El supuesto fraude recoge sobrecostes del 800 % y horas formativas a 820 euros

El supuesto fraude en cursos formativos destapado por el Gobierno extremeño refleja vinculaciones personales entre los beneficiarios y los contratistas, cobros de hasta 820 euros por una hora de formación y facturas con sobrecostes del 800%, según los datos aportados por el Ejecutivo regional.

El informe de la auditoría externa encargada por el Gobierno de José Antonio Monago, que atañe a cursos de formación a ocupados en la convocatoria de 2011, constata “diversas irregularidades” cometidas por la patronal extremeña (Creex), los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura.

Señala la auditoría, tal como ha explicado la consejera de Empleo, María de los Ángeles Muñoz, que en algunos casos hay vinculaciones personales entre los beneficiarios y los contratistas.

Es decir, el propio beneficiario de la subvención contrataba a una empresa de la que él mismo era dueño. Esto no es delito siempre que se pida autorización previa a la Junta, que es la que da la subvención, y “siempre que el precio que se factura sea acorde a las condiciones de mercado”.

Aunque los sindicatos sí tienen esa autorización para sus empresas de formación y la patronal los tiene para algunas empresas concretas, la auditoría recoge irregularidades.

Otros casos detectados hacen referencia a presupuestos solicitados para la contratación del curso, cuyo origen parte de tres empresas del mismo administrador.

Según Muñoz, las presuntas irregularidades son “gastos facturados superiores al coste real” y este último no se ajusta a las condiciones de mercado.

Entre los ejemplos apuntados, el Gobierno regional indica la existencia de una factura presentada por valor de 69.000 euros, cuando el coste real “acreditado” es de 9.600 euros, por lo que “el beneficio” es del 800%, ha apuntado Muñoz.

Otra factura presentada refleja un valor de 35.000 euros cuando su coste real es de 12.000 euros,.

En el caso concreto de la patronal placentina, la auditoría, según los datos aportados por la consejera, detecta subvenciones que una persona da a una empresa de la que es administrador y en la que se autocontrata.

A juicio de la consejera, el aspecto nuclear de la irregularidad radica en la impartición de los cursos. En este sentido se ha detectado un profesor que facturaba acciones distintas en el mismo día a la misma hora y cobros de hasta 820 euros la hora, así como que algunas entidades beneficiadas se autoalquilaban las aulas donde impartían los cursos.

“Solo existen dos modelos de Gobierno: el de quienes son permisivos con la corrupción y el de quienes antes los mínimos indicios, investigan, persiguen el delito y ponen toda la información en manos de la justicia para que quien la haga, la pague”, ha manifestado Muñoz ante la prensa.