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La sombra de la corrupción policial tras el segundo túnel de Ceuta: “Sin agentes pagados ni nos venden la droga”

Imagen facilitada por la Policía Nacional del narcotúnel descubierto en Ceuta.

Andrés Illescas

Ceuta —
10 de abril de 2026 22:20 h

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La investigación de la Policía Nacional sobre una de las mayores redes de tráfico de hachís asentadas en Ceuta dibuja un entramado en el que la corrupción de agentes –principalmente de la Guardia Civil- aparece como una pieza estructural del negocio. Las conversaciones intervenidas revelan que los sobornos a miembros de las fuerzas de seguridad —tanto en Marruecos como en España— no solo facilitaba el paso de la droga, sino que resultaba imprescindible incluso para acceder a grandes partidas en origen. “Sin agentes pagados ni nos venden la droga”, llega a reconocer uno de los cabecillas.

En paralelo, la trama mantiene vínculos con figuras del narcotráfico internacional, como el conocido como ‘Messi del Hachís’, que, según relata un ex guardia civil implicado, llegó a regalar relojes de lujo —un Patek Philippe— tanto a él como al futbolista Sergio Ramos. Todo ello en una organización que operaba mediante lanchas, camiones y narcotúneles, incluido un segundo paso subterráneo en construcción tras el descubierto en el Tarajal. A lo largo de los casi 500 folios de investigación, hay una constante que se repite en distintos momentos, escenarios y conversaciones: la necesidad de “pagar” para que la droga circule.

Los investigadores detectan referencias explícitas a pagos de hasta 120.000 euros a agentes, descritos en las conversaciones como “los de las gorras”, a cambio de facilitar el tránsito de la mercancía. En otros momentos, los propios integrantes de la red atribuyen fracasos en operaciones a fallos en la cadena de sobornos. Tras la incautación de un cargamento de 15 toneladas en Almería —ocultos en patatas simuladas con plástico y escondidas en sacos dentro de un camión que venía de Nador—, uno de los líderes especula abiertamente con esa posibilidad: la droga no habría pasado porque el dinero no llegó a tiempo a quienes debían mirar hacia otro lado. La reacción inmediata no es replantear la logística, sino verificar si el pago se ejecutó correctamente.

Ese patrón se repite en múltiples conversaciones. La organización da por hecho que el paso de grandes cantidades de hachís depende de la compra de voluntades entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tanto es así que uno de los cabecillas admite que sin esos pagos previos ni siquiera los proveedores acceden a vender grandes cantidades de droga.

Construyendo el segundo narcotúnel

El otro eje fundamental de la investigación es el uso de infraestructuras subterráneas para introducir la droga en Ceuta. La organización ya había estado detrás primer narcotúnel descubierto en el polígono del Tarajal —conducto que reconocen haber detonado antes de que la Guardia Civil lo encontrara—, y lejos de abandonar esa vía, trabaja en la construcción de un segundo paso. Las conversaciones intervenidas sitúan a los cabecillas planificando la obra, hablando de materiales, mano de obra y de la necesidad de reducir la presión policial en la zona. En uno de los diálogos, un colaborador advierte de la presencia constante de la gendarmería marroquí en el entorno donde se ubicaría la entrada.

El propio líder de la red asume la responsabilidad directa sobre la infraestructura. En conversaciones anteriores ya había reivindicado la autoría del primer túnel, asegurando haber introducido toneladas de droga por esa vía. Ahora, el objetivo es consolidar una alternativa más discreta frente a las rutas marítimas, cada vez más expuestas.

La construcción del nuevo túnel se convierte en una prioridad operativa. Hablan de metros pendientes, de la necesidad de introducir a trabajadores de forma clandestina en Ceuta y de coordinar el reparto de funciones: uno se encargaría de la entrada de la droga y otro de su distribución en territorio español.

