El tortuoso camino para reclamar los 1.000 millones de indemnización del Prestige 16 años después

El 13 de noviembre de 2002, un día con un temporal intenso, el petrolero Prestige comunicó que tenía una vía de agua y estaba perdiendo fuel frente a la costa gallega. Tras seis días de desastrosas decisiones por parte del Gobierno de José María Aznar, el barco se partió en dos y se hundió. Inundó la costa con 77.000 toneladas de crudo en uno de los mayores desastres ecológicos de España. 16 años después, el Estado español y los perjudicados no han cobrado un euro de la indemnización.

La Audiencia de A Coruña fijó hace más de un año esa indemnización en 1.573 millones de euros para España, 61 millones para Francia y 1,8 para la Xunta. Ese pago lo tienen que afrontar el capitán del buque, Apostolos Ioannis Mangouras, y la compañía aseguradora The London Steamship Owners Mutual Insurance Association hasta un límite de 1.000 millones.

La principal dificultad para cobrar esa cantidad es que la aseguradora tiene sede en el Reino Unido y el Derecho de ese país no contempla —como sí hace el español— la denominada 'acción directa'. Es decir, según la legislación española —en concreto, la Ley del Contrato del Seguro Responsabilidad Civil— un perjudicado puede dirigirse directamente a la aseguradora para exigirle la indemnización.

En Reino Unido es distinto. Los particulares perjudicados tendrían que dirigirse a los tribunales ingleses con abogados pagados de su propio bolsillo y sin garantías de éxito. La aseguradora ha realizado en los últimos años varios movimientos para tratar de impedir que le reclamen esa indemnización millonaria.

La aseguradora acudió a los tribunales ingleses

La compañía ya inició esta estrategia durante el proceso judicial. La aseguradora no se presentó a las sesiones del juicio pensando que así evitaría una sentencia en contra, pero al ser responsable civil su presencia no era necesaria. No se libró de la condena.

En lugar de acudir al juicio celebrado en A Coruña, la aseguradora se dirigió a un tribunal inglés. Allí informó en 2013 de que en España se había iniciado un proceso para reclamar la cantidad de 1.000 millones de euros y pidió una aclaración sobre qué hacer en caso de que la Justicia española les obligase a pagar.

Ese tribunal inglés estableció que sí, que tendrían que pagar si así lo establecía la Justicia española. Pero aclaró que el trámite no podía ser la acción directa que contemplaba la legislación española, sino que los afectados debían iniciar un proceso judicial en el Reino Unido.

Esa circunstancia complica enormemente reclamar la indemnización. Los perjudicados tienen que costearse sus propios abogados —no pueden acudir bajo el paraguas de la Abogacía del Estado— y nada les garantiza que la Justicia inglesa les dé la razón.

Además, fuentes del caso apuntan a una dificultad añadida. El Brexit, el proceso iniciado por el Reino Unido para desvincularse de la Unión Europea, podría complicar el cobro de la indemnización si surgen problemas con los tribunales ingleses.

Según esas fuentes, trabajar fuera del espacio de justicia europeo pondrá trabas al proceso porque no se dispondrá de los mismos mecanismos para reclamar. Con el Brexit se pierden instrumentos de cooperación jurídica que hacen más sencillo recurrir una decisión adversa de los tribunales ingleses. Al salir del espacio común de justicia de la Unión Europea, se perderá una vía impugnatoria. “Si ese pilar comunitario no existe, se complica todo”, insisten fuentes del caso.

Un tutela judicial del Estado

Después de la sentencia de la Audiencia Provincial, la Fiscalía presentó un recurso contra esa decisión para que el tribunal establezca que es el Estado español quien debe, de la forma que sea, amparar al resto de perjudicados y ejercer las acciones en Reino Unido en su nombre. Que garantice que ninguno de los reclamantes particulares tenga que poner su dinero para abogados con la incertidumbre de no saber si tendrá éxito.

La Audiencia de A Coruña tiene que garantizar “una tutela judicial efectiva hasta el final”, apuntan fuentes de la Fiscalía. Recuerdan que la Abogacía del Estado ha intentado que el tribunal decrete una ejecución provisional de la sentencia, para que al menos se pague una parte de la indemnización, pero no lo han conseguido por ahora. 

Jaime Fernández-Posse es el abogado de la conservera Isidoro de la Cal, una de las principales perjudicadas: “El tema allí es muy complicado, muy costoso, inasumible para los los particulares”. Así que este abogado apunta a una solución que tendría que partir del propio Gobierno.

“Con la cantidad que hay en la Audiencia de A Coruña, 20 millones de euros —la cantidad consignada por el seguro—, y la cantidad que tiene que resarcir el Fondo Internacional de Daños por Hidrocarburos (Fidac), otros 20, se puede comprar la reclamación de todos los afectados particulares y subrogarse el estado español”, explica. Esto es, que el Gobierno pague a los afectados su indemnización y luego vaya él a reclamarla como Estado al Reino Unido.

Con 11 millones de euros subsanaría las indemnizaciones de los particulares y con el resto podría financiar “la aventura británica”, apunta Fernández-Posse. El Estado ya hizo esa oferta hace años —aunque con cantidades limitadas porque aún no se habían fijado las definitivas— pero no todos los perjudicados se acogieron. El abogado pide que se vuelva a ofertar esa posibilidad, porque para los particulares es “impensable” iniciar por su cuenta una reclamación en Reino Unido.

“Ahora la Audiencia ha puesto cifras, la solución honrosa que el Estado español ofreciese esas cantidades a los afectados, se subrogase y España fuese a Londres”, resume. El Gobierno tendría que acudir junto con el francés y con la Xunta de Galicia porque “si el tema de Londres es complicado ya de por sí”, el Brexit solo añade “más complicaciones”.

Fernández-Posse recuerda que es la misma solución que se estableció tras el desastre del mar Egeo, y la única viable. Para que se inicie y los afectados que faltan cobren la indemnización 16 años después tienen que cerrarse los últimos flecos en España y que haya “un Gobierno definido” y estable, apunta este abogado, al que dirigirse para negociar.