El TJUE confirma que el sistema de resolución de litigios del CETA es legal

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó este martes que el sistema de resolución de litigios entre inversores y Estados previsto en el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá (CETA) es compatible con el Derecho comunitario.

La máxima corte comunitaria argumenta en su dictamen que el sistema de tribunales que prevé el CETA no resta competencias al TJUE, no mina la efectividad del Derecho comunitario aunque permita anular multas impuestas por Bruselas o los Estados y garantiza también el acceso a pequeñas empresas.

Bélgica había pedido al TJUE pronunciarse sobre la compatibilidad de esta parte del acuerdo debido a la oposición a este de la región de Valonia, que durante semanas bloqueó la aprobación del CETA por parte de la UE en su recta final, tras siete años de negociación.

Finalmente Valonia cedió y el acuerdo, que generó también protestas ciudadanas, se aprobó el 30 de octubre de 2016 y entró en vigor de forma provisional el 21 de septiembre de 2017.

El CETA prevé la creación de un tribunal y otro de apelación y, a más largo plazo, de un tribunal multilateral de inversiones para resolver las disputas que surjan entre los inversores canadienses o europeos, de un lado, y los Estados de la UE o Canadá, del otro.

El TJUE indica en su dictamen que el Derecho comunitario permite establecer estos tribunales para interpretar y aplicar el acuerdo comercial, pero no puede pronunciarse sobre otras disposiciones del Derecho comunitario y argumenta que el CETA no da a sus tribunales competencias para interpretar o aplicar disposiciones más allá del propio acuerdo.

En particular, cuando un inversor canadiense pretenda impugnar medidas adoptadas por un Estado miembro o la UE, el CETA deja en manos de la UE determinar si debe dirigirse contra el país o contra la Unión, de modo que el TJUE sigue teniendo competencia exclusiva en este sentido.

El tribunal explica además que el CETA no permite a sus tribunales “cuestionar las opciones elegidas democráticamente” por la UE o Canadá, en particular sobre el nivel de protección del orden público, la salud, el medio ambiente, la seguridad de los productos o los derechos fundamentales, entre otros.

Es decir, no vulnera la autonomía del ordenamiento jurídico de la UE porque, a la hora de valorar las restricciones a la libertad de empresa mencionadas en una demanda, no puede poner en cuestión el nivel de protección que llevó a la UE a fijar esos límites.

El TJUE considera que el CETA no vulnera la efectividad del Derecho de la Unión por el único motivo de que un laudo dictado por sus tribunales pueda, en circunstancias excepcionales, neutralizar multas de Competencia impuestas por la Comisión o los Estados miembros.

“En efecto, el propio Derecho de la Unión permite anular una multa cuando esta adolece de un vicio similar al que podría declarar el Tribunal del CETA”, dijo la fuente en un comunicado.

Apunta además que mantiene la igualdad de trato entre inversores aunque dé a los canadienses una vía de recurso específica contra la UE.

El TJUE reconoce que, “en la práctica, el mecanismo podría resultar exclusivamente accesible a los inversores que dispongan de elevados recursos financieros”, pero considera que los compromisos adoptados por las instituciones europeas para que las pymes puedan acceder a los mismos son suficientes para considerar que cumple.

El ministro de Asuntos Exteriores belga, Didier Reynders, se mostró “encantado” con el dictamen del TJUE, que “ha descartado las últimas preocupaciones jurídicas” con respecto al CETA, según dijo en un comunicado. Desde su entrada en vigor, las exportaciones belgas a Canadá han aumentado un 30 %, recordó.

Por el contrario, la organización ecologista Friends of Earth criticó que el tribunal de inversiones del CETA es “legal, pero injusto” puesto que dará “derechos VIP” a las grandes empresas para cuestionar los estándares sociales, medioambientales y de salud de la UE.

Como la mayoría de detractores de estos tribunales, consideran que dan grandes prerrogativas a las multinacionales para demandar a los Gobiernos, limitando la capacidad de los Estados para legislar en favor del interés público.

El CETA está en vigor provisionalmente desde septiembre de 2017 con excepción de las partes sobre las que Bélgica pidió opinión a la corte y se aplicará plenamente una vez lo ratifiquen todos los parlamentos nacionales.