Exagentes, contactos y relaciones peligrosas

Dentro de ese entramado, la figura de un ex guardia civil resulta especialmente significativa. Ángel A.F., ya retirado, mantiene una relación directa con la organización, participando en operaciones y actuando como intermediario. Las conversaciones revelan que no solo facilita contactos dentro del Instituto Armado, sino que también participa en la compraventa de droga y en la gestión de información tras incautaciones. En un momento dado, el cabecilla recurre a él para averiguar qué ha fallado tras una intervención policial en Almería. Su papel va más allá de lo operativo. En una conversación con un conocido, relata un encuentro con una figura de primer nivel en el narcotráfico internacional: Abdellah El Haj Sadek El Menbri, conocido como el ‘Messi del Hachís’. Describe con detalle su casa, su colección de relojes y un episodio concreto en el que este le habría regalado un Patek Philippe.

El relato incluye una referencia llamativa: ese mismo narco habría hecho un regalo similar al futbolista Sergio Ramos en una noche de fiesta. La escena, narrada con naturalidad, muestra el nivel de relaciones en el que se movían algunos de los implicados. Días después, el ex agente aparece contando grandes cantidades de dinero en efectivo junto a otros individuos, con el objetivo de comprar décimos premiados de la Lotería de Navidad. Los investigadores interpretan esta práctica como un mecanismo para blanquear capitales.

Una logística sostenida sobre sobornos

La red dirigida por ‘Amandis’ —nombre de la empresa de la luz marroquí en la que trabajaba antaño el investigado— y ‘El Holandés’ operaba a gran escala. Movía toneladas de hachís desde Marruecos hacia España y Europa utilizando una combinación de rutas marítimas, terrestres y subterráneas, merced a la colaboración de narcos de la Costa del Sol y Galicia. En cada fase del proceso, la corrupción aparece como un elemento transversal. Desde la salida de la droga en origen hasta su distribución final, los implicados hablan de pagos, contactos y garantías. La existencia de agentes que no aceptan sobornos también forma parte de sus conversaciones, identificados como un riesgo añadido.

En uno de los diálogos, los cabecillas mencionan expresamente a un inspector de la UDYCO que, según dicen, no entra en la dinámica. La incertidumbre que genera la incorruptibilidad de algunos condiciona decisiones operativas, incluyendo la elección de rutas o el volumen de los cargamentos. La red busca constantemente minimizar riesgos dentro de un esquema en el que el soborno es la base.

A lo largo de la investigación, la Policía Nacional logra interceptar numerosos cargamentos: 600 kilos en Arcos Quebrados —gracias a un incendio en la casa de uno de los miembros de la red—, más de 400 en el Serrallo (ambos barrios de Ceuta), otros 650 en Écija o casi 500 en una furgoneta interceptada en Málaga. Los golpes policiales muestran las conversaciones grabadas, generan tensiones internas, sospechas de chivatazos y reajustes en la operativa. Sin embargo, la actividad no se detiene. Tras cada intervención, los miembros de la organización analizan qué ha fallado, reparten pérdidas y preparan nuevos envíos. En muchos casos, la primera hipótesis vuelve a ser la misma: si alguien no ha cobrado.

La red mantiene contactos en distintos puntos de España —Andalucía, Galicia, Madrid o Valencia— y en varios países europeos. También explora nuevas rutas y métodos, desde narcolanchas hasta túneles, pasando por vehículos con dobles fondos o convoyes con lanzaderas.

El volumen económico del negocio es elevado. Manejan cifras de cientos de miles de euros por operación y gastos millonarios en logística, combustible para las narcolanchas, que en ocasiones permanecen en la mar hasta quince días esperando a descargar o pagos a colaboradores.

Violencia, amenazas y control interno

El funcionamiento de la organización no se limita al tráfico de droga. Las conversaciones intervenidas reflejan un clima de presión constante, con amenazas hacia quienes consideran responsables de filtraciones. El nombre de Himad T.B., vinculado al descubrimiento del primer narcotúnel, aparece de forma recurrente. Los cabecillas lo señalan como “chivato” y llegan a plantear acciones violentas contra él, incluyendo la contratación de terceros para atacarlo.

Ese episodio evidencia el grado de control que intenta mantener la organización sobre su entorno y las consecuencias de romper la omertá.

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