Sánchez intenta frenar la tensión con las Comunidades con el fondo de 16.000 millones y un diálogo bilateral

Enésimo intento por rebajar la tensión entre Administraciones en la octava videoconferencia de presidentes autonómicos. Pedro Sánchez busca un nuevo marco político, ajeno a la bulla del Parlamento, para gestionar la crisis de la COVID-19, en el que el diálogo bilateral, la coogobernanza y un nuevo fondo no reembolsable para los territorios aplaque la crítica de las Comunidades ahora que los datos de la crisis sanitaria empiezan a dar un respiro. 164 fallecidos en las últimas 24 horas, la cifra más baja en mes y medio, y un aumento de confirmados por PCR de 217 nuevos infectados, lo que supone un incremento del 0,39 por ciento. “Es la primera vez que desde el estado de alarma que tenemos estos datos esperanzadores”, afirmó el presidente del Gobierno antes de volver a tender la mano a los líderes territoriales.

Pedro Sánchez anunció una tercera línea de avales ICO de 24.500 millones: 10.000 para pymes y autónomos; 10.000 para grandes empresas; 4.000 para el mercado alternativo de renta fija y 500 para la Compañía Española de Reafianzamiento. Esto además del Fondo no Reembolsable de 16.000 millones ya conocido, el compromiso de dar respuesta a las peticiones de liquidez de las Comunidades y un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar un objetivo de déficit individual del 0,2% para las Comunidades. Con esta última medida, ha asegurado, será el Gobierno el que asuma “el coste de la pandemia”. “Las comunidades autónomas cobrarán en torno a 9.500 millones más de lo que les correspondería si el sistema de financiación recogiera la nueva realidad”, ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Sánchez explicó, en respuesta a una pregunta del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el reparto de los 16.000 millones del fondo no reembolsable que pondrá en marcha el Gobierno en varias fases: primero 6.000 millones y en el segundo semestre se liberarán sendos tramos de 5.000 millones. De ellos, 10.000 irán a parar a la cobertura del gasto sanitario y se distribuirán entre las comunidades autónomas en función de la incidencia que el virus haya tenido en cada uno de los sistemas sanitarios. Los 1.000 millones destinados al gasto social se distribuirán proporcionalmente en función de la población y los 5.000 restantes, en función de la caída de los recursos propios como consecuencia del parón económico, según fuentes presentes en la videoconferencia de presidentes.

Respecto a la evolución de la pandemia, calificó de muy positivos los datos en todos y cada uno de los territorios, si bien el número de nuevos diagnosticados se concentra específicamente en una Comunidad y el 72% de los fallecidos en tres Autonomías -Madrid, Cataluña y Castilla en Castilla-La Mancha-. A partir de ahora, el objetivo del Gobierno es “cogobernar” una transición para la que Sánchez dijo necesitar “un instrumento jurídico-constitucional” como el estado de alarma con el que “poder plantear restricciones de movilidad y confinamiento” necesarias para transitar de una fase a otra. Aún así, y con independencia del estado de alarma, insistió en que el ánimo del Gobierno de España es “cogobernar” con los territorios la desescalada. También aclaró que aunque la propuesta para el alivio del confinamiento es tomar como referencia la unidad provincial, su propósito es que haya diálogo con las Autonomías “para que nos digáis qué unidad de actuación veis más conveniente”. La mayoría de comunidades reclama que la unidad de medida para la desescalada sean las áreas sanitarias.

El president de la Generalitat, Quim Torra, se quejó de que la desescalada vaya tan rápido y de que se haya rebajado la tensión entre los ciudadanos. Después, anunció el voto en contra de los post convergentes a la nueva la prórroga del estado de alarma, algo que lamentó Pedro Sánchez, tras recordar que la actuación de su Gobierno en ese aspecto es “muy distinta” a la de otros países de Europa, ya que en Italia se ha aprobado para 6 meses y hoy Francia la extenderá hasta el 24 de junio mientras que en España se ha decidido pedir al Parlamento una ampliación cada 15 días. No obstante, la intención del Gobierno es mantener el estado de alarma hasta la “nueva normalidad”, que no llegará antes de finales de junio. Más sorprendido se mostró Sánchez con la opinión de Torra sobre la desescalada, ya que en España no se han dado fechas, sino distintas fases con un mínimo de 15 días entre ellas, en función de la evolución de la pandemia. El presidente catalán también ve insuficiente que los objetivos de déficit se mantengan en el 0,2%.

