Todo lo que tendrá que examinar Anticorrupción sobre la comisión del hermano de Isabel Díaz Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir una investigación sobre el contrato de compra de mascarillas por el que cobró una comisión el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Un contrato de 1,5 millones de euros desvelado por elDiario.es que ahora analizarán los investigadores para descubrir si el familiar de la presidenta regional realmente cobró por conseguir mascarillas en el mercado asiático o si existió algún tipo de irregularidad en la adjudicación a dedo por parte de la Comunidad de Madrid. El posible trato de favor, las comisiones supuestamente ilegales y el uso de Priviet Sportive como empresa pantalla son algunas de las posibilidades que contemplan los investigadores.

Empresa pantalla

El contrato que examina Anticorrupción fue adjudicado por 1,5 millones de euros a Priviet Sportive S.L, empresa dedicada al sector textil y sin relación hasta la fecha con el material sanitario. Una empresa que, además, tiene como máximo accionista a Daniel Alcázar, amigo íntimo tanto de la presidenta regional como de su hermano después de años de amistad en la localidad abulense de Sotillo de la Adrada. La Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la región especifica que un alto cargo se tiene que apartar de cualquier adjudicación a una empresa en la que participe un familiar. A su vez, la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe contratar a empresas de familiares de altos cargos.

Los investigadores tendrán que comprobar si, en realidad, Tomás Díaz Ayuso utilizó la empresa de su amigo para saltarse esta prohibición y quedarse con una parte importante de los beneficios a través de una comisión como la que cobró, de más de 55.000 euros. según Isabel Díaz Ayuso. O si otras tres facturas entre Tomás Díaz Ayuso y la empresa de su amigo, por supuestamente diferentes trabajos, esconden en realidad un pago de la comisión por las mascarillas mucho mayor, hasta los 286.000 euros que denunció Pablo Casado.

Todas las posibles irregularidades que investiga la Fiscalía desembocan tarde o temprano en una posible irregularidad en la adjudicación, clave para considerar que la comisión que cobró pudo ser ilegal. Una de las posibilidades a la que apuntan los partidos denunciantes es a que la comisión fuese cobrada por algún tipo de intermediación de Tomás Díaz Ayuso ante la administración que dirige su hermana para que el contrato, adjudicado a dedo, recayera en Priviet Sportive. Fuentes fiscales y judiciales han apuntado a este periódico desde el estallido del caso que el delito de tráfico de influencias no es fácil de demostrar ya que, entre otras cosas, requiere de que un superior ejerza su influencia sobre un subordinado para adjudicar el contrato.

Comisiones ilegales

Cualquier irregularidad en el contrato y su relación con el trozo del pastel que acabó en manos de Tomás Díaz Ayuso podría convertir su comisión en una comisión ilegal. Cobrar una comisión de una empresa que ha obtenido un contrato público no es delito siempre y cuando esa comisión esté justificada, por ejemplo, por un trabajo hecho para la contratista. Eso es un contrato privado y la Fiscalía tendrá que comprobar si existe y si los trabajos para conseguir las mascarillas en China también existieron. Ahí es donde podría entrar en juego el posible delito de cohecho aunque, por el momento, ninguna acusación plantea que alguno de los altos cargos que adjudicó el contrato pudiese cobrar algo a cambio de la adjudicación.

Los precios y pasado de las empresas

Otros aspectos clave que examinará Anticorrupción es el contexto en que se produjo la contratación: si los procesos fueron correctos pero también si los precios de las mascarillas respondían a la lógica del mercado y las relaciones comerciales existentes entre los implicados, Tomás Díaz Ayuso y Daniel Alcázar. En el caso de los precios, un informe del Tribunal de Cuentas ha constatado que numerosos organismos públicos de todo el país obtuvieron las mascarillas a precios muy dispares en un momento en que, además, la concurrencia pública en este tipo de contratos se omitió en muchos casos para acelerar un proceso y traer el material sanitario cuanto antes a nuestro país. En el caso de este contrato, además, se da la circunstancia, tal y como informó elDiario.es, de que la empresa de la que cobró Tomás Díaz Ayuso entregó un tipo de mascarillas distinto al que figuraba en el contrato: KN95 en lugar de las FFP2-FFP3 que ofertó y facturó.

Investigación abierta

La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado la apertura de una investigación sin dejar de destacar la falta de concreción de las acusaciones de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid y ha descartado desde un primer momento que haya indicios para actuar contra Isabel Díaz Ayuso. También ha explicado que las diligencias que pondrá en marcha permitirán “confirmar o descartar” la posible vertiente penal de los hechos pero “sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas”.

Las posibilidades son muchas y los investigadores tendrán que empezar por analizar en profundidad toda la documentación que tanto los denunciantes como la propia Comunidad de Madrid han aportado y pedir la que consideren necesaria. El hecho de que la acusación inicialmente no se dirija contra nadie en particular no excluye, explican fuentes de la Fiscalía, que el Ministerio Público tome declaración a personas que considere que tienen información relevante sobre la adjudicación del contrato y la relación laboral entre el hermano de la presidenta regional y la empresa que cobró millón y medio por traer las mascarillas a España en lo peor de la primera ola.

Hasta medio año

Desde hace días fuentes del Ministerio Público recuerdan a elDiario.es que, una vez abierta una investigación como ésta, los tiempos de Anticorrupción no son los de la política o los de los medios de comunicación. De hecho, la normativa del Ministerio Fiscal permite mantener una investigación como ésta en marcha durante medio año, momento en el que hay que solicitar una prórroga en caso de que las pesquisas sean especialmente complejas. Una vez expirado el plazo o finalizadas las diligencias, el departamento que dirige Alejandro Luzón tendrá que decidir si presenta una querella sobre personas concretas o si archiva el caso.

En el marco de estas diligencias la Fiscalía puede solicitar todo tipo de documentación tanto a la Comunidad de Madrid como a Priviet Sportive o al propio Tomás Díaz Ayuso. Pero también puede tomar declaración a todas las personas que considere que tienen algo que aportar al caso: “El Fiscal recibirá declaración al sospechoso, quien habrá de estar asistido de letrado y podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas”, especifica la normativa que regula el Ministerio Público.

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