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La junta tailandesa reprime las críticas y protestas en su cuarto aniversario

La junta tailandesa reprime las críticas y protestas en su cuarto aniversario

EFE

Bangkok —

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La junta militar tailandesa ha reprimido las críticas y las protestas que pidieron hoy el restablecimiento de la democracia y unas mejores condiciones de vida en el cuarto aniversario de su toma del poder por la fuerza de las armas.

Un fuerte despliegue policial impidió una marcha convocada para reclamar elecciones, un día después de que ocho dirigentes de la oposición, entre ellos tres antiguos ministros, fueran acusados ayer de cargos que les pueden acarrear hasta siete años de cárcel.

Con carteles en que se leía “no tenemos miedo” y “el poder pertenece al pueblo”, y coreando lemas como “una persona, un voto”, trescientos manifestantes partieron a primera hora de la mañana de la Universidad Thammasat para dirigirse a la Casa de Gobierno.

Decenas de metros en el exterior del campus universitario fueron frenados por un dispositivo de un millar de agentes que les conminó por altavoces a “regresar a casa” para “mantener el orden público”, con el argumento de que “vais a asustar a los turistas”.

“He venido desde Suratthani -en el sur de Tailandia, a cientos de kilómetros de Bangkok-, solo para poder estar hoy aquí”, comentó a Efe uno de los manifestantes, Boontong Srisamer, de 67 años.

“He venido para decirle a la junta militar que la economía está muy mal. Desde 2014 (año del golpe militar) he perdido un sesenta por ciento del volumen de mi negocio”, subrayó el empresario.

“No me importa quien gane, lo que quiero es que se celebren elecciones, el gobierno que la gente elige es el que escucha a la gente”, dijo otra manifestante, Suchanee Kaewboran, de 63 años.

“A la junta militar no le importa nada ni nadie”, aseguró.

Ante la insistencia de los manifestantes en porfiar por llegar a la Casa de Gobierno, la Policía detuvo a cinco organizadores de la marcha, a los que se llevó en un furgón, recogió el portal Kahosod.

Convocada por el movimiento “Queremos votar”, liderado por activistas de corte independiente, la marcha quedó abortada horas después de la presentación de cargos contra ocho dirigentes del Pheu Thai, el partido descabalgado del gobierno por la asonada castrense.

Los ocho opositores fueron interrogados ayer por la Policía, que los acusó de sedición y vulnerar la prohibición de reuniones de más de cinco personas y un delito informático por las críticas vertidas en una rueda de prensa sin autorización policial la semana pasada.

Entre los acusados se encuentran el antiguo vice primer ministro Kittiratt Na Ranong, el antiguo ministro de Educación Chaturon Chaisang y el antiguo ministro de Comercio Watana Muangsook.

Los opositores habían acusado al Consejo Nacional para la Paz y el Orden (NCPO), nombre de la junta militar, de haber vulnerado los derechos fundamentales de los tailandeses y haber aumentado el déficit público sin mejorar las condiciones de vida en el país.

La escalada represiva corre en paralelo a la incertidumbre sobre una cita a las urnas que la junta militar prometió para un año después del golpe y que desde entonces ha venido aplazando; su último anuncio la sitúa en 2019, pero carece aún de fecha oficial.

Se ignoran también las condiciones en que se desarrollaría, ya que los partidos políticos no pueden realizar actividades publicas, y lo que para los analista locales es lo esencial; si concurriría como candidato el jefe de la junta, general Prayut Chan-ocha.

Prayut no ha descartado renovar el cargo de primer ministro como civil pero necesita contar con los apoyos necesarios para garantizarse la victoria y, según algunos observadores con algo más importante, el visto bueno del nuevo soberano, Vajiralongkorn.

La Corona siempre ha legitimado los sucesivos golpes de Estado militares que han plagado la historia de Tailandia desde la supresión de la monarquía absoluta en 1932, y compone con el Ejército el binomio que tradicionalmente maneja el poder local.

Los planes de futuro del actual rey son, no obstante, un enigma.

Protegido por la ley de lesa majestad, que castiga hasta con 15 años de prisión a quien emita comentarios que se consideren ofensivos contra la Casa Real, el rey Vajiralongkorn no ha heredado la enorme popularidad de su padre, el fallecido Bhumibol.

Según fuentes diplomáticas, Vajiralongkorn conserva como rey la costumbre que cultivó de príncipe de pasar más tiempo en el extranjero -fundamentalmente en Alemania-, que en su país.

Y el sistema político que pretende para Tailandia sigue siendo una incógnita; casi año y medio después de ascender al trono todavía no ha dirigido oficialmente un discurso a su pueblo.

Alberto Masegosa

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