En la misma línea que Torra, el lehendakari Iñigo Urkullu, también fue muy crítico con el estado de alarma, y aunque no desveló si el PNV votará en contra de la nueva prórroga, insistió en pedir que las decisiones para la desescalada sean compartidas con las Comunidades. Por tercera semana consecutiva, volvió a quejarse de que no se conozcan aún los detalles de cómo se aplicará el ingreso mínimo vital, una medida que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, anunció para el mes de mayo y de la que poco más se sabe.

“Es imprescindible -subrayó- articular un marco bilateral estable de diálogo para la gobernanza compartida, Gobernanza colaborativa basada en la codecisión. Y solicito que reformulemos el modelo de gestión de esta crisis y asentemos el consenso entre quienes conformamos la representación del Estado en cada Comunidad. He escuchado atentamente a lo que has dicho en tu intervención y solicito que se replantee también la aplicación de la legislación de excepcionalidad”. Urkullu, en contra de mantener el estado de alarma, dijo que para implementar las medidas planteadas se pueden usar las capacidades que otorga la legislación ordinaria, como la Ley Orgánica de Salud Pública del año 1986 y la Ley General de Salud Pública del año 2011 en el territorio nacional y en el ámbito vasco, la Ley 8/1997 de Ordenación Sanitaria. “Es necesario recuperar la legalidad ordinaria para garantizar la salud pública y, también, el retorno paulatino a la normalidad institucional. Creo sinceramente que el resultado de todo lo anterior será más democrático, participado y eficaz”, concluyó.

Feijóo, contra el “uso desproprocionado” de la alarma

Más crítico si cabe fue el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que habló de “un uso desproporcionado” del estado de alarma, ya que, en su opinión, tiene mucho más de estado de excepción. Asimismo, criticó que la unidad de actuación para la desescalada sea la provincia y afirmó que ese planteamiento es “no conocer la realidad asistencial”. Luego, felicitó al presidente la creación del fondo de 16.000 millones, que calificó de “una buena noticia”, que quiso poner en valor.

Igual que Feijóo, el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, agradeció el fondo de 16.000 millones, que calificó “enormemente positivo”, aunque mostró sus reticencias, como otros presidentes, con que se tenga en cuenta la unidad provincial para la desescalada. Mucho más duro en fondo y forma fue el murciano Fernando López Miras. Sólo con el cántabro Miguel Ángel Revilla, llegó el apoyo total al Gobierno, a las decisiones tomadas y a la prórroga del estado de alarma.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, reclamó al Gobierno acciones estratégicas para el relanzamiento de dos sectores económicos claves en España. La primera, un plan para la renovación del parque automovilístico con una antigüedad media de 12,7 años y que se rebaje al 10% el IVA de bicicletas, patinetes eléctricos, etc. Y la segunda, un Plan Turístico Integral, así como que la Unión Europea establezca una protocolo que valide la seguridad de los destinos europeos para impulsar el turismo internacional. Sobre el Fondo No Reembolsable, ha agradecido al presidente su puesta en marcha y también las medidas de liquidez ya implementadas, si bien defendió que se tenga en cuenta la población en los criterios de reparto. “Las personas están por encima de cualquier consideración; los enfermos son enfermos, con independencia de la comunidad en la que vivan”, afirmó.

Puig reclamó también que se aplique el déficit asimétrico para las comunidades (no el 0,2% global para cada una de las autonomías) porque la realidad de las comunidades no es la misma ni todas están en la misma situación. También ha pedido, sobre la prórroga del estado de alarma, que se incluya una disposición para que se levante la suspensión de los plazos administrativos del real decreto del 14 de marzo, de forma que se desbloqueen las contrataciones y la obra pública. Luego, puso en valor la cogestión de la crisis y las 684 medidas para combatir el virus que han sido destacadas por los medios internacionales. Y, aunque abogó por mejorar la cogobernanza, recordó que la comunicación entre el Gobierno y las Autonomías nada tiene que ver con la que hubo en el pasado.

