso para que pueda ser tomada en consideración por el Pleno.

Hasta ahora son necesarias 500.000 firmas y los grupos –incluido el PP– proponen bajar esta cifra a la mitad. También pretenden que la mayoría absoluta de la Mesa del Congreso no pueda bloquear su admisión a trámite y que la ILP pueda ser defendida por sus propios promotores en el Pleno, no solo en la Comisión.

Los populares no ven con buenos ojos estas últimas exigencias. En la bancada del PP, de hecho, acogieron con desagrado, en febrero de 2013, la comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de Ada Colau, entonces portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), para defender la ILP antidesahucios que llegó a la Cámara avalada por casi un millón y medio de firmas.

Aquella comparecencia fue muy sonada. En su intervención, Colau cargó con dureza contra banqueros y políticos. La activista llegó a calificar de “criminal” al vicesecretario de la Asociación Española de Banca, Javier Rodríguez Pellitero, y advirtió a los diputados que se opusieran a la iniciativa de que serían objetivo de un escrache. La ILP finalmente fue aprobada pero quedó totalmente deformada con las enmiendas del PP, único grupo que votó a favor del texto definitivo en el que, entre otras muchas cosas, no se incluía la dación en pago, como exigía la PAH.

Cambios en la Comisión de Peticiones

Cambios en la Comisión de PeticionesEntre los grupos también hay coincidencia en modificar el funcionamiento de la Comisión de Peticiones, cuyas reuniones son siempre a puerta cerrada, para que deje de ser un mero “buzón de voz”. La intención es que los ciudadanos, que hasta ahora presentan sus quejas por escrito a sus señorías, tengan un mayor protagonismo y puedan explicarlas en persona habilitando para ello un sistema de “cupos”. Así ocurre en el Parlamento Europeo, por cuya Comisión de Peticiones han pasado, entre otros colectivos, representantes españoles de la plataforma antifracking y de la propia PAH.

Algunos grupos van más allá y quieren que se abra la posibilidad de que los peticionarios puedan defender en el Pleno cambios legislativos, si el caso lo requiere. Para ello, el PSOE –Rubalcaba fue uno de su promotores– ya propuso hace tiempo la creación del “escaño 351”, de representación popular.

Otra de las propuestas sobre participación en la vida parlamentaria es la creación de una Oficina de Atención al Ciudadano para presentar preguntas o sugerencias al Gobierno. O bien, que estas puedan registrarse a través de la propia web del Congreso en un espacio habilitado para ello. Esta idea, que funciona en el Reino Unido, es una de las promovidas por UPyD. ¿Cómó llevarla a cabo para que no haya discriminaciones? “La Mesa del Congreso calificará la iniciativa que, una vez aprobada, pasaría a la recogida de firmas electrónicas. Todas aquellas que lleguen a un número determinado de firmas se introducirán en el siguiente Pleno para debatir con el Gobierno”, aclara la formación que lidera Rosa Díez.

El PP contempla todos estos cambios como una verdadera “revolución”, pero no quiere que se diga que se cierra en banda a todos ellos a sabiendas de que no dará tiempo a que vean la luz. Por eso la portavoz de este grupo en la ponencia, Arenales Serrano, se ha apresurado a manifestar que se “agilizarán los trabajos” y se aumentará el ritmo de los debates para trabajar “un bloque por mes, como poco”.

Si se tiene en cuenta que queda un año escaso para las elecciones generales y que por medio está la campaña de las municipales y autonómicas y las vacaciones de verano, todo apunta a que el tiempo se les echará encima y la reforma volverá a dormir por enésima vez el sueño de los justos. Y si alguna propuesta saliera adelante, tampoco se aplicaría en esta legislatura. Tampoco se descarta que haya un “plante” de los grupos de la oposición y todo se vaya al traste mucho antes si el próximo 28 de enero no hay avances.