Quizá algún día los ciudadanos no serán menores de edad en materia de secretos oficiales

Resulta que 42 años después de la aprobación de la Constitución todavía quedan restos del andamiaje franquista en la estructura del Estado español. La Ley de Secretos Oficiales aprobada en 1968 en plena dictadura, cuando Breznev ordenaba invadir Checoslovaquia y Johnson estaba empantanado en la guerra del Vietnam, continúa estando en vigor en España. Una norma destinada a proteger los intereses del Estado franquista ha seguido manteniendo su poder en las décadas posteriores, salvo un 'lifting' que le hicieron en 1978 para peinarla un poco y quitarle algo de su terminología franquista sin tocar su fondo autoritario. Ha durado más que el cadáver de Franco en el Valle de los Caídos.

“El Estado de Derecho se defiende en los tribunales y en los salones, pero también en las alcantarillas”, dijo Felipe González en una frase muy recordada. En materia de secretos oficiales, el diseño de las alcantarillas y de la ley discutida el martes fue obra de Carrero Blanco y de su altísima posición en el organigrama de la dictadura, un antecedente nada digno para una democracia que resultaba ser tan perfecta por encima de la superficie. 

No ha sido un caso de negligencia política, sino una decisión muy consciente de los gobiernos posteriores al regreso de la democracia. “En la actual ley, el Gobierno puede hacer lo que quiera”, dijo en el Congreso Aitor Esteban. ¿Cómo rechazar tal chollo? Desde luego los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero –21 años en el poder– y los de José María Aznar y Mariano Rajoy –15 años– no fueron tan ingratos como para rechazar ese regalo.

El Estado no es una persona física, pero es muy celoso de su intimidad. En especial, si los secretos del pasado pueden perjudicar a los Gobiernos en el presente.

El PNV ha vuelto a presentar una proposición de ley para redactar una nueva normativa. En la anterior legislatura, ya lo hizo, pero no dio tiempo a culminar el proceso. En realidad, no hubo tiempo para completar casi nada. Así que allá fue Esteban con otro proyecto de mínimos, sólo para permitir que se inicie el debate parlamentario. Se plantea un sistema de plazos, como existe en Estados Unidos y en otros países europeos, que se prolongaría durante 25 años para las materias declaradas secretas y diez para las reservadas. El Gobierno podría prolongar diez años la comunicación pública de las primeras. 

El poco interés que suscita esta reforma en algunos grupos quedó demostrado cuando los portavoces del PP y Ciudadanos reprocharon al PNV haber presentado el mismo texto que en ocasiones anteriores. Se les notaba enfadados por el hecho de que Esteban no hubiera incluido las enmiendas que ellos propusieron en legislaturas anteriores. Si tan buenas eran esas aportaciones, hay que preguntarse por qué esos grupos no se habían tomado la molestia de llevar al Congreso sus propias iniciativas en forma de proposición de ley.

En un discurso con un estilo que recordó a la época de Albert Rivera, Miguel Ángel Gutiérrez, de Ciudadanos, aprovechó la oportunidad para sacar otros temas con la intención de castigar al PNV por llevar el tema a la Cámara. Por ejemplo, el derrumbe del vertedero de Zaldivar, donde murieron dos trabajadores cuyos cuerpos no han sido aún encontrados –también lo mencionó Vox–, o las estadísticas de fallecidos por coronavirus, cosas que no entran en la categoría de secretos oficiales. “Cualquier día nos enteraremos de que han convertido al señor Marlaska en secreto oficial”, dijo en lo que probablemente era un amago de humor parlamentario, tan escaso en los últimos tiempos.

El representante del PP, Miguel Ángel Jerez, dijo a Esteban que “ustedes lo fían todo al paso del tiempo” para desclasificar documentos. “Se echan de menos muchísimas cosas”. En realidad, siempre hay excepciones en todas las leyes de este tipo, las que establezca el legislador, y seguro que se añaden ahora en el proceso parlamentario. En una muestra de despiste, Jerez citó la decisión judicial en EEUU que impidió la publicación de fotografías del cadáver de Osama bin Laden. No ha pasado tanto tiempo desde la operación militar que eliminó al líder de Al Qaeda como para que ese caso se incluya en las obligaciones del Estado de desclasificar documentos décadas después. Si se hace, será por otras razones legales. 

En el terreno de los principios, Aitor Esteban alegó que los ciudadanos tienen derechos, una idea casi revolucionaria en España en materia de secretos oficiales. Frente a los que afirman que el Estado debe poder protegerse, dijo que “el Estado a fin de cuentas son los ciudadanos”. Más bien habría que decir que el Estado está al servicio de los ciudadanos. Pero Esteban fue más preciso al referirse a la auténtica razón por la que una ley franquista ha pervivido tanto tiempo. “Si se pone al Estado como parapeto, no están defendiendo al país, sino a sus intereses”. 

Con la misma intención, Íñigo Errejón argumentó que “ustedes creen que los españoles no pueden enfrentarse al pasado”, que no son “lo bastante maduros”. 

Fue curioso el argumento de Carlos Fernández-Roca, de Vox, el único grupo que votó en contra, para rechazar la propuesta del PNV. Acusó a los nacionalistas de intentar “deslegitimar el sistema constitucional atacando a la monarquía y a las fuerzas políticas que hicieron posible la Transición”. Algunos defensores de la Transición siempre están pensando lo peor de esos años, como si todo lo que se mantuvo en secreto fuera tan infame que es mejor enterrarlo para siempre. Eso sólo contribuye a alimentar las peores sospechas.

No se puede negar que sospechar es un ejercicio muy libre y que no necesitas leyes para lanzarte a la piscina. Mireia Vehí, de la CUP, hasta relacionó a Felipe González con el golpe del 23F. Se lo cuentan a Tejero y no sangra. 

A los diputados les gusta mucho utilizar para todo la expresión “por higiene democrática”, que es un poco cursi. Este es uno de esos escasos temas en que no resulta tan grandilocuente. Estaría bien que la democracia española tuviera su propia ley de secretos oficiales y que ya no debiera nada en términos legislativos a Carrero Blanco. Así, podríamos reservar un puesto de honor a la ley que nos sobrevivirá a todos: los presupuestos de Montoro.