Page defiende la unidad de acción

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, defendió en esta misma línea la prórroga del estado de alarma y dijo que España nunca sido más plural que lo está siendo ahora, si bien añadió que “pluralidad incluso se demuestra barrio, incluso calle a calle incluso código postal a código postal”.

“Es un esfuerzo verdaderamente titánico -añadió- el que está haciendo el país con una respuesta ejemplar de la ciudadanía, pero lo cierto y verdad es que no sería ahora mismo del todo prudente abandonar la unidad de acción y bajar la guardia”. Luego, dijo que se conformaría con que buena parte de las decisiones que se van tomando “las habláramos con algo de anticipación” y se tuvieran en cuenta las ideas, opiniones y sugerencias de los territorios.

Page se negó a polemizar sobre el criterio provincial para la desescalada y agradeció los 16.000 millones a fondo perdido no reembolsable, pero defendió que el reparto sea en función del impacto COVID para compensar a las Comunidades más afectadas y blindar la Sanidad pública. “Si esto es un ensayo de financiación autonómica hay que hablarlo con más detenimiento porque será más difícil ponernos de acuerdo”. Si la distribución tiene que ver solo con los ingresos, su opinión es que habría que establecer un criterio de armonización fiscal “porque puede llegar el dinero y luego cada uno ajustar la plantilla a fiscal como quiere”. También apostó, en relación a la educación, por dar por acabado el curso, ya que a su juicio “se ha jugado una cierta ambigüedad y hay un malestar enorme entre el profesorado porque se les considera cuidadores de los niños, no enseñantes”.

El aragonés Javier Lambán defendió de nuevo que la unidad para medir la desescalada sean las áreas sanitarias y ha cuestionado algunas medidas económicas anunciadas por Sánchez. Así, le ha parecido insuficiente el déficit del 0,2% y ha dado por hecho que en su comunidad se sobrepasará “a no ser que cierre hospitales y colegios”. A pesar de que el Gobierno sostiene que los 16.000 millones suponen el mayor ingreso de liquidez “jamás aprobado”, Lambán ha anticipado que tendrá que haber más en el futuro y ha planteado que se tenga en cuenta a la España despoblada. Respecto a los préstamos ICO, ha afirmado que las entidades financieras realizan una “praxis perversa” al hacer llegar préstamos a clientes seguros y a veces refinanciando préstamos anteriores que nada tienen que ver con el coronavirus y por eso ha pedido que el Gobierno utilice entidades financieras autonómicas para canalizar los préstamos que, a su juicio, podrían ser de cantidades pequeñas de hasta 35.000 euros que “liberaría a muchas pequeñas empresas y autónomos de la carga insoportable de la falta de actividad”.

Ayuso augura disturbios sociales por el paro

Una irónica Isabel Díaz Ayuso defendió seguir celebrando estos encuentros “tan productivos” porque dijo que le servían para conocer la situación de otras Comunidades, ya que de las decisiones del Gobierno “nos enteramos por los medios y se nos dan por hechas”. Tras augurar que el virus estará mucho tiempo entre nosotros, advirtió de las consecuencias económicas y, dijo que, según sus cálculos, en Madrid habrá hasta final de año 1 millón de parados “y eso supondrá disturbios y será un problema social”. Luego, criticó que las medidas del Gobierno, al final, sean “un catálogo de restricciones y que los protocolos confundan a los ciudadanos”. “Al final, es para volverse locos. El Estado no va a poder estar en todo: es como prohibir el coche para evitar los atropellos”.

La más crítica entre los críticos defendió que haya “menos concentraciones, más autoprotección de las personas y una estrategia” del Gobierno, además de apostar por la obligatoriedad de las mascarillas. Como sus homólogos del PP, criticó el estado de alarma porque “limita los derechos fundamentales y al final es un problema sanitario” y sobre el Fondo No Reembolsable se mostró partidaria de que sea “incondicionado y no compute a efectos del déficit y deuda autonómica”. Todo, antes de solicitar que Madrid pueda salir a endeudarse en los mercado y reclamar que haya una mesa bilateral Madrid-Gobierno.